En medio de la escalada de violencia en Rosario, el gobierno de Javier Milei busca avanzar en una reforma legal para habilitar a las Fuerzas Armadas a intervenir en cuestiones de seguridad interior, algo que han tenido expresamente prohibido desde el regreso de la democracia en 1983.
“Estamos evaluando enviar una nueva ley de Seguridad interior que permita que las Fuerzas Armadas puedan tomar algunas acciones adicionales”, confirmó Javier Milei en una entrevista con el canal Crónica.
Según relató el presidente, la cuestión se abordó en la reunión de gabinete de ayer, cuando el ministro de Defensa, Luis Petri, habría ido con una propuesta en esa dirección. Pero, de acuerdo con la versión de Milei, él prefirió no tomar una “decisión final” porque faltaba la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien se había quedado en Rosario, mientras hablaba de “narcoterrorismo” y montaba una vez más su habitual puesta en escena hollywoodense.
Según señala hoy el diario Página/12, es claro que no hay rispidez entre quienes dirigen Defensa y Seguridad, teniendo en cuenta que Bullrich negoció el desembarco de Petri –quien la había secundado en la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio– en Defensa. Ella misma impulsa hace tiempo el involucramiento de los militares en la lucha contra el narcotráfico. Se inscribe dentro de la doctrina de las nuevas amenazas, promovida por los Estados Unidos después de que la doctrina de la seguridad nacional –que nutrió ideológicamente a las dictaduras en la región– cayó en desuso.
Un día después de que el gobierno nacional activara la implementación de un comité de crisis, el gobernador Maximiliano Pullaro salió a respaldar la iniciativa –por ahora difusa– de Milei. “No nos tenemos que quedar en debates ideológicos. Tenemos que ser muy prácticos para resolver un problema muy grave que estamos teniendo en este momento en la ciudad de Rosario”, dijo.
Y agregó: “Que venga el Ejército, que vengan las fuerzas federales, que venga el acompañamiento de las fuerzas tácticas de otros gobiernos provinciales para que los rosarinos podamos tener un poco de paz”. Y consideró que las Fuerzas Armadas, con el entrenamiento necesario, podrían sumarse a las tareas que hacen las fuerzas de seguridad en Rosario.
Hay que recordar que, durante la campaña, Milei había delegado la cuestión de la seguridad en Victoria Villarruel. La actual vicepresidenta conoce en detalle el mundo militar y Rosario. Allí, su padre era socio gerente de la agencia de seguridad Safety Argentina SRL.
Incluso, hace algo más de un año discutió públicamente con Bullrich sobre implicar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior. En las últimas horas, volvió a circular un hilo de tuits que había publicado en febrero de 2023, en el que daba sus razones para mantener a los militares al margen: básicamente dice que no están facultados para combatir contra civiles y que terminarán rindiendo cuenta ante los tribunales no militares.
“Ningún uniformado en su sano juicio debería combatir a narcos (que para el Derecho son civiles) cuando el antecedente de los 70 tiene a viejos camaradas presos en cárceles comunes bajo las acusaciones de terroristas impunes”, alertó entonces Villarruel, de reconocida militancia en organizaciones que reivindican lo actuado por los militares durante los años del terrorismo de Estado.
Durante los primeros años de la democracia, se forjó un consenso: mantener a los militares lejos de la seguridad interior y de las tareas de inteligencia. Con el paso del tiempo, se fueron aprobando leyes que dieron cuenta de esos acuerdos: en 1988 se sancionó la ley de Defensa Nacional (23554); en 1991, la de Seguridad Interior (24059) y en 2001, la ley de Inteligencia (25520) –que fue reformada en 2015. En 2006, la entonces ministra de Defensa, Nilda Garré, promovió el decreto 727 que establecía que las Fuerzas Armadas únicamente serían empleadas ante agresiones externas estatales.
En las últimas semanas había circulado la versión de que el gobierno podría, a tiro de decreto, dejar atrás la doctrina Garré. Sin embargo, esa idea no pareció cuajar dentro de los propios militares. “Con eso no alcanza, los militares no quieren saber nada”, comentó una fuente.
Mientras, a raíz de la escalada de violencia narco en Rosario, los gobernadores y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) mostraron su apoyo hacia la provincia de Santa Fe, mediante un comunicado firmado por la totalidad de los mismos.
”El narcotráfico es un problema federal, no porque no corresponda a una jurisdicción provincial sino porque es un problema de todos”, declararon, al tiempo que “la gravedad y complejidad de lo que sucede requiere decisiones a la altura de lo que está en juego, que es la disputa por parte de nuestra soberanía: deciden el Estado y la sociedad o deciden las mafias”.