ARA San Juan: la “justicia” estira las definiciones en la causa que involucra a Macri en el espionaje ilegal

La Cámara Federal de Casación Penal debe resolver la situación procesal del ex presidente Mauricio Macri en la causa por el espionaje a las familias de los 44 tripulantes del ARA San Juan, el submarino que se hundió en noviembre de 2017, pero el escándalo del viaje de un grupo de magistrados, un espía y directivos del Grupo Clarín a Lago Escondido, terminó de complicar las cosas.

Según revela hoy la periodista Luciana Bertoia en el diario Página/12, el juez que tiene la llave para destrabar el caso es Eduardo Riggi, uno de los integrantes de la vieja guardia conservadora de la Cámara que transita sus últimos días antes de cumplir los 75 años, cuando debería retirarse si no consigue el aval del Senado para continuar.

Mientras duró la búsqueda del submarino, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) –conducida entonces por Gustavo Arribas– espió a los familiares que querían saber qué había pasado con el buque de la Armada Argentina. A esa conclusión llegó el juez federal Martín Bava, que en diciembre de 2021 procesó a Macri, a los directivos de la AFI y a los agentes que, desde la base Mar del Plata de la ex SIDE, hicieron las tareas de seguimiento y vigilancia sobre las familias.

Esas actividades de inteligencia existieron, incluso lo reconoció la Cámara Federal porteña cuando revisó el procesamiento después de que le sacaran la causa a Bava y la llevaran hacia los tribunales amigos de Comodoro Py.

Pese a reconocer que las tareas se hicieron sin orden judicial, los camaristas Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia –todos llegados a la Cámara Federal porteña durante la administración Cambiemos– entendieron que no fueron delito porque la AFI estaba garantizando la seguridad interior y la seguridad del entonces presidente.

Después de ese fallo que puso a las familias que reclamaban al Estado saber qué había pasado con los suyos en calidad de agentes desestabilizadores, el tema llegó a la Cámara Federal de Casación Penal. A pesar de los pedidos de Macri para que la causa se resuelva rápido, el expediente avanzó de recusación en recusación.

La última se presentó contra el camarista Carlos Mahiques después de que se revelara que había viajado a Lago Escondido junto con uno de sus hijos, el fiscal general porteño Juan Bautista Mahiques, y los jueces Pablo Yadarola, Julián Ercolini, Pablo Cayssials y el ex SIDE Leonardo Bergroth, entre otros.

Como evidentemente sus colegas de la Sala II, Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma, no están de acuerdo sobre qué debe pasar con Mahiques, debió convocarse a otro juez para que incline la balanza. En este caso será Riggi –que está próximo a cumplir los 75 años y pidió acuerdo para continuar, pero, por ahora, no hay señales en el gobierno de que vaya a contar con el visto bueno para seguir–.

En las últimas horas, la abogada querellante Valeria Carreras hizo una presentación ante la Sala II de Casación para recordarles que ella y una madre de un submarinista habían denunciado a Mahiques por falsedad ideológica porque habría firmado fallos entre el 13 y 14 de octubre pasado, cuando estuvo de visita en la propiedad del magnate inglés Joe Lewis en Lago Escondido.

“En esta causa nadie quiere intervenir rápidamente y, a la vez, nadie se excusa”, le dice Carreras a Página/12. “Avizoramos, desde la querella, que la sentencia de impunidad está firmada y garantizada por la judicatura federal de Comodoro Py. A pesar de ello, seguiremos reclamando respuestas por parte de los intervinientes. Si hay justicia deben apartar a Mahiques, a quien hemos recusado y denunciado”, reclama.