Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, el ex asesor y principal operador judicial en las sombras de Mauricio Macri, sufrió un nuevo revés en la Justicia de Uruguay y, luego de casi tres años prófugo en el vecino país, ahora sí finalmente quedó en las puertas de la extradición hacia la Argentina.
El ex funcionario es investigado en nuestro país por extorsión a los dueños del Grupo Indalo (C5N y Radio 10), y podría ser extraditado en los próximos días luego de que la Suprema Corte de Justicia de Uruguay rechazara un recurso presentado por su defensa,
El máximo tribunal uruguayo rechazó el recurso de inconstitucionalidad que interpuso, que había suspendido un segundo proceso que estudiaba la situación de Rodríguez Simón. A partir de la reciente sentencia, del jueves 19, continuará la causa que resolverá si debe tramitarse el pedido de extradición emitido por la Justicia argentina.
En mayo de 2021, la jueza federal María Servini declaró rebelde y pidió la captura de Rodríguez Simón y una semana después el ex asesor se puso a disposición de la justicia uruguaya, y solicitó refugio ante la Comisión de Refugiados. “Pepín” informó entonces que era víctima de una persecución política en su país, y aseguró que tenía temor de volver por el riesgo de ser “privado indebidamente” de su libertad.
La Suprema Corte de Uruguay ya había rechazado otro pedido de Rodríguez Simón. En mayo de este año, negó un recurso de casación que su abogado defensor, Jorge Díaz, había presentado a un fallo de un Tribunal de Apelaciones. Ese órgano ratificó la decisión de la jueza uruguaya Adriana Chamsarián, quien había rechazado el pedido de asilo del dirigente macrista.
“Se considera que quedó plenamente acreditado que el promotor no se encuentra en una situación de desprotección que merite reconocerle la calidad de refugiado, al no resultar fundados sus temores y apreciarse que los requerimientos judiciales de la República Argentina recaen sobre su persona, no resultan arbitrarios ni ilegítimos, por el contrario se relacionan con la actividad de la función judicial competente de un Estado soberano y democrático”, estableció el fallo del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1° Turno.
Tras el rechazo de la magistrada uruguaya, Rodríguez Simón consideró que la jueza no tuvo en cuenta sus “fundados temores” de ser un perseguido. De acuerdo a su defensa, el temor está fundamentado en el cierre de fronteras que se dispuso sobre él y la “campaña mediática de importantes dirigentes políticos” en su contra, como el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner, además de ministros, senadores y diputados “vinculados a los denunciantes”.
En su pedido de extradición, la jueza Servini consideró que los hechos que se investigaban eran de “grave trascendencia institucional”, dado que fueron denunciados por funcionarios públicos que involucraban a diversos organismos e incluso al entonces presidente.
Aduciendo que era representante de Mauricio Macri, Rodríguez Simón había participado de reuniones con Cristóbal López y sus socios Federico de Achával y Ricardo Benedicto, en las que –según Servini– expresaba las pretensiones económicas que tenía el gobierno. En caso que no fueran acatadas, les decía, eso tendría consecuencias negativas “tanto para sus empresas como para ellos”.
La jueza había solicitado indagar al ex asesor luego de que se conociera una serie de entrecruzamientos de sus llamadas durante tres años y medio. Fueron en total 10.738 los contactos que aparecieron con un grupo de “interlocutores comunes y frecuentes”.
Como Rodríguez Simón no se presentó a la indagatoria, la jueza Servini ordenó su captura y pidió el congelamiento de sus cuentas bancarias y una inhibición de sus bienes.
Además de sus diálogos con otros funcionarios del gobierno, figuraban 59 contactos con el presidente de la Corte Suprema argentina Carlos Rosenkrantz, a quien él propuso para llegar al máximo tribunal vía decreto, y con quien mantenía una amistad previa.