“La edad de votación debería estar, por lógica, a la misma que la de imputabilidad”, empezaron a lanzar desde las filas libertarias. Precisamente, el viernes último el Gobierno presentó su proyecto para bajarla de 16 a 13 años, en una propuesta que ya adelanta polémicas. “Lo razonable sería que estén equiparadas”, sostienen sobre la idea.
El hecho es que, envalentonado después de la aprobación de la Ley de Bases y del paquete fiscal, desde la Casa Rosada piensan volver a la carga con uno de los puntos que debió dejar afuera de la versión original en el camino de las negociaciones con la llamada oposición dialoguista: el capítulo de la reforma electoral.
Con ese paquete buscarán avanzar con la eliminación de las PASO, incluir listas abiertas, la posible implementación de la Boleta Única, y hasta evalúan la posible baja de edad para votar, que podría ubicarse en los 13 años.
Hay que aclarar que, para que los cambios que buscan introducir se puedan implementar en las elecciones legislativas de 2025, deberían tratarse y aprobarse antes de diciembre, ya que el año próximo, al haber elecciones no hay posibilidad de discutir temas electorales en el Congreso. Por eso mismo crece el interés del Gobierno en presentarlo a más tardar en agosto y avanzar con el tema.
La idea que analizan contempla que el voto a los 13 años “no sea obligatorio”, como hoy no lo es tampoco entre los 16 y los 18. Sobre la posible posición que tome la oposición no dialoguista respecto del tema, en el oficialismo señalan casi en tono burlón que “la dirigencia no debería oponerse porque siempre hablan de ampliar derechos, y esto sería precisamente eso”.
Lo que reconocen puertas adentro es que un incremento del voto joven podría beneficiar electoralmente a La Libertad Avanza, que tiene apoyo de ese sector.
El capítulo de la reforma electoral estaba incluido en la primera versión de la Ley Bases, pero terminó siendo eliminado por las negociaciones con la oposición.
En cuanto a la eliminación de las PASO, en el Gobierno aseguran que van a promoverla porque consideran que “el Estado no tiene nada que hacer dirimiendo dentro de los partidos políticos, porque son entidades civiles que no deben ser sustentadas con fondos del Estado”.
Al argumento ideológico se le suma el del alto costo que insumen: en las elecciones generales de 2023 fueron de más de 9200 millones de pesos. Por lo que, de aprobarse el cambio, habría dos comicios en las presidenciales (primera y segunda vuelta) y una sola en las instancias legislativas, como la del año próximo.
El otro punto sobre el apuntan a trabajar es la posibilidad de incluir “listas abiertas”, lo que a su vez va atado a la posibilidad de incorporar la implementación de la Boleta Única, otro de los cambios que contemplaba la primera versión de la reforma.
La lista abierta implica que se pueden elegir por distintos candidatos pudiendo ser estos de diferentes partidos. “Las listas abiertas le dan más libertad a la gente para elegir”, dicen y reivindican en las filas libertarias.