El juez federal Sebastián Casanello le ordenó ayer al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello que, en un plazo de 72 horas, informe qué cantidad de alimentos tiene almacenados y que elabore un plan para su distribución “de modo inmediato”. Pero el presidente Milei, antes de realizar un nuevo viaje privado a los Estados Unidos, pidió que la ministra apele para “no entregar los alimentos” a los pobres.
El gobierno, en una muestra más de su desprecio por la vida humana y en forma especial por los pobres, apeló la medida. La ministra publicó un comunicado donde afirma que apelara y asevera que de los 5 mil toneladas guardadas “3 mil corresponden a paquetes de yerba mate pertenecientes a un contratación irregular que realizó la gestión anterior y que se encuentra bajo auditoría”. Agrega que era de mala calidad. Luego señala que existen fuertes razones para mejorar el mecanismo de su entrega “tras haber verificado la existencia de diversas irregularidades en las formas de distribución hasta diciembre del año pasado”.
Capital Humano “es quien tiene la potestad para desarrollar las políticas de alimentos, establecer las prioridades y determinar cuándo deben ser distribuidos y bajo qué circunstancias en función de las Leyes y Convenios Vigentes”. Luego agregaron que los alimentos eran para “emergencias climáticas”.
Rápidamente, Juan Grabois, salió por las redes y afirmó que “Adorni y de la Torre mienten. Los alimentos en los galpones están destinados a comedores comunitarios y asistencia a personas vulnerables”. Y adjuntó los documentos que muestran que el programa “para atender las catástrofes” es otro, se llama “Programa de Asistencia por Situaciones de Emergencias Climáticas y Catástrofes Naturales o Accidentales” y está reglado por la resolución 485/2016. “La mercadería acaparada” –añadió– es exclusiva para “atender a la población vulnerable en comedores y merenderos comunitarios de la sociedad civil” como parte de un “convenio de adquisición” con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). Existe un convenio con el Programa de Naciones Unidas (PNUD) encarado desde “el abordaje comunitario”. “Comprar alimentos para un destino y utilizarlos para otro tiene un nombre en el derecho penal: malversación de fondos públicos”, sostuvo Grabois.
Por otro lado, la fiscalía a cargo de Paloma Ochoa fue contundente sobre el desprecio de Capital Humano para no distribuir los alimentos:
-“No contestó lo preguntado con relación a la entrega o no de alimentos durante los meses de diciembre de 2023 y enero, febrero y marzo de 2024”. El reclamo de la querella dice que no entregaron nada.
-“Las múltiples irregularidades que habrían sido advertidas (por la gestión actual) en el proceso de distribución de alimentos hasta diciembre de 2023, más allá de las afirmaciones realizadas, no fueron acompañadas evidencias documentales, testimoniales, o analíticas, que las sustenten”. Se refiere a las acusaciones públicas de licitaciones supuestamente irregulares y comedores inexistentes.
-La respuesta al pedido de acceso a la información difundido la semana pasada, dice la fiscalía, detalla el stock hasta abril de 2024, habla de alimentos como aceite, fideos, garbanzos, harina de trigo, leche en polvo, puré de tomate, yerba mate, arroz con carne, hortalizas, guiso de lentejas, entre otros, pero no precisa la fecha en que fueron adquiridos ni cuando vencen. La afirmación de que los compró el gobierno anterior y que no están por vencer fue del vocero Adorni.
-Ochoa advierte que en el contexto de la actual “emergencia alimentaria” el ministerio de Pettovello denegó de manera “deliberada, sistemática y sostenida en el tiempo” los requerimientos de alimento que hizo la asociación que es querellante en la causa así como otros “actores de la sociedad civil”. Advierte que, además, habían recibido alimentos durante 2023 “derivándose de ello un legítimo derecho que posiblemente haya sido interrumpido”. El Amanecer, según información del propio ministerio había recibido 367.600 kilos.
-Aunque las nuevas autoridades dijeron que “no hay normativa que determine los procesos de distribución de alimentos y requisitos de inscripción”, dice Ochoa, eso no los exime “de fundamentar cuáles son las razones de oportunidad, mérito y conveniencia que direccionan sus actos de gobierno”. De hecho, advirtió que “la ley de presupuesto aplicable al año en curso, ha definido partidas para el abordaje de la problemática”. Por lo tanto, no descarta responsabilidad penal, política o administrativa en negar el acceso a la alimentación.
Otras voces. El Ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés “Cuervo” Larroque, analizó que “es una aberración, es una mezcla de indolencia, inoperancia e hipocresía que tengan 5 millones de kilos de comida sin repartir”.
“Armaron un show de los comedores fantasma para tapar el ajuste”, opinó y expresó que “esta cantidad de alimentos sin repartir le vendría muy bien a todas las provincias”. Y agregó: “5 millones de kilos de comida significa un mes y medio de comida para los comedores comunitarios”.
“No reparten la comida porque tienen una distancia enorme de la realidad. Nos vendrían muy bien esos alimentos, a nosotros y a todas las provincias”, insistió y remarcó que “cuando encontrás una irregularidad no podés sacarle la comida a la gente, la comida tiene que llegar”.
“La cuestión política del Gobierno está mal, la económica y social está peor”, cerró Larroque.
Por su parte, la diputada nacional y ex ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, denunció que existe una “parálisis de la política social” y le solicitó a Capital Humano “que le explique a la sociedad que también tiene arrumbadas 50 camionetas 0 KM que fueron adquiridas para asistir las necesidades de los Ministerios de Desarrollo Social de cada una de las 23 provincias argentinas y del Gobierno de CABA, y para ser entregadas a Cáritas”.
En un posteo en redes sociales, la dirigente expresó: “Nos enteramos todos que el gobierno acopia sin razón ni explicación alguna más de 5 millones de kg de alimentos, también sabemos que hay herramientas, elementos para atender la urgencia en temporales y tragedias naturales, guardapolvos, útiles escolares, y tantas otras cosas que los argentinos necesitaron en muchas situaciones en los últimos meses”.
“Entre tantas cosas también tienen 50 camionetas que, por impericia, necedad, desidia e incluso por crueldad, no han sido entregadas. Llevan más de 6 meses arrumbadas, enfrentando el deterioro y juntando polvo sin cumplir ninguna función social”, dijo.