Leandro Alem, fundador del radicalismo, deja en su testamento la famosa frase “que se rompa pero que no se doble”. Hasta el expresidente Raúl Alfonsín acostumbraba a usarla como grito de guerra. Ya no queda nada de aquella frase en la UCR y conducidos por su presidente Rodrigo de Loredo, el radicalismo le dio los votos a La Libertad Avanza que, junto a los del PRO y algunos de Hacemos Federal, le permitieron al presidente Javier Milei tener la Ley Bases del coloniaje, que hará un país más pobre y con mayor desigualdad.
La Cámara de Diputados aprobó la Ley con 147 votos a favor, 107 en contra y dos abstenciones. De esta manera, el gobierno consiguió su mega ley para privatizar decenas de empresas, beneficiar a los ricos con baja de impuestos, perjudicar a los trabajadores y jubilados, y logró la aprobación del Paquete Fiscal con la restitución del Impuesto a las Ganancias para los trabajadores y la modificación de Bienes Personales, que había sido derogada en el Senado, por lo cual el tema se judicializará.
Los puntos más importantes que se aprobaron:
Entre los nueve capítulos de la Ley Bases y luego de la eliminación de la reforma previsional, los 238 artículos de la legislación aprobada incluyen:
- Facultades excepcionales para el Presidente de la Nación: Emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año.
- Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI): Esquema impositivo que establece estímulos para la captación de fondos productivos extranjeros (de al menos USD 200 millones) durante 30 años para el sector forestal, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas. Cuentan con exenciones de derechos de exportación a partir del tercer año. El Senado estableció que cada provincia pueda definir su adhesión al régimen y un cupo del 20% de adquisición a proveedores locales “siempre y cuando la oferta se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad”.
- Reforma laboral: Extensión del período de prueba a seis meses para empresas con más de 100 trabajadores, de ocho meses para empresas de seis a 100 trabajadores, y de un año en empresas con hasta cinco trabajadores. Los sindicatos continuarán cobrando cuotas de los trabajadores aunque no estén afiliados.
- Privatizaciones: Se establecen como susceptibles de ser privatizadas las compañías estatales ENARSA, Intercargo, AySA, Belgrano Cargas, Corredores Viales y SOFSE.
- Modificación de la ley de hidrocarburos: Se establecen mecanismos de desregularización para priorizar la maximización de la producción para la exportación y la renta, modificando el paradigma que se concentraba en el abastecimiento del mercado interno.
- Obra pública: El Ejecutivo cuenta con potestad para renegociar o rescindir contratos de obra pública o provisión de bienes y servicios, con excepción de aquellos que tengan un 80% de grado de ejecución o tengan financiamiento internacional.
- Reforma impositiva tabacalera: Se incrementa el impuesto a los cigarrillos del 70% al 73% y se incluye a la Tabacalera Sarandí.
Reforma fiscal:
El proyecto de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, el punto que llegó con mayor grado de conflictividad e incertidumbre al debate, propone:
- Restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias: Quedarían contemplados trabajadores asalariados solteros que perciben un salario bruto de $18 millones. En caso de casados con dos hijos, el esquema asciende a $234 millones.
- Régimen de Bienes Personales: El piso del pago del impuesto pasaría de alcanzar a personas con patrimonios de $27 millones a las de $100 millones. Se establecen una reducción de alícuotas progresivas del 0.5% al 1.5%, cuando actualmente es del 1.75%. Los contribuyentes pueden pagar por anticipado el tributo de cinco ejercicios fiscales con una tasa de 0.45% y lograrían congelar su patrimonio.
- Gastos tributarios: El Poder Ejecutivo deberá eliminar tratamientos impositivos especiales por hasta 2 puntos del PBI en el plazo de 60 días.
- Régimen de Regularización de Activos: Se aplica un programa de blanqueo de capitales de hasta USD 100,000. Las personas que ingresen al régimen no tendrán ninguna penalización por los bienes no declarados y hasta el 30 de septiembre pagarán una alícuota del 5% sobre el excedente declarado a los USD 100,000. Desde octubre a diciembre de 2024, esa alícuota asciende al 10%, mientras que desde enero a marzo de 2025 pasa a ser del 15%.
- Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social Disposiciones Generales: Se establece una moratoria dirigida a contribuyentes para regularizar deudas vencidas al 31 de marzo de 2024. Dentro de los primeros 30 días de sancionada la ley, tendrán una condonación del 70% de los intereses resarcitorios y punitorios.
- Impuesto a la transferencia inmobiliaria: Se elimina la tasa que grava las transferencias.
- Monotributo: Actualización en los máximos de facturación hasta los $68 millones anuales (actualmente esa suma es de $16 millones). Se elimina la prórroga del denominado Monotributo Social.