En un fallo insólito, la Cámara Federal porteña repuso este jueves al fiscal Carlos Stornelli en la causa que investiga el espionaje ilegal a jueces y fiscales. Según el fallo, el juez Martín Irurzun anuló la decisión que había tomado su par Marcelo Martínez De Giorgi el martes pasado en el expediente que tiene preso a Ariel Zanchetta, un ex policía detenido en la causa que fue señalado como un agente inorgánico de inteligencia.
De esta manera, Stornelli, el mismo que esquivó durante ocho meses un llamado a indagatoria en 2019 escudado en sus fueros, se saló con la suya y así logra ser querellante en una causa por un interés personal, convirtiéndose así en el representante del Ministerio Público Fiscal en ese mismo expediente.
El martes último, el juez Martínez De Giorgi resolvió apartar a Stornelli, al sostener que el escrito en donde pedía ser querellante “resulta incompatible con la función de titular de la acción penal recientemente asignada a la Fiscalía a su cargo, contradicción que podría implicar una afectación al principio de imparcialidad en su actuación”.
Ese fallo fue apelado por Stornelli, que lo calificó de “inédito” y “una determinación totalmente invasiva de la autonomía del Ministerio Público Fiscal, traducida en el apartamiento, de manera oficiosa, de su representante en esta causa, sin apoyatura, desde ya, en el ordenamiento procesal vigente ni en otra norma que lo ampare”.
“El fallo que vengo a recurrir es de una gravedad institucional inusitada y extrema”, criticó y lo calificó de “inédito” y “atropello”. La insistencia del fiscal para intervenir a pesar del conflicto evidente en el que está inmerso, revela la importancia política del expediente.
Para la Cámara Federal, el fallo de Martínez De Giorgi “se apoyó en fundamentos aparentes y carece de sustento normativo; es, por ende, nulo”. Irurzun, de manera unipersonal, repasó los términos de la decisión del juez, y la apelación planteada por Stornelli.
Todo se enmarca en la megacausa abierta para investigar el espionaje que sufrieron jueces de la Corte Suprema y de Comodoro Py 2002, con hackeos y creación de líneas telefónicas. El caso era investigado por el fiscal Gerardo Pollicita, que avanzó sobre el ex policía Ariel Zanchetta, pieza clave en este entramado y que, además de jueces, espiaba a políticos, periodistas y dirigentes sociales.
Al ver el escándalo del megaespionaje, Rafecas le mandó la causa a Martínez De Giorgi. Pollicita se opuso, pero el juez anexó los dos expedientes. Pollicita se terminó excusando. Frente a esta situación, el fiscal de Cámara Federal, José Luis Aguero Iturbe, dejó al frente del expediente a Stornelli.
Justamente, el nombre de Stornelli aparecía entre los documentos que guardaba Zanchetta en sus computadoras. También aparecía el de Martínez De Giorgi. Como otras personas, el fiscal se presentó en el expediente para ver de qué se trataba y evaluar ser víctima.