A un año del intento de asesinato de Cristina Kirchner, la justicia poco y nada hizo por llegar a la verdad

Mañana se cumplirá un año de un hecho gravísimo como lo fue el intento de asesinato de Cristina Kirchner. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido, la justicia poco y nada hizo, salvo detener a quien esa noche gatilló el arma a pocos centímetros de la vicepresidenta, y dos de sus cómplices. Y mientras todo se encamina hacia un juicio oral, se desestimó investigar la más que evidente conexión política detrás del ataque, además del financiamiento de la operación, por lo que está claro que la intencionalidad es mostrar –con la complicidad imprescindible de los medios hegemónicos- que se trató de un episodio planificado y llevado a cabo por unos “loquitos sueltos”.

Por el atentado, la Justicia envió a juicio oral a Fernando Sabag Montiel, acusado de ser quien apuntó a su cara con una pistola que no llegó a detonar, su novia, Brenda Uliarte, como presunta coautora del delito de homicidio, y Nicolás Carrizo, de cuyo teléfono móvil supuestamente salieron varias comunicaciones vinculadas al atentado, y que es considerado partícipe secundario.

Marcos Aldazabal, uno de los abogados que representan a a Cristina Kirchner, cuestionó que, a medida que fueron apareciendo pruebas, la jueza María Eugenia Capuchetti (a cargo de la causa) se mostró “totalmente reticente a avanzar”.

“Lamentablemente, al año de la investigación corroboramos una vez más el funcionamiento disfuncional que tiene la justicia federal, lo poco capacitada que está para investigar, pero también las intencionalidades políticas atrás de todo lo que hace”, dijo el letrado en declaraciones radiales.

“Cuando se inició esta causa, por la gravedad que tiene para todos, para el sistema democrático, que quieran matar no solo a la vicepresidenta, sino a una figura de esa relevancia política, pensamos que quizás acá la actitud iba a ser un poco distinto, y que la jueza y el fiscal interviniente iban a investigar como correspondía, o al menos hacer todo lo posible para investigar como correspondía, pero no fue así”, señaló.

Sin embargo, explicó que, a un año del hecho, la Justicia no avanzó lo suficiente. “Pasado un año lo que sabemos lo consideramos por impulso nuestro, de la querella, que insistimos en no quedarnos en lo que sabemos desde los primeros días, que son Brenda Uliarte, (Fernando) Sabag Montiel y (Nicolás) Carrizo, las tres personas que están imputadas por ahora”, explicó Aldazabal.

En tanto, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, al cerrar hoy el III Congreso Estado Presente “Violencia política y de género: desafíos de la democracia”, se refirió al intento de asesinato de CFK, cuando la vicepresidenta llegaba a su domicilio en el barrio porteño de Recoleta, en el marco de una manifestación a su favor por la situación judicial por el caso ‘Vialidad’.

El mandatario sostuvo que el hecho “además de ser violencia política es y fue un hecho de violencia de género”, y aseguró que “el carácter de mujer de Cristina irrita a la derecha”.

Kicillof también acusó al “partido judicial” por “encubrir” y no investigar el intento de asesinato, y señaló a la oposición: “Hay Indicios, pruebas, elementos, para comprender cuál es todo el mecanismo por detrás del intento de asesinato de Cristina, sobran, y si le quita cualquier emocionalidad a esto se observa que los grupos implicados vinieron financiados directamente por fuerzas políticas de nuestra oposición”, acusó el gobernador.

Por otra parte, la agrupación política La Cámpora emitirá este jueves por redes sociales un documental sobre el fallido magnicidio, denominado ‘La bala que no salió y el fallo que sí saldrá”, que remite al título de un editorial publicado por el diario Clarín en septiembre del año pasado.

Bajo el hastag #UnAñoDeImpunidad, La Cámpora y varios miembros de la organización anunciaron en sus cuentas de Twitter que hoy a las 20, en el canal de YouTube de esa organización política, se emitirá, por primera vez, dicho documental.

La causa por el intento de asesinato de Cristina Kirchner avanza en dirección al juicio oral y público de los supuestos autores materiales, mientras que la querella de la ex mandataria reclama que se profundicen las medidas de pruebas vinculadas a la detección de posibles conexiones políticas o autorías intelectuales, hasta aquí descartadas por los investigadores.

El tramo central del expediente, ya elevado a juicio, se encuentra en manos del Tribunal Oral Federal (TOF) 6 que en los próximos días correrá vista a las partes -fiscalía, querella y defensas- para que ofrezcan prueba de cara al debate oral que aún no tiene fecha.

El TOF 6 no tiene jueces titulares y está integrado, de momento, por los subrogantes Sabrina Namer, Daniel Obligado e Ignacio Fornari, mientras que la fiscal del debate oral y público será Gabriel Baigún y la querella será la de la exmandataria, representada por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal.