El juez de la Corte Suprema, Juan Carlos Maqueda, no se presentó este jueves ante la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, y en un abierto desafío a los legisladores que impulsan el juzgamiento de los miembros del tribunal, tampoco presentó su descargo por escrito frente a la acusación por mal desempeño.
En la apertura de la reunión, la titular de la comisión, Carolina Gaillard, informó que Maqueda no concurriría, y que tampoco presentaría su informe por escrito, tras ser convocado por el oficialismo que lo notificó de 14 cargos que se le formulan “provisionalmente” por las presuntas irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN).
En este contexto, Gaillard indicó que “la no presentación del informe de Maqueda no obsta a que continúe el procedimiento”. “Vamos a proceder la acusación correspondiente por mal desempeño contra Maqueda por la obra social”, completó.
En la resolución, los diputados consideraron que los cargos contra el magistrado por el período en que él administró la obra social, entre abril de 2008 y octubre de 2021, están fundados a partir de la evidencia testimonial y documental que se fue acumulando desde que se inició el proceso a la Corte Suprema en febrero pasado.
Mientras que Maqueda considera que no le corresponden los cargos que el oficialismo le endilga, dado que él no cumplía funciones como supervisor durante el período en que se detectaron las irregularidades, el bloque del Frente de Todos justifica su responsabilidad en un mail que el propio juez envió a sus pares del tribunal el 30 de agosto de 2021, en el que anunció su retiro como fiscalizador de la obra social.
Según esos testimonios, Maqueda está acusado por “consentir, por omisión, en el cumplimiento de funciones bajo su dominio, pérdidas y daños a la integridad física y al derecho a la salud de los afiliados y sus familias, así como perjuicios económicos irreparables a la Obra Social del Poder Judicial”.
En tanto, Gaillard anunció que se creará una subcomisión dentro de la Comisión de Juicio Político, presidida por la diputada nacional y miembro del Consejo de la Magistratura, Vanesa Siley, que estará integrada por cinco miembros: tres por el oficialismo y dos por la oposición, y que se encargará de investigar las administraciones de Héctor Marchi, ex administrador general del máximo tribunal hasta fines de abril, y Mariano Althabe, titular del directorio de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN), en la Corte Suprema de Justicia.
Al mismo tiempo, la comisión también arrancó con la causa que investiga a los cuatro cortesanos (Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Maqueda y Carlos Rosenkrantz) por aceptar la cautelar promovida por el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires en reclamo de la coparticipación.
El oficialismo basa esta acusación con la acordada de la Corte de diciembre del año pasado cuando ordenó al Gobierno nacional que le transfiera al Gobierno de la ciudad de Buenos Aires el 2.95 % de la masa de impuestos coparticipables.
En una resolución firmada por los cuatro jueces, se ordenó que “durante la tramitación del proceso el Estado Nacional entregue a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 2,95 % de la masa de fondos definida en el artículo 2° de la ley 23.548 de Coparticipación Federal”.
La resolución dispuso que el envío de dinero empiece a abonarse desde la publicación de la misma y en forma “diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina”. Sin embargo, la Corte no definió sobre la cuestión de fondo que refiere sobre todo a los montos que dejó de percibir la Ciudad desde que se dispuso el recorte en 2020.
Ante los reiterados reclamos de la oposición por el incumplimiento del Gobierno de la resolución del máximo tribunal, el subprocurador del Tesoro de la Nación, Horacio Diez, segundo de Carlos Zannini, defendió la decisión de la administración del presidente Alberto Fernández.
Al presentarse nuevamente ante la comisión, Diez negó que exista una falta de cumplimiento del Gobierno nacional y apuntó que “no hubo ninguna actividad útil” del máximo tribunal para resolver el reclamo del Gobierno porteño.
En este sentido, indicó que el Estado nacional hizo una recusación el 27 de diciembre y el 1 de febrero, ya como parte del proceso de juicio político que se desarrolla en Diputados. “Lo cierto es que la Corte como está recusada no puede resolver, la única forma procesal es que integre una Corte ad hoc que resuelva sobre las recusaciones del Estado nacional”, completó el subprocurador.