La Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia del Congreso de la Nación fue lapidario con la Gestapo antisindical que funcionó durante la gestión de María Eugenia Vidal y, que se materializó en un video en las oficinas del Banco Provincia, donde el ministro de Trabajo Marcelo Villegas pedía una “Gestapo” para terminar con los sindicalistas.
El dictamen de la mayoría que firmaron los diputados Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés, señala que entre los años 2016 y 2019, la actuación de la AFI fue “intromisiva y avasallante de derechos y garantías consagrados en el plexo normativo nacional”. Afirma que la actividad sindical investigada no amenazaba la seguridad interior ni la defensa nacional, ni podía calificarse como “delitos federales complejos”, y sólo afectaba intereses empresariales privados, por lo que no correspondía la intervención de la AFI. El hallazgo del video de la reunión en la sede del Banco Provincia revela la participación de la jerarquía político-partidaria. La intervención de altos directivos políticos de la AFI desmiente la idea de una “inteligencia ilegal y cuentapropista” o “anárquica”, contra los sindicalistas Pata Medina, Hugo y Pablo Moyano.
El dictamen constata que la conducción partidaria de la AFI macrista se sirvió “de una agencia de inteligencia civil con actividad encubierta de reunión y de análisis, para otros intereses, desviándola de su misión exclusiva que es la preservación de la seguridad interior, el orden constitucional y la defensa nacional” y la convirtió en forma ilícita “en ariete de una inteligencia policial secreta con fines exclusivamente partidarios e incluso sectoriales privados, desviándola de su marco legal, doctrinario y operacional”. La conducción de “Arribas y Majdalani convirtió a la AFI en un organismo de inteligencia policial político-partidario, a imagen y semejanza de la Geheime Staat Polizei: la Gestapo del Tercer Reich. Voluntaria o involuntariamente, el ex funcionario Villegas hizo la caracterización más certera de una época negra de la historia constitucional argentina desde la restauración de la democracia”.
Por su parte, el dictamen de minoría firmado por el radical Miguel Bazze –si se despierta Raúl Alfonsín sentiría vergüenza ajena- sostiene que no hay pruebas de violaciones de la ley de Inteligencia Nacional por parte de Macri, de la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, de funcionarios de su administración, ni del ex Director General de la AFI Gustavo Arribas y la ex Subdirectora Silvia Majdalani. Agrega que quienes asistieron a la reunión en el Banco Provincia el 15 de junio de 2017 deben explicarlo ante los jueces, que son quienes deben investigar las denuncias y que de los videos surge la recomendación a los empresarios de recurrir a la Justicia para radicar las denuncias correspondientes, para que el tema fuera tratado por el Poder Judicial.
No olvidar. “Creeme que, si yo pudiera tener, y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte… si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría”. La frase, que en Alemania provocaría al menos un juicio y seguramente una condena a la cárcel, fue pronunciada por Marcelo Villegas, quien fue ministro de Trabajo bonaerense durante la gobernación de María Eugenia Vidal.
El textual puede escucharse en un video que fue presentado por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), y que es parte de una denuncia que ese organismo presentará contra funcionarios de Vidal.
El exabrupto de Marcelo Villegas se produjo durante una reunión con funcionarios provinciales y del que se desprende el armado de causas contra dirigentes gremiales del territorio bonaerense.
Las declaraciones las pronunció el 15 de junio de 2017 durante una reunión en una sucursal del Banco Provincia en Capital Federal, frente a empresarios de la construcción y acompañado del ex ministro de Infraestructura provincial, Roberto Gigante; de Adrián Grassi, ex subsecretario de Justicia de la provincia de Buenos Aires; de Juan Pablo Allan, senador provincial y del intendente de La Plata, Julio Garro.
En ese encuentro, los funcionarios garantizaban a los empresarios que tenían una estrategia coordinada con el Poder Judicial y avalada por “Nación y Provincia” para impulsar una investigación en la que se logre el enjuiciamiento de diversas personas vinculadas a la práctica sindical centralizada en la actividad de la construcción.
La información fue hallada por la AFI en videos grabados durante el encuentro, y forma parte de una denuncia presentada por la interventora del organismo, Cristina Caamaño, ante la justicia federal de La Plata, para que el juez realice una investigación por presunta comisión de un grave delito de acción pública.
En la reunión, de la que además participaron Marcelo Jaworski, director general de Copetro; Fabián Cusini, constructor y organizador inmobiliario, presidente de Agrineco; Fernando Sacrachi, Director de ACIP; Guillermo Moretto, Presidente del Colegio de Arquitectos de La Plata, tres personas que no pudieron ser identificadas y otras tres solo mencionadas con el nombre de pila, el entonces ministro de Trabajo bonaerense también explicó que el plan no era solo ir contra los sindicatos, sino también contra los trabajadores públicos.
Que dijo el juez Kreplak. Luego de una amplia investigación, el juez federal procesó al exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas, al intendente de La Plata, Julio Garro, a otros exfuncionarios del anterior Gobierno provincial de María Eugenia Vidal y a exdirectivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en la causa en la que se investiga la denuncia de una “mesa judicial bonaerense” que habría coordinado acciones ilegales para perseguir al sindicalista de la construcción Juan Pablo “Pata” Medina.
El juez pidió profundizar la investigación a las “autoridades nacionales” que dieron las ordenes -sin nombrarlos apunta a la ex gobernadora María Eugenia Vidal, al ex presidente Mauricio Macri, a autoridades judiciales y a las máximas autoridades de la AFI-.
Los procesados son el exministro Villegas; el intendente Garro; el exsubsecretario de Justicia bonaerense Adrián Grassi; el senador provincial de Cambiemos Juan Pablo Allan y los exdirectivos de la AFI Juan Sebastián Destéfano (Asuntos Jurídicos), Diego Dalamu Pereyra (Contrainteligencia) y Dario Biorci (exjefe de Gabinete de la subdirección de la AFI). A todos los procesados el juez les trabó embargos por 10 millones de pesos, mientras que en la misma resolución dispuso la falta de mérito para el exministro de Planificación bonaerense Roberto Gigante y para los empresarios que participaron de la reunión del Bapro.
Kreplak hizo un repaso de las constancias de la investigación adicionales al video: la agenda de Villegas donde constaban una serie de reuniones con personas idénticas a las que participaron de la reunión del Bapro; el cruce de llamados coincidente con la corroboración de la hipótesis delictiva; las tareas de inteligencia “de campo” llevadas a cabo por espías sobre Medina y su entorno; y el acceso a bases de datos para la elaboración de informes de espionaje. Por eso, lo más relevante respecto a la proyección del fallo es que debe profundizarse la pesquisa sobre las autoridades políticas nacionales (dentro de la órbita de Macri), provinciales (Vidal) y de la AFI (con el dúo Arribas-Majdalani más comprometido). “Se advierte que la decisión de avanzar con la estrategia de judicialización desplegada podría haber sido tomada o bien autorizada en los niveles superiores de los gobiernos nacional y provincial y que, asimismo, podrían encontrarse involucrados otros miembros de esos gabinetes de gobierno que no han sido hasta ahora mencionados”, señaló Kreplak. Un dato. De las comunicaciones surgen contactos de Villegas y de De Stéfano hacia el juez federal de Quilmes Luis Armella, que tenía la causa principal contra Medina. Más temprano,
“Se advirtió que durante el desarrollo de la reunión, no sólo se instó a los empresarios presentes a que formularan denuncias, y se los instruyó respecto de cómo y dónde debían hacerlas, con la garantía de haber ´chequeado´ con funcionarios judiciales que ´eso va a funcionar´, como se desprende de las transcripciones que contiene la denuncia inicial, sino que se planteó una estrategia que implicaba un ´accionar múltiple´ para avanzar hacia el objetivo de involucrar en procesos penales”, señaló uno de los párrafos centrales con la confirmación de la maniobra delictiva. “No existió autorización o requerimiento judicial para la realización de esas tareas ni para la intervención de la AFI en ningún aspecto de la investigación”, concluyó.
El juez cuenta con lujo de detalle cómo se organizó la reunión en la sede porteña y el rol de las autoridades del banco, los agentes de la AFI y el rol del intendente Julio Garro. De los extractos de las conversaciones, dice el juez, se desprenden dos menciones de especial interés: una, el rol de Garro como a quien debían invocar quienes llegaran y como quién comunicó al Banco que un día después del 15 no se iba a usar el salón. Otro, el rol de Soledad Borsani, responsable de la Coordinación General Unidad Gobernador. Ella aparece como quien se había encargado de transmitir la reserva del salón. Para Kreplak, Garro “quien recordemos, había concurrido el día 13 de junio en la AFI, estuvo de algún modo involucrado en la organización del evento”. Y la presencia de uno y de otra, dice, muestran, una vez más, la “intervención de los distintos estamentos gubernamentales” con la estrategia de judicialización.
Por último, afirma: “Ha sido corroborado por otros medios, un elevado nivel de coordinación entre autoridades jerárquicas de los poderes ejecutivos nacional, provincial -de Buenos Aires- y municipal -de La Plata-, que incluyó también a un Senador provincial de Buenos Aires, probablemente en su doble rol de miembro del Consejo de la Magistratura provincial”, señaló. Y remarcó: “Esta coordinación supondría en sí misma la existencia de órdenes o autorizaciones incluso a niveles superiores de esas instancias de gobierno, porque no es razonable ni acorde a la experiencia suponer que esa cantidad y nivel de funcionarios acordaran y desarrollaran una estrategia común sin contar con el aval de sus superiores”.
Finalmente, a fines del año pasado, por la fuerte presión de Macri y Vidal, la causa paso a Comodoro Py. La Cámara Federal porteña resolvió que la causa en la que se investiga a la denominada “Gestapo antisindical” bonaerense pase a tramitarse en los tribunales federales de Comodoro Py, junto con la que tiene bajo análisis el espionaje ilegal realizado por agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el Gobierno de Mauricio Macri.
La decisión fue adoptada por los jueces de la Sala II del tribunal de apelaciones, que sostuvieron que hay cuestiones de “conexidad” que fundamentarían que ambos expedientes tramiten juntos en el juzgado a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, tal como había reclamado la defensa de uno de los investigados.
Con información de Info135 y El Cohete a la Luna