Cristina Kirchner pidió que se investigue el rol de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires durante el intento de magnicidio del que fue objeto el pasado 1° de septiembre, en las puertas de su domicilio en el barrio porteño de Recoleta.
El reclamo de la vicepresidenta fue presentado en las últimas horas por sus abogados, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal.
En el documento que presentaron ante la Fiscalía, los representantes legales de CFK manifestaron: “Venimos a instar a que, luego de cinco meses de investigación, se dispongan medidas probatorias respecto de la posible responsabilidad penal de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Y agregaron: “Dado que recientemente el fiscal tomó medidas de prueba relativas a esta fuerza, venimos a proponer otras para que se dilucide cuál fue, efectivamente, la responsabilidad de esa fuerza”.
Por otro lado, los abogados señalaron que resulta “llamativo” que hasta el momento solo se ha investigado a la Policía Federal y a la custodia de la vicepresidenta, mientras que no ocurrió lo mismo en relación a “la fuerza con más presencia en el lugar donde se planeó y ejecutó el atentado”.
Y para que no quedaran dudas, remarcaron: “La Policía de la Ciudad era, además, la mayor responsable de garantizar la seguridad de la Vicepresidenta (a quien solo la salvó un milagro)”.
Entre los fundamentos para investigar a la responsabilidad de la Policía de la Ciudad, hicieron hincapié en que Cristina Kirchner fue “víctima de un hecho de violencia política en general y contra las mujeres, en particular”; aclaración que observan como importante debido a que sostienen que mientras la jueza María Eugenia Capuchetti estuvo a cargo, negó el carácter político y el carácter de víctima de la vicepresidenta. Es decir, que investiga al hecho y lo juzga como “un delito ordinario”.
Con respecto a los posibles efectos del intento de asesinato, los abogados señalan que quienes planificaron el magnicidio “no buscaron matar a CFK por un problema personal, sino por sus ideas”, por lo que es evidente que “buscaron eliminar a la vicepresidenta del debate público y, especialmente, de la posibilidad de participar en futuros procesos democráticos”.
Para evitar que se repitan hechos como este, subrayan la importancia de “investigar con profundidad” y plantearse que uno de los atentados más graves “no fue producto de un personaje marginal que pasaba por el lugar”.
Por esta razón, sostienen que la importancia de investigar tiene un doble fundamento: por un lado, “averiguar la verdad y hacer justicia”, y por el otro, “dar el mensaje de que tenemos una democracia consolidada, en la que si alguien atenta o planea un atentado contra representantes políticos será hecho responsable”.
En cuanto al rol de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, Ubeira y Aldlazábal sostienen que la jueza a cargo “emitió estudiar el accionar” de dicha fuerza, que tenía el control territorial del domicilio, tanto el día del atentado como en los previos. “Durante esas jornadas, con el barrio pomposo y sorpresivamente saturado de efectivos de la Policía de CABA, no solo ocurrieron hechos violentos nunca antes registrados, sino que, como se supo luego, ya se encontraban los autores materiales intentando concretar el acto homicida”, señalaron.
La falla en la investigación es “inexplicable en términos jurídicos” al ser la fuerza con jurisdicción en el domicilio de la vicepresidenta. “Sin embargo, todo cobra sentido cuando se pone el foco en quién estuvo a cargo, hasta hace muy poco, en dirigir la investigación”, en referencia al ministro de Justicia y Seguridad de CABA, Marcelo D’Alessandro, actualmente en uso de licencia por estar involucrado en hechos de corrupción.
“Ha salido a la luz que la jueza Capuchetti cobra un sueldo del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA”, añaden.
Por último, al resaltar que Capuchetti “tiene un cargo de investigadora senior (…), de apoyo a la conducción política” y “brinda asesoramiento al Ministerio de Justicia y Seguridad o a funcionarios afines”, señalan la necesidad de evaluar la “clara incompatibilidad de autoridades judiciales” participando de la formación de funcionarios públicos. Y concluyen: “En otras palabras, Capuchetti trabaja en el Poder Judicial y en el Poder Ejecutivo al mismo tiempo. La independencia de poderes, bien, gracias”.