Tres integrantes del espacio Revolución Federal, entre ellos su líder, Jonathan Ezequiel Morel, fueron detenidos hoy en el marco de la causa en la que se investigan las amenazas y los mensajes violentos difundidos en redes sociales por esa agrupación de ultraderecha.
En los procedimientos, realizados por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), fueron a buscar a Morel a su casa, en la localidad de Munro, pero fue detenido en la ciudad entrerriana de Paraná. En las últimas horas, en su estado de whatsapp publicó una foto con un ómnibus en la terminal de Retiro diciendo “chau”, según reportó una persona que lo tiene entre sus contactos.
Además de Morel, también fueron detenidos otros dos integrantes del espacio, Gastón Guerra, en la ciudad de Moreno, y Leonardo Sosa, en Villa Ballester.
Por otra parte, la misma fuerza de seguridad allanó este jueves las oficinas de los fideicomisos de “Caputo Hermanos”, de la familia del ex ministro de Finanzas del macrismo, Luis “Toto” Caputo, en el marco de la causa que investiga las amenazas y los mensajes violentos contra Cristina Kirchner difundidos en redes sociales.
Según la investigación judicial, el líder de Revolución Federal, Jonathan Morel, su ex pareja y su socia en la carpintería que tiene en Boulogne, recibieron entre diciembre de 2021 y agosto de este año transferencias por cerca de 8 millones de pesos de parte de dos fideicomisos de la empresa “Caputo Hermanos”.
Actualmente, los abogados de la vicepresidenta analizan la hipótesis de un posible vínculo entre Revolución Federal y el intento de magnicidio el 1 de septiembre, frente a su departamento en el barrio porteño de Recoleta, teniendo en cuenta los vínculos entre ambos grupos y la confluencia de sus objetivos y amenazas.
En tanto, la Policía busca a una cuarta persona para detener: se trata de Sabrina Basile, también miembro del grupo, e hija de Alfio ‘Coco’ Basile, ex director técnico de Boca, Racing y la Selección nacional.
Hoy se realizaron, en total, once allanamientos en el marco de esta causa, en la que se dispuso el secreto del sumario. Fuentes de la investigación dijeron que la única orden de detención no ejecutada hasta el momento era la de Basile.
Todo, en el marco de una causa de averiguación de delitos en la que interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 8, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi.
La vicepresidenta Cristina Kirchner fue aceptada el martes pasado como querellante en la causa en la que se investigan las amenazas y los mensajes violentos difundidos en redes sociales por el espacio conocido como Revolución Federal.
Los abogados de la vicepresidenta, Juan Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, pidieron tomar contacto con el expediente para poder conocer las pruebas, ya que no descartan que pueda surgir algún tipo de vinculación entre esa causa y aquella en la que se investiga el atentado fallido a la ex mandataria, y que está radicada en el juzgado de María Eugenia Capuchetti.
En su momento, el juez Martínez de Giorgi había resuelto que la causa radicada en su juzgado pasara al de su colega Capuchetti, pero la jueza lo rechazó porque consideraba que, de momento, no había elementos concretos que permitieran establecer una conexidad entre los dos expedientes.
A la hora de dirimir la divergencia entre los dos jueces, el presidente de la Cámara Federal porteña, Mariano Llorens, le dio la razón a Capuchetti, y determinó que los casos siguieran su trámite por separado.
En la causa en la que se investiga el accionar de Revolución Federal está la información que en su momento aportó la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a la Justicia federal, y que incluye audios intercambiados durante una transmisión en vivo realizada el 26 de agosto de 2022 por el grupo a través de la plataforma Twitter Space que fue convocada bajo el título “¿Hay que pudrirla?”.
En ese expediente se detectaron una serie de pagos millonarios a Morel, referente de Revolución Federal, y a dos socias suyas por parte de dos fideicomisos vinculados a la firma “Caputo Hermanos”, según trascendió la semana pasada de fuentes de la investigación.
Los pagos de la firma que estaría vinculada a familiares del ex ministro de Finanzas del Gobierno de Juntos por el Cambio Luis Caputo alcanzarían los 7 millones de pesos, y habrían sido realizados a Morel y a dos mujeres vinculadas a su carpintería.