En una nueva y burda embestida de la justicia afín al macrismo, todos los caminos parecen conducir inexorablemente al cierre de una causa que investiga el pago millonario para Alejandro Vanderbroele, el testigo clave para lograr la condena contra el ex vicepresidente Amado Boudou en el caso Ciccone.
La singular historia arrancó allá por febrero de 2020, cuando la fiscal Paloma Ochoa encontró pagos por más de $ 4,5 millones del gobierno de Mauricio Macri a Vandenbroele, todo por fuera de lo que prevé la ley de Protección de Testigos bajo la cual quisieron amparar esos desembolsos.
Pero está claro que en los despachos de Comodoro Py decidieron que el caso no tenía que investigarse: primero el juez Julián Ercolini (que instruyó la causa Vialidad contra Cristina Kirchner y viajó a Lago Escondido invitado por el Grupo Clarín) sobreseyó al ex ministro de Justicia Germán Garavano y al propio Vandenbroele, sin siquiera citarlos a indagatoria. Y ahora esa decisión la confirmaron Mariano Llorens, que se reunía con Macri en Olivos y jugaba el fútbol en Los Abrojos, y Leopoldo Bruglia, puesto a dedo por el ex presidente.
En un detallado informe, el periodista Ari Lijalad recuerda hoy en El Destape que Boudou fue condenado por el caso Ciccone a 5 años y 10 meses de prisión, condena en la que los propios jueces Néstor Costabel, Pablo Bertuzzi y María Gabriela López Iníguez aseguraron que las palabras de Vandenbroele fueron las que lograron amalgamar todos los elementos que tenían dispersos y colocar al ex ministro de Economía en el centro de una supuesta escena criminal. Todo fue tan evidente, que la Corte Suprema confirmó la condena sin justificar su decisión, aplicó el artículo 280 y cerró el caso en un párrafo.
Este es un caso clave, ya que muestra cómo el gobierno de Macri utilizó fondos públicos para direccionar el testimonio de Vandenbroele y lograr así la condena contra Boudou.
Los documentos revelan, por ejemplo, que tras el testimonio de Vandenbroele le pagaron $ 1.500.000 para que armara el proyecto La Masía, un hotel boutique en Chacras de Coria, Mendoza. En la foja 515 del legajo de Vandenbroele consta el documento con fecha del 24 de agosto de 2018 donde se pide ese dinero y dejan constancia de las razones del pago: “Cabe destacar que el día 07 de agosto pasado fueron condenados a prisión con cumplimiento efectivo por más de 5 años el Ex Vicepresidente de la República Argentina el Sr. Amado Boudou”. En otras palabras, el pago a Vandenbroele era por sus servicios para lograr la condena contra Boudou, pero sin embargo en los tribunales de Comodoro Py no quieren investigar.
Que el armado de este negocio fue pagado con dinero que le dio el gobierno de Macri consta en el legajo de Vandenbroele como testigo protegido. El programa de Protección de Testigos, que funcionaba bajo la órbita del ministro de Justicia Garavano, fue utilizado para presionar, direccionar y, como se revela en este caso, premiar a arrepentidos que cumplieran su tarea: apuntar a ex funcionarios K. En este caso, a Boudou. El programa era administrado por Francisco Lagos, quien también gozó de la confirmación de su sobreseimiento.
El caso primero estuvo en manos del juez Marceo Martínez de Giorgi, que subrogaba el juzgado número 11 tras el fallecimiento de Claudio Bonadio. El juez Martínez de Giorgi delegó la investigación en la fiscala Paloma Ochoa, que encontró pagos a Vandenbroele por más de $ 4,5 millones y un sinnúmero de irregularidades, por lo que pidió las indagatorias de Garavano, Lagos y el propio Vandenbroele.
Entre muchas irregularidades, la fiscala Ochoa destacó que:
– Mantuvieron a Vandenbroele 2 años y 3 meses en el Programa de Protección de Testigos cuando la ley permitía 6 meses
– Le dieron grandes sumas de dinero, incluidos los fondos para el hotel boutique, luego de que se cumplieran los 6 meses que prevé la ley.
– Invirtieron en Vandenbroele $ 4.478.559, suma récord entre los testigos protegidos.
– No lo excluyeron del programa pese a reiterados incumplimientos como una reunión secreta y manejar ebrio con su hija.
Para Ochoa, los ex funcionarios Garavano y Lagos “destinaron importantes sumas de dinero -por cuya debida aplicación debían velar en razón de su cargo- a una excesiva e injustificada asistencia económica brindada en favor de Alejandro Paul Vandenbroele, que redundó en un claro desmedro patrimonial de las arcas del Estado”.
La fiscal tuvo por acreditado que “bajo el pretexto de ser una medida especial de protección, se le brindó al nombrado (Vandenbroele) asistencia económica por un período mayor a los seis meses previstos en la normativa”, y “destinándose importantes sumas de dinero sin la debida justificación”.
Es evidente que Vandenbroele tuvo un trato preferencial. La razón es también evidente: condenar a Boudou.
Boudou pidió ser querellante en esta causa apenas comenzó, luego de que se conociera que el macrismo le puso un hotel boutique a Vandenbroele. El juez Martínez de Giorgi aceptó el pedido, pero luego los acusados insistieron en quitarle al ex vicepresidente esa condición que le permitía acceder al expediente e impulsarlo.
La excusa para apartar a a Boudou como querellante fue que la investigación dejó de indagar acerca de si los pagos a Vandenbroele fueron para perjudicar a Boudou, sino que se centró en si se le otorgó dinero de más y en un espacio temporal que excediera lo que marca la ley.
Apartar a Boudou de su rol como querellante fue una jugada clave para lo que sigue, ya que la causa no tiene querellantes. Ahora dependerá de la fiscalía ante la Cámara Federal de Comodoro Py, que está vacante y la ocupa mientras tanto José Agüero Iturbe. Si no apela, se cierra definitivamente el caso.