Con el apoyo de la oposición dialoguista y cómplice, el Gobierno de Javier Milei tiene motivos para festejar: después de casi 20 horas de debate, esta mañana, con 142 votos a favor, 106 en contra y 5 abstenciones, la Cámara de Diputados le otorgó media sanción al megaproyecto de la llamada Ley Bases, que incluye –entre otros perjuicios para gran parte de la sociedad argentina- la privatización de once empresas públicas, la eliminación de la moratoria previsional, beneficios impositivos para las grandes empresas y las facultades extraordinarias para el presidente.
Además del oficialismo, la iniciativa contó con el apoyo del bloque de Pro -su aliado incondicional- como así también del grueso de los bloques de la UCR, Hacemos Coalición Federal y la Coalición Cívica. A ellos se sumaron los ocho diputados de Innovación Federal, que representan a los gobernadores de Misiones, Río Negro y Salta, y Osvaldo Llancafilo, del Movimiento Popular Neuquino (MPN).
En la vereda de enfrente estuvieron los diputados de Unión por la Patria, de los bloques de izquierda y Natalia De la Sota (Córdoba Federal). En tanto, los radicales Facundo Manes, Fernando Carbajal, Marcela Coli y Pablo Juliano optaron por la abstención, junto a Mónica Frade (Coalición Cívica). El santacruceño Sergio Acevedo (Por Santa Cruz), Roberto Mirabella (Unión por la Patria) y Alvaro González (Pro) se ausentaron.
De esta manera, el oficialismo consiguió su revancha, al haber aprobado, minutos antes de las 9, el primer proyecto desde que Milei asumió la presidencia.
Esta versión de la Ley Bases, más acotada que la que se presentó en diciembre pasado -la cual naufragó por falta de consenso- preserva las principales herramientas que demanda el Gobierno para esta etapa de su gestión. Incluye la declaración de la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año, como así también la facultad para reorganizar, fusionar o disolver organismos de la administración central. Ante los reparos de la oposición sobre este último punto, el oficialismo accedió a exceptuar de una eventual disolución a una quincena de organismos públicos.