Denuncian emergencia pericial en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires

Un grupo de profesionales del poder judicial de la provincia de Buenos Aires cuestionaron muy duramente a la Suprema Corte de Justicia bonaerense por el abandono de los profesionales de las áreas de psicología, trabajo social y medicina, (a los que se suman arquitectos, informáticos, fotógrafos, criminalistas, etc) por no ser considerados en su tarea, a diferencia de los fiscales y jueces.

En un trabajo llamado Las cenicientas de la Justicia, las licenciadas Erica Velásquez Burgos, Andrea Homene y Susana Cuadro publicaron el siguiente texto:

“Una de las áreas en las que los profesionales de la psicología, trabajo social y medicina, (a los que se suman arquitectos, informáticos, fotógrafos, criminalistas, etc.) nos desempeñamos, es la del trabajo pericial en el Poder Judicial.
Habitualmente, quienes no forman parte de los equipos periciales, suelen idealizar este espacio de trabajo, fantaseando con grandes salarios y comodidades que lejos están de ajustarse a la realidad de nuestra tarea.

A fin de desmitificar estas creencias, y de hacer saber a los colegas y a la población en general, de las condiciones en las que se llevan a cabo estas tareas, las y los peritos del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, hemos declarado desde hace un año el estado de Emergencia.

Para ingresar a desempeñar tareas en el Poder Judicial, es requisito contar con al menos cinco años de matriculados. Los salarios al ingreso, se encuentran apenas por encima de la canasta básica. A diferencia de lo que ocurre con los profesionales de la abogacía, no se nos reconoce salarialmente las limitaciones que sí se nos exige en el desempeño de la actividad privada, el llamado “bloqueo de título”.

Las condiciones en las que trabajamos resultan altamente exigentes, tanto en volumen de trabajo, como en la complejidad creciente de las problemáticas que abordamos, en un contexto social en el que, frente a las carencias y necesidades de la población, se incrementa día a día la litigiosidad.

Los procesos por violencia familiar y de género, las violencias sexuales contra las niñeces, las vulneraciones de derechos en las infancias, las problemáticas de consumo y de los jóvenes y adultos con conductas disvaliosas, los abordajes sobre las capacidades jurídicas, las evaluaciones sobre escenas delictivas, las autopsias, los ciberdelitos, entre otros, requieren la intervención de los peritos, quienes somos los encargados de elaborar los informes, evaluando los riesgos existentes, a fin de aportar a los magistrados los elementos necesarios para dictar sus sentencias. Aún cuando, en muchos casos, estos informes tienen un carácter “no vinculante” (el magistrado no está obligado a proceder conforme a las recomendaciones emanadas de ellos), son requeridos y resultan fundamentales, ya que aportan la única mirada no jurídica en los procesos judiciales y dan cuenta de la subjetividad de las personas.

El mencionado aumento de la litigiosidad que viene ocurriendo desde hace años no se ha visto acompañado por la ampliación de los equipos periciales, lo que va en detrimento del servicio de justicia para las víctimas, para aquellos que se encuentran privados de su libertad y para la población que requeire de la intervención. Los tiempos se alargan, y como se suele decir, si la justicia tarda años en llegar, no es justicia, ya que el daño padecido se prolonga y perpetúa por años.

En este contexto, los profesionales nos vemos expuestos a padecer diversas patologías, relacionadas con la tarea desempeñada y el impacto del trauma vicario o desgaste por

empatía (escucha reiteradas de situaciones traumáticas o de violencias que nos afectan de manera directa).
Mientras los colegas que trabajan en los sistemas públicos de salud gozan del merecido reconocimiento por el trabajo de riesgo, quienes día a día nos enfrentamos al dolor de las víctimas y a la problemática recurrente de las pésimas condiciones de detención en el cumplimiento de la pena de los victimarios, debemos transitar nuestro recorrido sin mayor acompañamiento que la de los propios compañeros.

Las políticas públicas post pandemia, no han logrado dar una respuesta acabada a la crisis social, institucional, económica y de salud mental que se ha agudizado. Asimismo, ha aumentado la violencia social en general, tornando sumamente riesgosa la intervención en territorio de los profesionales.

Otro aspecto a señalar, es que los peritos somos quienes debemos expedirnos respecto a los beneficios que podrían otorgarse a los condenados por delitos graves. Libertades condicionales, arrestos domiciliarios u otras medidas alternativas, exigen al perito que recomiende o desaconseje tales instancias en el marco de lo que se llama la ejecución penal, siendo a menudo responsabilizados por los medios de comunicación y la opinión pública frente a las conductas reincidentes de los que pudieron ser puestos en libertad por los magistrados intervinientes. De igual manera ocurre cuando se habla de protección frente a las violencias.

Todo esto constituye un escenario en el que los peritos somos “el hilo más delgado del poder judicial” y los primeros en ser señalados frente a los fracasos o fallas de un sistema que en sí mismo resulta deficitario. Desde los distintos espacios de inclusión, entre ellos la comisión de peritos, surgen los múltiples interrogantes acerca de cómo continuar sosteniendo las tareas en tan adverso contexto.
Otro aspecto a destacar, es la escasez de recursos en el ámbito de salud, encontrándonos constantemente con una enorme dificultad: la carencia de espacios con quienes articular las intervenciones con niños, adolescentes y adultos que requieren de atención psicológica o médica urgente.
Así, nuestra tarea, se encolumna en las llamadas por Freud tareas imposibles, y frente a las cuales la frustración y la impotencia que nos atraviesa a la hora de brindar contención, acompañamiento y espacios de tratamiento a quienes se encuentran en estado de vulnerabilidad y sufrimiento extremo, nos termina produciendo el tan conocido burn out, que ocasiona renuncias, enfermedades y hasta el fallecimiento prematuro de muchos de nuestros colegas.
Cenicientas de la Justicia, las y los peritos no nos resignamos a seguir esperando la llegada del príncipe que nos rescate de nuestros padeceres. Porque los justiciables, aquellos que acuden a la justicia en busca de respuestas y de un poco de paz en sus vidas, no tienen porqué pagar con su espera y su dolor las deficiencias de una institución que ni siquiera puede cuidar a quienes la sostienen”.