Tres meses después de lo que fue la estrepitosa derrota de la llamada Ley Ómnibus en el Senado, y obligado a no repetir un nuevo fracaso, al Gobierno no le quedó otra alternativa que empezar a mostrar, al menos, una actitud mínimamente abierta al diálogo con la oposición.
Este cambio posibilitó avances en el pulido fino de la nueva versión de la Ley de Bases y de las reformas fiscales, y si bien oficialistas y opositores acercaron posiciones, siguen existiendo puntos conflictivos que abren un signo de interrogación sobre la discusión en particular de algunos artículos.
Está claro que la administración de Javier Milei no tiene margen político para un nuevo fracaso –aunque diga lo contrario, está forzado a dar muestras de gobernabilidad- y la oposición dialoguista, presionada por la imagen positiva que increíblemente todavía sigue teniendo el presidente, anticipó que le dará las herramientas legislativas que necesita, aunque pugnará por incorporar más cambios a demanda de su electorado.
Mientras, la reciente fractura del bloque del oficialismo en la Cámara de Diputados blanqueó la interna que ya se venía registrando desde el 10 de diciembre, lo que atrasó el tratamiento del nuevo proyecto de Ley Ómnibus, que todavía no ingresó al Congreso.
La disputa dentro de La Libertad Avanza (LLA) está condicionada por la relación con el PRO, como aliado estratégico de una dependencia legislativa estructural, y una pelea silenciosa, pero muy aguda, en torno al liderazgo, en las sombras, de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, como respaldo del presidente de la Cámara Baja, Martín Menem.
Con la fractura del bloque se abren interrogantes en otros temas delicados para el oficialismo. En el horizonte no sólo está la Ley Ómnibus. El DNU 70/23 sigue vigente, pero fue rechazado por el Senado. El expediente está en Diputados y por ahora no están los votos para llevarlo al recinto y rechazarlo. El oficialismo descansa sobre esa desventaja opositora, pero el cálculo se fragilizó con el portazo del ahora ex jefe de la bancada libertaria, Oscar Zago.
Cerca de aliados esquivos, como el bloque Hacemos Coalición Federal, que conduce Miguel Pichetto, deslizan que después de la Ley Ómnibus y de la definición del Pacto de Mayo, que se firmaría en Córdoba dentro de 40 días, estarían dispuestos a discutir el decreto en el recinto.
Justamente, el legislador rionegrino aseguró en las últimas horas que la nueva versión de la Ley Ómnibus “tiene más chances de ser aprobada” en la Cámara Baja, pero indicó que la restitución del Impuesto a las Ganancias “sigue siendo un problema en medio de la licuación de sueldos”.
En diálogo con radio Mitre, el diputado comparó la versión original de la Ley Bases con el nuevo trabajo legislativo, articulado y encabezado por el ministro del Interior, Guillermo Francos; el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; y el jefe de Economía, Luis Caputo, para llegar a un consenso con los bloques de la oposición dialoguista.
“No se acaba el mundo con esta ley ni se solucionan todos los problemas de los argentinos. Es una caja de herramientas para que el Presidente ponga en marcha un conjunto de temas”, completó.
En cuanto a la flexibilidad o no que mostrarán unos y otros en la negociación de la letra chica, quedará reflejada cuando oficialistas y opositores arranquen el debate esta semana en el plenario de comisiones en la Cámara de Diputados.
Hay que tener en cuenta que los bloques de La Libertad Avanza y Pro no tienen mayoría para imponer los textos sin modificaciones, lo que explica los acercamientos de la Casa Rosada con algunos gobernadores peronistas del Norte para quebrar el bloque de Unión por la Patria y sumar votos a su redil, sobre todo en el Senado, el reducto más hostil.
En este marco, la UCR presentó un proyecto de reforma laboral que restringe el derecho a huelga y elimina las indemnizaciones. El objetivo es que el Gobierno lo incorpore a la nueva versión reducida de la fracasada Ley Bases. Se busca convertir en ley un texto plasmado casi en espejo al capítulo laboral del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 de Milei, que suspendió la Justicia del Trabajo.
La propuesta que recibió el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, prevé beneficios para los sectores empresarios como la reducción de la carga fiscal sobre el empleo y la simplificación del registro laboral, el tiempo que carga sobre las conquistas de los trabajadores: extender el periodo de prueba por seis meses sin derechos a indemnización, eliminar el actual sistema de indemnizaciones y reemplazarlo por un fondo de desempleo, eliminar los aportes sindicales con los que se sustentan los gremios, y declarar “servicio esencial” a la Educación.