La Cámara Federal porteña volvió al ataque, y ordenó revocar el sobreseimiento de Cristina Kirchner en la causa por supuesto lavado de activos en la que fue condenado el empresario Lázaro Báez, conocida como la “Ruta del dinero K”, una de las causas emblemáticas en la persecución a la vicepresidenta.
Este martes, en una votación dividida, la sala II del Tribunal de Apelaciones hizo lugar a un planteo de la ONG macrista “Bases Republicanas”, que pidió reabrir la investigación y en agosto fue aceptada como querellante en la causa (es decir, como damnificada y acusadora), por lo que revocó el sobreseimiento de la ex mandataria, que había firmado el juez Sebastián Casanello, a pedido del fiscal del caso Guillermo Marijuán, y con el aval de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de la Unidad de Información Financiera (UIF), por entender que no existen pruebas en su contra.
“Sin acusación no hay proceso penal posible”, advirtió el juez en aquella oportunidad, que fundó su decisión en el pedido de sobreseimiento de CFK presentado por el fiscal del caso, Guillermo Marijuan, al que adhirieron los dos organismos estatales que intervinieron como querellantes en este expediente: la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Con esta decisión, la causa en la que se investigaron maniobras de lavado de dinero cometidas por Lazaro Báez a través de su grupo empresario, vuelve a Casanello, a quien la Cámara recomendó analizar las pruebas que expuso el fiscal Diego Luciani en el juicio Vialidad, estudiar el caso de Hotesur-Los Sauces e incorporar las declaraciones de ex funcionarios arrepentidos en el expediente Cuadernos.
Como no podría ser de otra manera, la reapertura de la investigación contó con el voto positivo de los jueces ultramacristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, quienes hicieron lugar al reclamo de la asociación civil “Bases Republicanas”. Los magistrados no aceptaron declarar la nulidad del dictamen del fiscal Marijuan el 24 de mayo pasado, como pretendía la ONG, pero sí dispusieron que el juez hiciera lugar al planteo del nuevo querellante como acusador.
Eduardo Farah, en cambio, votó en minoría para rechazar el planteo de la ONG: “No habiendo acusación fiscal y no siendo la ONG ‘Bases’ una parte habilitada legal y constitucionalmente para querellar penalmente en la causa (conf. lo dicho por mí en la resolución previa registrada en CFP 3017/13/330/CA90, del 17 de agosto pasado), debe estarse al sobreseimiento dictado en primera instancia”, dijo.
El juez Casanello, quien sobreseyó a la vicepresidenta, había rechazado tener como querellante a Bases Republicanas, una ONG conformada por ex funcionarios macristas, entre ellos Jimena de la Torre, integrante del Consejo de la Magistratura por el estamento de los abogados, y ex número dos de la AFIP durante la gestión de Cambiemos.
Sin embargo, la Asociación apeló y en agosto logró que se le adjudique ese rol de parte en la causa: la Cámara Federal porteña aceptó el recurso de queja de la Asociación, declaró “mal denegado” el rechazo de la apelación, y la concedió.
No es un dato menor que “Bases Republicanas” es una asociación formada por dirigentes del PRO que buscan interceder en los juicios contra la vicepresidenta
La actual “presidente” de la asociación, según figura en la página web, es Valeria Viola, quien fuera directora Nacional de Coordinación Institucional y jefa de Gabinete de la Secretaria de Provincias y Municipios del Ministerio del Interior durante el gobierno de Mauricio Macri.
El vicepresidente primero es Pablo Noceti, jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich e involucrado en el operativo represivo en la Patagonia, en el que desapareció y luego fue encontrado sin vida Santiago Maldonado.
El Consejo Directivo de la asociación también está integrado por ex funcionarios macristas. Entre ellos, Pablo Clusellas, el ex secretario Legal y Técnico de la Nación, quien también había acompañado a Macri en su gestión en la Ciudad con el mismo cargo.
El consejo también lo integra Juan Curuchet, quien fuera presidente Banco de la Provincia de Buenos Aires (Bapro) durante la gestión de María Eugenia Vidal y también vicepresidente Banco Ciudad de Buenos Aires de la mano de la gestión macrista.
Otra integrante del Consejo Directivo de la asociación que busca reabrir la causa de la “Ruta del dinero K” es Inés Liendo, quien fue precandidata a gobernadora del PRO en Salta con el respaldo de Macri, aunque no llegó a las generales.
Entre los fundadores de la asociación también está presente el ex senador y asesor de campaña de Bullrich, Federico Pinedo.