Las y los Vicegobernadores de la República Argentina firmantes manifestamos nuestro más enérgico apoyo al proyecto de ley “Plan de Pago de Deuda Previsional”, que cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores/as de la Nación y que esperamos se trate en breve en la Cámara de Diputados/as de la Nación.
En nuestro país las moratorias previsionales existen como política pública y permitieron el acceso al derecho constitucional del beneficio de la seguridad social a más de tres millones de personas que habiendo alcanzado la edad jubilatoria, 60 años las mujeres y 65 años los varones, no contaban con los 30 años de servicios con aportes requeridos por la ley 24.241. Estas políticas implican el reconocimiento de las dificultades de las/los trabajadoras/es a la hora de reunir los servicios con aportes en el complejo mercado laboral y también la valoración del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado.
Estamos frente a un paradigma en el que se intenta poner en juego las capacidades estatales con críticas sistemáticas y a la vez carentes de soporte normativo al rol del Estado como administrador y dinamizador de la economía en tanto desconocen el rol fundamental que debe asumir – aquí y en y los países que honran la inclusión y la equidad distributiva- en el desarrollo económico y social. La pandemia puso de manifiesto la importancia de contar con instituciones sólidas, como la Anses, que aseguren el bienestar.
La existencia de una institución pública como la Administración Nacional de la Seguridad Social, a pesar de todos los intentos de subestimar y descalificar su rol ordenador de políticas justas y solidarias, fue capaz de resistir con eficiencia y resultados concretos el embate de políticas de ajuste y medidas de reducción del bienestar del neoliberalismo de los últimos años.
Según un informe emitido por CEPA (Centro de Economía Política Argentina), en la actualidad existen más de 1,5 millones de personas en edad jubilatoria que no cuentan con los 30 años de aportes que exige la ley, según
los datos publicados por el Boletín Estadístico de la Seguridad Social de ANSES. De ese número, 906.876 tiene aportes, pero no los suficientes para iniciar el trámite jubilatorio y 680.724 directamente no cuenta con aporte alguno para poder acceder a la prestación. Además, agrega el informe, la distribución de los casos resulta particularmente desigual en términos de género, y confirma una nueva brecha: 522.991 mujeres, es decir, 46,1% de quienes están próximas a cumplir la edad jubilatoria, y 157.733 hombres, 17,67% del total de casos varones. La desocupación e informalidad laboral persistente implican fundamentalmente que buena porción de trabajadores y trabajadoras no logran cumplir con el extremo legal de años de aportes cuando llegan a la edad jubilatoria. En ese escenario, las más afectadas son las mujeres, que históricamente presentan mayores tasas de desocupación e informalidad que los varones.
En este estado de situación, la posibilidad de regularizar aportes con la vigente Ley 24.476 queda limitada hasta la fecha de corte que establece la misma ley (30 de septiembre de 1993). Por su parte la ley 26.970, que perdió vigencia el 31 de diciembre de 2022, permitió ampliar el acceso al derecho previsional ya que establecía la posibilidad de regularizar la deuda previsional con fecha de corte hasta diciembre de 2003, habilitando así la posibilidad de regularizar mayor cantidad de años solamente para las mujeres ya que no permitía el acceso a los varones. Como puede observarse, a medida que pasa el tiempo, las dificultades de acceso también se incrementan.
Por tales motivos resulta imperioso apoyar el PROYECTO “PLAN DE PAGO DE DEUDA PREVISIONAL”.
Pensar este proyecto tal como lo relatan algunos sectores, hablar de “reconocimiento al esfuerzo”, “declaración de la deuda como amnistía”, o pensar que acompañando se generan “desincentivos” e incluso proponer derogar el valioso art. 125 de la ley 24.241 que establece el valioso haber mínimo garantizado, implica desconocer el carácter alimentario de la prestación y los principios de sustitutividad, proporcionalidad y solidaridad que rigen en materia previsional. Así quedan en evidencia los dos modelos en discusión. Por un lado, pensar un Estado inclusivo, del que todas/os formamos parte, que ampara, que incluye, que iguala y por el otro, pensarlo como un observador externo, y así dejar al sector más grande de la población a merced de la supuesta “voluntad contributiva” que, como sabemos, no existe como tal.
Acompañar el proyecto implica el respeto a lo establecido por la
CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES, que cuenta con jerarquía constitucional, que establece en su Artículo 17 que: “Toda persona mayor tiene derecho a la seguridad social que la proteja para llevar una vida digna. Los Estados Parte promoverán progresivamente, dentro de los recursos disponibles, que la persona mayor reciba un ingreso para una vida digna a través de los sistemas de seguridad social y otros mecanismos flexibles de protección social…”
La aprobación del proyecto de ley implica resolver la situación previsional AHORA, es dar respuesta a las miles de personas que están esperando poder jubilarse o pensionarse luego de toda una vida de trabajo. Es respetar nuestra Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, es poder entender el valor del reconocimiento de la tarea cumplida.
Los derechos se defienden y esta ley es el fiel reflejo de una necesidad que debe ser atendida por nuestro sistema previsional: si estamos convencidos que el destino de aquellos que han trabajado duramente toda su vida tiene que ser protegido por una herramienta sólida y perdurable no podemos caer en falsos y engañosos dilemas que confunden y distorsionan el noble sentido de este reconocimiento normativo.
Es por eso que desde nuestro lugar de vicegobernadoras y vicegobernadores acompañamos la ley.
Adhieren las vicegobernadoras y vicegobernadores de las provincias de Buenos Aires, Verónica Magario; de Catamarca, Rubén Dusso; de Chaco, Analía Rach Quiroga; de Chubut; Ricardo Sastre; de Entre Ríos, María Laura Stratta; de Formosa, Eber Solis; de Jujuy, Carlos Haquim; de La Pampa, Mariano Fernández; de La Rioja, Florencia López; de Neuquén, Marcos Koopmann; de Río Negro, Alejandro Palmieri; de Salta, Antonio Marocco; de San Juan, Roberto Gattoni; de San Luis, Eduardo Mones Ruiz; de Santa Cruz, Eugenio Quiroga; de Santa Fe, Alejandra Rodenas; de Santiago del Estero, Carlos Silva Neder; de Tierra del Fuego, Mónica Urquiza; y de Tucumán, Sergio Mansilla; y de Misiones, Carlos Arce.