A un día de una masiva movilización piquetera, presentaron el primer recurso de amparo contra el nuevo protocolo anunciado por la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich, en el que desde el Gobierno anunciaron que van a hacer tareas de Inteligencia sobre los manifestantes para hacerle frente al “desorden en la vía pública” y, como sanción, quitar los planes sociales a quienes decidan protestar en las calles.
La presentación la realizó el abogado Daniel Valmaggia, quien al cuestionar el nuevo “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación”, pidió que se dicte como medida cautelar la inmediata suspensión del mismo, atento a las movilizaciones que se esperan para el próximo 20 de diciembre en Plaza de Mayo y en todo el país.
El letrado señaló que “la finalidad es criminalizar las protestas y acallar las voces de quienes piensan diferente”, y aseguró que tiene coincidencias con medidas llevadas adelante durante la dictadura con el fin de llevar adelante un control operacional y la represión.
En el documento, el abogado consideró que la medida “restringe, vulnera y en los hechos impide el legítimo Derecho y la Garantía Constitucional de reunión a fin de manifestarse públicamente en forma pacífica; la de transitar y permanecer libremente por todo el territorio Nacional y de expresar las ideas sociales, económicas y políticas sin ningún tipo de censura ni amenaza de represión y/o encarcelamiento”.
Asimismo, explicó que la iniciativa anunciada por Patricia Bullrich “violenta garantías consagradas en la Constitución Nacional y Pactos Internacionales sobre derechos humanos”, y “se mete en el federalismo, porque dice que pueden meterse en otras jurisdicciones”.
El documento planteó que el protocolo anunciado por la ministra de Seguridad “violenta expresamente lo que establece el art. 99:3 párrafo segundo y tercero de la Constitución Nacional” y le da mayor jerarquía al derecho de la libre circulación (existiendo calles alternativas para trasladarse), que al derecho de reunión y protesta”.
Asimismo, apuntó que “la resolución Bullrich” no tiene sustento alguno en el art. 194, ya que “la libertad y la igualdad son los pilares fundamentales de una democracia, contenidas en nuestra Constitución y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos con rango constitucional” y destacó que “no existe dolo alguno” para considerar que los manifestantes están cometiendo un delito al cortar las calles.
“Los ciudadanos que se ven obligados a manifestarse en reclamo de su imposibilidad de alimentarse, de tener acceso a jubilaciones y/o sueldos dignos, y/o a una vivienda propia y/o digna; que no pueden pagar el alquiler, siendo expulsados por la aplicación de políticas de este gobierno que los arrojan diariamente y los mantienen bajo la línea de pobreza e indigencia”, indicó el letrado.
En este sentido, marcó que desde la cartera de Seguridad buscan “pulverizar” los principios fundamentales de los Derechos Humanos, “dejando de lado los principios de libertad, igualdad; a la no discriminación, de peticionara las autoridades, de la dignidad humana, colocando al ciudadano que ve demorado su viaje, por sobre aquellos que directamente reclaman por no poder acceder a los derechos básicos y personalísimos de alimentarse, vestirse, acceso a la vivienda, trabajo, salarios dignos”.
Valmaggia consideró que el “Protocolo Bullrich” se trata una declaración del estado de Sitio por parte del Poder Ejecutivo ejercido por Javier Milei y lo comparó con las medidas llevadas a cabo durante al dictadura militar iniciada en 1976: “Dicho control operacional y la represión de toda protesta callejera y toda reunión pacífica de ciudadanos por cualquier medio, promoviendo incluso el seguimiento, espionaje y encarcelamiento de ciudadanos que se manifiesten y de opositores y dirigentes políticos, es similar al que se hacía en la dictadura militar”.
En el documento, el letrado destacó que si bien no se discute la legitimidad del presidente Milei en “tomar medidas económicas por tener supuestamente el respaldo de la mayoría que obtuvo en el balotage que lo llevó a la presidencia”, el otro 46% que no lo votó “tienen derecho a manifestar su disconformidad ya sea de manera privada individual y/o colectiva”.
“Es el propio Estado el que tiene la obligación de atender a los más carenciados, de integrarlos socialmente, de que puedan vivir dignamente y que estén en un pie de igualdad con toda la sociedad y no criminalizarlos como hace la resolución ‘Bullrich'”, advirtió Valmaggia.