La defensa de Cristina destrozó el “curro” de Capuchetti con D’Alessandro

Los abogados de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner insistieron con el pedido de recusación de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, argumentaron que la magistrada tiene “una filiación política o es tributaria de quienes impulsaron su pliego” para acceder a la Justicia y advirtieron que el Poder Judicial tiene magistrados “esclavos de decisiones políticas que se toman en otros lugares”.

Tras una nueva audiencia en Comodoro Py, los abogados José Ubeira y Marcos Aldazabal explicaron a Télam que parte de la recusación está apoyada en que Capuchetti “cobra un sueldo de una institución ejecutiva” vinculada con el exministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro, a cargo de la Policía de la Ciudad cuando fue cometido el intento de asesinato de la expresidenta.

Además, insistieron con que el expediente en manos de Capuchetti “avanzó en las líneas de lo más superficial, que es a lo único a lo que la jueza le prestó atención”.

“Creemos que hay jueces que son esclavos de decisiones políticas tomadas en otros lados”, afirmó Ubeira y, como ejemplo, mencionó el viaje compartido por funcionarios macristas, empresarios de medios, agentes de inteligencia y jueces a las tierras patagónicas del magnate inglés Joe Lewis, cercano al expresidente Mauricio Macri.

Evaluó que “no está mal que un juez tenga filiación política, pero es horrible pensar que un juez acciona, reacciona o deja de investigar frente a un hecho gravísimo desde el punto de vista institucional de un país (como el atentado a Cristina Fernández) en función de quien impulsó su pliego o de quién es tributario” y agregó: “Para eso no les pagamos a esta gente con nuestros impuestos”.

Incluso, para Ubeira la situación excede a “un hecho puntual de recusación de un juez”, sino que se trata “del momento de agonía más grande del Poder Judicial de la Argentina desde su conformación”.

Se preguntó ante la prensa “si esto lo hacen con Cristina Fernández, que es la líder más importante de la Argentina, imagínense qué nos puede pasar a nosotros si alguien encamina desde el poder nuestra suerte”.

“Los argumentos básicos de la recusación es que la jueza recibe un estipendio por prestar (servicios) supuestamente como investigadora del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño”, explicaron los abogados y advirtieron que el reglamento establece que los jueces “sólo pueden ser docentes”.

Además, entre algunas de las objeciones que los letrados hicieron al desempeño de Capuchetti mencionaron que “llama poderosamente la atención” que no se haya investigado “la previa del atentado”, período en el cual “la Policía de la Ciudad de Buenos Aires tuvo un papel por lo menos de omisión”.

A esto sumaron un oficio para que declare en este planteo un fiscal que en julio pasado no obtuvo respuesta cuando le pidió a D’Alessandro “que respondiera sobre las medidas de seguridad que iban a ser adoptadas en torno al Instituto Patria”, blanco de escraches y amenazas, al igual que el despacho en el Senado de la Vicepresidenta.

Los abogados argumentaron que Capuchetti podría haberse excusado de intervenir en el expediente, pero, en cambio, la “demora” que le imprimió a la causa provocó la “pérdida” de pruebas, como los teléfonos celulares de las asesoras del exfuncionario macrista Gerardo Millman.

“Venimos a una cantidad de audiencias a la Cámara por cuestiones de mero trámite y que no son apelables; no habría motivo si hubiera una investigación racional”, declaró Ubeira y contrastó el hecho de que, por ejemplo, en la causa abierta sobre Revolución Federal, en manos de Marcelo Martínez de Giorgi, desde la querella sólo se presentaron 2 escritos.

“No tenemos inconvenientes ni problemas personales con ninguno en particular el tema es que, si no vas a investigar, vamos a tener este problema”, expresó en alusión a Capuchetti.

Aldazabal reflexionó que “todas estas demoras en diferentes pedidos de prueba hacen que siempre terminemos en la superficie y que tengamos que recurrir a la Cámara o a la Cámara de Casación constantemente con cosas que deberían resolverse en 1 o 2 días”.

Audiencia. Los abogados Ubeira y Marcos Aldazabal plantearon esta nueva recusación ante el juez de la Cámara Federal porteña, Leopoldo Bruglia, en lo que fue la segunda audiencia del día en el marco de esta causa: antes había ocurrido otra en la cual se discutió el alcance de una medida dispuesta en la investigación.

“Ser investigador no es lo mismo que ser docente”, afirmó Ubeira para insistir en que la jueza llevó a cabo una actividad remunerada que no le estaría permitida; y luego profundizó: “La señora jueza no era investigadora, no era docente, tienen un curro que la habilita a recibir 75 mil pesos por mes. Recibe un estipendio de un organismo que tiene carácter ejecutivo”.

Antes de que interviniera Ubeira expuso del abogado Aldazabal, quien desarrolló la explicación vinculada a que el ISSP “no es una universidad” sino un “lugar de elaboración de políticas públicas”, por lo que sostuvo que no es una actividad habilitada para magistrados.

“Cuando se conoció esta circunstancia, el propio instituto sacó un comunicado en el que específicamente dice que Capuchetti se desempeña como docente hace 9 años y elaboró un trabajo de investigación. Sigue trabajando allí, la última designación es del 2 de enero, es decir cuando esta causa ya estaba tramitando. Eso no es una universidad, es lo que se conoce como una academia de policías, un centro de formación, es una violación inédita a la independencia de poderes”, sostuvo Aldazabal.

En la primera audiencia de la jornada ante la Sala I del tribunal de apelaciones -con el cuerpo integrado a pleno-, se debatieron los alcances de una medida de prueba dispuesta en el marco de la denominada “pista Milman”, que es aquella que investiga si efectivamente el diputado nacional de Juntos por el Cambio Gerardo Milman se refirió al atentado fallido antes de que ocurriera.

Esa pista se inauguró a partir de que un asesor de un diputado oficialista dijo haber escuchado, en un bar cercano al Congreso, una conversación de Milman con dos mujeres en la que se habría referido a un eventual ataque (posiblemente contra la Vicepresidenta) antes de que ocurriera.

En el marco de la investigación de esa pista fue que se produjo el quiebre en la relación entre la querella y la magistrada: fue cuando la jueza Capuchetti rechazó un planteo de los abogados de la Vicepresidenta que reclamaban que se secuestraran los teléfonos celulares de las asesoras de Milman que lo acompañaban en el bar Casablanca cuando, supuestamente, se refirió al ataque.

Esa medida de prueba fue finalmente ejecutada tras una intervención de la Cámara Federal porteña y lo que ahora se discute es el alcance temporal de la extracción de información de esos teléfonos: la querella pretende que se analicen los teléfonos desde el primero de julio y no solo del 30 de agosto, día en el que se supone que Milman dijo la frase.

“Si hubo conversaciones previas en ese lapso deberían aparecer; la jueza tiene la potestad de analizar el material antes de ponerlo a disposición de las partes, con lo cual se evita cualquier afectación al derecho constitucional”, sostuvo el abogado Aldazabal.

Antes de hacer ese pedido recordó que las asesoras de Milman, cuando declararon como testigos, primero negaron haberse reunido con el legislador el 30 de agosto en la confitería Casablanca, pero luego se desdijeron cuando les exhibieron las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona.

Ubeira, por su parte, sostuvo: “Donde tocamos a Milman salta pus por todos los costados. La jueza y el señor fiscal (Carlos Rívolo) están todavía muy pendientes de si el testigo que estaba en el bar era veraz o no. Y cuando rascamos la pintura, este Milman hace agua por los cuatro costados. Si ustedes quieren darle algún tipo de contexto a esta investigación, hay que ir a donde la investigación nos lleve, caiga quien caiga”.

Vínculo con el ISSP de CABA. Días atrás, Capuchetti rechazó la última recusación presentada por la querella en la que se puso en duda su imparcialidad, luego de que trascendiera que realiza labores académicas rentadas en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) de la ciudad de Buenos Aires.

Esta última recusación había sido presentada por la querella de Fernández de Kirchner el 9 de enero último y allí se le achacó a la magistrada una presunta “dependencia” del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño.

“Anoche se presentó recusación contra la jueza Capuchetti por su dependencia con el Ministerio de Seguridad de CABA, el mismo que cercó mi casa con vallas e hizo inteligencia en mi domicilio antes y después del atentado”, señaló ese día la exmandataria en sus redes sociales.

Los letrados de la Vicepresidenta indicaron al solicitar esta recusación que la jueza “Capuchetti, según comunicó el ISSP el 6 de enero, cobra un sueldo del organismo desde 2014. Esto consta, además, en documentos que salieron a la luz durante el viernes y el fin de semana”.

Fernández de Kirchner ya había formulado un pedido de recusación contra la magistrada el 14 de noviembre del año pasado, a partir de lo que consideró como “irregularidades y arbitrariedades” cometidos por la jueza “desde el primer día” de la investigación por el atentado ocurrido en su domicilio de Recoleta el 1 de septiembre de 2022.

En aquella primera recusación, rechazada en dos instancias y a estudio del juez Guillermo Yacobucci de la Cámara de Casación Penal, los abogados de la querella le cuestionaban a la jueza Capuchetti no haber profundizado distintas líneas de investigación, entre las que destacaban “la pista Milman”.

Esa pista se inauguró a partir de que un asesor de un diputado oficialista dijo haber escuchado, en un bar cercano al Congreso, una conversación del legislador nacional Gerardo Milman (Juntos por el Cambio) con dos mujeres en la que se habría referido a un eventual ataque (posiblemente contra la Vicepresidenta) antes de que ocurriera.

En el marco de la investigación de esa pista fue que se produjo el quiebre en la relación entre la querella y la magistrada: fue cuando la jueza Capuchetti rechazó un planteo de los abogados de la Vicepresidenta que reclamaban que se secuestraran los teléfonos celulares de las asesoras de Milman que lo acompañaban en el bar Casablanca cuando, supuestamente, se refirió al ataque.

Las asesoras de Milman, al declarar como testigos, primero rechazaron haber estado reunidas con él en el bar cercano al Congreso, pero luego se desdijeron al ver las imágenes de las cámaras de seguridad que las ubicaban allí; sin embargo siempre rechazaron que el legislador les hubiera pronunciado la frase “cuando la maten yo estoy camino a la costa”.

Por esta causa están detenidos y procesados los supuestos coautores de la tentativa de homicidio, Fernando André Sabag Montiel, quien gatilló una pistola cargada frente a la cara de la Vicepresidenta el 1 de septiembre último, y su supuesta pareja Brenda Uliarte, que lo acompañaba el día del hecho.
El martes, al ampliar su indagatoria, el también detenido y procesado como partícipe secundario Nicolás Carrizo, supuesto jefe de ambos en la venta callejera de copos de nieve, intentó despegarse de los hechos al señalar que cree que Sabag Montiel le apuntó a la cabeza a la Vicepresidenta para impresionar a Uliarte, que lo humillaba con referencias a su falta de hombría.
En el teléfono celular de Carrizo se encontraron decenas de mensajes en los que se atribuía participación en la elaboración del plan para matar a Fernández de Kirchner: al intentar justificar esos chats sostuvo que se trataban de “bromas” que buscaban generar la reacción de sus interlocutores, familiares y amigos.

Con información de Telam