La pérdida de recursos por parte del Estado derivado de la evasión y elusión fiscal de agroexportadores representó (tomando en cuenta apenas lo detectado por organismos de control) más de la mitad de lo que el Gobierno destinó en ayudas a pequeños productores afectados por la sequía, o tres veces lo que aportó al sector lácteo en financiamiento.
En otras palabras, 6 de cada 10 pesos que dispuso el Estado para el sector podrían haberse financiado por otros actores de la misma actividad. En total, el Fisco perdió en los últimos doce meses por maniobras de evasión y de triangulación detectadas el equivalente a $ 32.393,8 millones.
El periodista Cristian Carrillo, en El Destape, destaca que a estas cifras informadas por AFIP y Aduana en el último año, deberían sumarse las pérdidas en las arcas públicas por la planificación nociva de grandes cerealeras y el contrabando que sí logró sortear las pesquisas oficiales. En este marco, las entidades agropecuarias que integran la Mesa de Enlace exigen la eliminación de retenciones y mayores subsidios al sector.
Paralelamente, el Estado dispuso a través del Banco Nación una línea de tasas subsidiadas por 50.000 millones de pesos para pequeños productores.
En resumen, el pedido de este nucleamiento de lobby agropecuarios es sobre la eliminación de retenciones y mayores subsidios al sector, una contradicción habitual entre el deseo “desfinanciar al Estado y pedir créditos del Estado”. A esto se suma la pérdida para las arcas públicas producto de la evasión del sector.
En tanto, la Aduana intimó a cuatro grandes cerealeras por maniobras de triangulación para pagar menos retenciones en las exportaciones de derivados de soja importada de Paraguay. A través de ese mecanismo, las firmas estadounidenses Cargill y Bunge, la francesa Louis-Dreyfus y la china COFCO acumularon una deuda desde 2020 de 50 millones de dólares, según informaron desde la AFIP.
En pesos, a un tipo de cambio promedio entre el oficial y precios alternativos -un número que se aproxima a lo recibido por el sector en el marco del programa de “dólar sojero” y las alternativas de inmovilización y acceso al mercado financiero para cambiar las divisas-, la evasión alcanza entre 15.000 y 17.500 millones de pesos.
Estas empresas son las que presionan por una eliminación de las retenciones con el acopio de sus granos en silo-bolsas y luego, cuando se les otorgó una medida de impacto similar (como el dólar sojero) acaparan el beneficio.
Las ventas al exterior de poroto, harina y subproductos de soja mediante el esquema de incentivo exportador alcanzaron a las 13,3 millones de toneladas, el volumen más alto para un mes al menos desde 2010. Las diez gigantes del campo se quedaron con el 91 por ciento del dólar-soja, equivalente a 12,1 millones de dólares.
Si bien hubo una mejora en el precio para los productores, más atomizados, el grueso del negocio exportador se mantuvo bajo el monopolio de las mismas firmas de siempre. Cargill se quedó con 1,8 millones de toneladas; Bunge, con 1,3 millones; LDC Dreyfus, con 1,3 millones y COFCO, con 970 mil toneladas.
Con la sequía y la venta anticipada de granos como resultado de las dos etapas de incentivo de un dólar para el sector por encima del oficial, los ingresos derivados de la liquidación de exportaciones del sector agropecuario registraron una fuerte caída en enero. En febrero se espera una pérdida aún mayor en los derechos del comercio exterior.
Esta semana, la AFIP, a través de la Dirección General Impositiva (DGI), incautó 62 toneladas de maíz, 30 toneladas de soja y 28 toneladas de maíz partido, con un valor de mercado que ronda los 6,8 millones de toneladas, por diferentes controles de ruta llevados a cabo en puestos ubicados en los accesos al Puente General Manuel Belgrano y Sáenz Peña en la provincia de Chaco y las localidades de El Colorado y Tatane, en Formosa. El total interdictado equivale a la carga de cuatro camiones.
La evasión detectada, apenas una muestra de lo que puede ser la pérdida real de ingresos en las arcas públicas, asciende a unos 32.393,8 millones de pesos.
En tanto, los voceros de la Mesa de Enlace agropecuaria exigen la eliminación de retenciones y, en simultáneo, ayudas financieras para pequeños productores. Si no se mejora la recaudación, los desembolsos deberían provenir de una emisión extra, algo que el establishment también rechaza, en línea con acuerdo con el Fondo Monetario. No obstante, el Estado desplegó distintos canales de ayuda al sector agropecuario frente a las distintas complejidades que enfrentan.