A pesar de que la nueva discusión del proyecto de la “Ley de bases bis” está a la vuelta de la esquina, y en medio de una tensión con los gobernadores que no decae, el Gobierno todavía no tiene garantizados los votos para su aprobación.
La tirantez de la Casa Rosada con las provincias por el recorte de las transferencias directas y fondos automáticos para educación, transporte y jubilaciones, pone en duda el destino del paquete fiscal, clave para el proyecto económico de Javier Milei, así como para exponer solidez política ante los mercados y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La fecha que la Casa Rosada definió para iniciar el tratamiento de la ley ómnibus retocada, por ahora es a mediados de abril. Con reuniones con gobernadores y legisladores de diferentes espacios, el oficialismo fue preparando el terreno durante estas últimas semanas para iniciar su tratamiento “con los acuerdos cerrados” y evitar un nuevo fracaso parlamentario.
De todas maneras, las marchas y contramarchas de la administración libertaria erosionan las tratativas y complican los consensos. En las últimas horas, durante una entrevista con la CNN en Español, Javier Milei recordó el fracaso de la Ley Ómnibus en el Congreso y aseguró que los gobernadores “no querían jugar limpio”. Durante una entrevista con CNN, Milei cargó nuevamente contra los mandatarios provinciales. “Fue un error hablar con los gobernadores de manera transparente y honesta”, lanzó.
En tanto, el ministro del Interior, Guillermo Francos, se encargó de intentar recomponer los puentes que se rompieron tras el fallido paso de la primera Ley Ómnibus por Diputados. Hilvanó, acompañado por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, reuniones con los tres bloques dialoguistas en el Congreso: la UCR, Pro y Hacemos Coalición Federal.
En tanto, diez gobernadores serán recibidos en la Casa Rosada el próximo jueves. Será justamente en el marco de un clima enrarecido, producto de los contrapuntos en torno a la decisión del Gobierno de cortar los giros que la Anses le realiza a 13 cajas de jubilaciones provinciales no transferidas.
Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Gustavo Valdés (Corrientes), referentes de esta liga de mandatarios, ya habían reclamado el retraso en los pagos, y advirtieron una vez más sobre la posibilidad de ir a la Justicia.
Si bien Francos trató de bajarle el tono a la discusión y precisó que “las partidas están” pero que “se reasignaron”, la puja entre la Nación y las provincias condiciona la discusión del paquete fiscal de la nueva “Ley de bases”. La reimposición de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias así como la reforma previsional son dos temas espinosos que todavía no tienen los voluntades aseguradas. Se da a la par de la pretensión de algunos gobernadores de coparticipar una porción del impuesto al cheque, algo que la Casa Rosada se niega a conceder.
Mientras, la reforma laboral, incluida en el DNU 70/2023 y suspendida por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, podría ser incorporada por el Poder Ejecutivo en la nueva iniciativa. Fue una petición de los bloques “amigos” al Gobierno, que ven en la presentación de “leyes espejo” la posibilidad de salvar del megadecreto las medidas que ellos consideran más válidas.
La resistencia al megadecreto de desregulación de Milei, impulsada por el kirchnerismo, el peronismo disidente y algunos los gobernadores patagónicos desde el Senado, encontró un freno en Diputados. Sin los votos para su rechazo definitivo, tanto la izquierda como Unión por la Patria no evalúan por ahora pedir una sesión especial para llevar su discusión al recinto, aunque sí buscarán descontar la veintena de voluntades que le faltan para voltear la medida.
La UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal cuestionan la constitucionalidad de la herramienta del Gobierno. No obstante, evitarán por ahora sumarse a la ofensiva de rechazo del kirchnerismo y oponerse a un presidente que todavía cuenta con altos índices de aprobación. Utilizarán su posición intermedia como una prenda de negociación tanto con la Casa Rosada como con la oposición intransigente.
En el borrador de la nueva “Ley Bases”, el Ejecutivo contempla una reducción de las emergencias por las que busca tener poderes especiales: de las once facultades delegadas reclamadas originalmente, pretende ahora cuatro autorizaciones del Congreso. Pero un núcleo duro de alrededor de 119 diputados renuentes a otorgarle estas prerrogativas a la Casa Rosada está a solo a diez voluntades de frenar las aspiraciones del presidente en el recinto.
A Unión por la Patria, la izquierda, la Coalición Cívica, los socialistas y los cinco díscolos de la UCR podrían acompañarlos un puñado de radicales cercanos al presidente del partido, Martín Lousteau, que está en una guerra declarada contra Milei y su tropa. La misma actitud podrían adoptar los dos diputados cercanos al gobernador santacruceño, Claudio Vidal, que mantiene una silenciosa batalla con la Casa Rosada por los 1.800 despidos en las represas Néstor Kirchner y Jorge Cépernic, paralizadas por falta de financiamiento.