El oficialismo de la Cámara de Diputados sorprendió al incorporar un artículo, en el proyecto de Presupuesto 2023, para que los jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial paguen el Impuesto a las Ganancias, con lo cual se estima que se podrán sumar unos $237.000 millones a las arcas públicas.
El planteo, presentado en la Comisión de Presupuesto fue presentado por el diputado Marcelo Casaretto, y tuvo el apoyo del resto de sus colegas, incluso de la oposición de Juntos por el Cambio.
El legislador enfatizó que, según se establece en el mensaje del presupuesto que envió el ministro de Economía Sergio Massa al Congreso, el Estado se privará de recaudar alrededor de 237 mil millones de pesos el año próximo en ese impuesto, por las exenciones que tiene el Poder Judicial.
Al respecto, recordó que “un obrero automotor paga Ganancias, el presidente y sus ministros, los legisladores también; los únicos que no pagan son los que están en la Justicia”.
“Este año, el Estado dejará de recaudar 129 mil millones de pesos porque los jueces no pagan ganancias; el año próximo esta suma será de 237 mil millones”, enfatizó el diputado entrerriano, quien señaló que en la actualidad solo pagan el impuesto a las ganancias aquellos funcionarios del Poder Judicial que asumieron a partir de 2017, y “solo por una parte de sus remuneraciones”.
“Lo que nosotros planteamos, con tantas necesidades que tiene la Argentina, es que quienes tienen la capacidad de tributar el impuesto, aquellos que cobran un millón, dos millones de pesos y no pagan impuesto a las ganancias, deben hacerlo. Que no me vengan con la independencia del Poder Judicial. Es un privilegio inaceptable a esta altura del partido. Debemos eliminarlo; es un tema de estricta justicia y esperamos que la oposición nos acompañe”, arengó Casaretto.
La propuesta del oficialismo recogió el apoyo de todas las bancadas, también de Juntos por el Cambio. De todas maneras, en la oposición reina cierto escepticismo sobre la aplicabilidad de la medida -si finalmente es aprobada- debido a las acordadas en contrario que ya dictó la Corte Suprema.
Casaretto enfatizó que “con tantas necesidades que tiene la Argentina, tenemos que ver quiénes son los que tienen capacidad contributiva. Si hay gente que gana 2 millones de pesos y no pagan Ganancias, tienen que empezar a pagar.
Esta modificación implica que todos los jueces, independientemente de cuándo hayan sido nombrados, tendrán que pagar el impuesto a las Ganancias, lo que podría representar un importante ahorro para el Estado (se calcula que la exención impositiva tiene un costo fiscal de 0,16 punto del PBI).
Pero como no podría ser de otra manera, la respuesta de la casta judicial fue poner el grito en el cielo ante la iniciativa planteada. Jueces y funcionarios del Poder judicial, acostumbrados a todo tipo de privilegios y a percibir haberes que en promedio representan 7 veces el costo de la canasta familiar, continúan negándose a pagar este impuesto.
Desde la Asociación de Magistrados, en las últimas horas ya empezaron a pedir entrevistas con los legisladores de distintas bancadas para explicar su postura contra esta decisión, aunque también barajan alternativas para dialogar.
“El malestar que generó es impresionante a todo nivel”, dijo una alta fuente de esa entidad, donde interpretan que la idea “es parte de las hostilidades del Gobierno con la Justicia”. De hecho, el sector firmó un comunicado en el que manifiestan su preocupación y afirman que se trata de “una maniobra del partido del gobierno para atacar la independencia judicial y presionar a los jueces”.
Por su parte, el líder de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN), Julio Piumato, también salió a cuestionar la posibilidad de que todos los funcionarios y empleados del Poder Judicial paguen el impuesto a las ganancias, al considerar que es un “saqueo” a los trabajadores.
En declaraciones radiales, sostuvo que “hoy tenemos un drama, y la única solución es meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores”, y que “es sorprendente que el peronismo vaya en contra de algunos trabajadores”.
Para Piumato, “ningún salario debería pagar Ganancias. Y en el caso de los judiciales, como tienen impedimento de cumplir otro trabajo, tendría que haber una excepción”.