Con la excusa de que los militares tengan las manos libres a la hora de actuar para, supuestamente, evitar amenazas o repeler hechos “terroristas”, en las últimas horas ingresó al Congreso el proyecto de reforma de la ley de Seguridad Interior que habilita a las Fuerzas Armadas a actuar fronteras adentro, rol que está expresamente vedado desde el retorno de la democracia.
De esta manera, el Gobierno oficializó finalmente su idea de que los militares vuelvan a hacer operativos callejeros, y hasta puedan detener personas. Así, con el pretexto del “combate al terrorismo”, el gobierno de Javier Milei rompe con el consenso que rigió desde que se recuperó la democracia: que las Fuerzas Armadas no se involucrarán en el conflicto interno.
En marzo, días antes del aniversario del último golpe de Estado, los ministros Luis Petri (Defensa) y Patricia Bullrich (Seguridad) dieron una conferencia de prensa en la Casa Rosada para anunciar que enviarían un proyecto al Congreso para reformar la ley de Seguridad Interior (24.059), sancionada en 1991 en el gobierno de Carlos Menem. Pese a los anuncios oficiales, el proyecto tardó casi cinco meses en aparecer.
Ahora, el Poder Ejecutivo giró la propuesta al Congreso con las firmas de Milei, su ministro del Interior, Guillermo Francos, Petri y Bullrich. En sus considerandos, el Gobierno deja en claro que busca romper con los pactos democráticos de que los militares no patrullarían las calles ni harían inteligencia interior.
“La Constitución nacional no contempla –ni contempló nunca– una diferenciación entre las cuestiones de Seguridad Interior y las de Defensa Nacional, ni contiene limitaciones, reparos o divisiones con respecto a la actuación de las Fuerzas Armadas”, dice el proyecto.
Durante distintas administraciones, se fueron sancionando las distintas normativas que establecieron frenos a los militares: durante el gobierno de Raúl Alfonsín se aprobó la ley de Defensa Nacional; en el de Menem, la de Seguridad Interior; y en el de Fernando de la Rúa, la ley de Inteligencia Nacional –que fue reformada durante la administración de Cristina Kirchner.
La clave de esta iniciativa es la incorporación de la amenaza terrorista, a partir de la cual los militares podrían hacer patrullaje, control de personas, vehículos y edificios, y hasta detenciones.
Según el Gobierno, el proyecto de ley significa una “alternativa intermedia” para la intervención de las Fuerzas Armadas frente a las posibilidades que se contemplaban con anterioridad. En la Ley de Seguridad Interior se les daba un rol, que para el gobierno de Milei no alcanza ni les permite estar preparadas para una situación de conmoción.
Se introduce el factor de que, ante un acto que genere terror en la población, los militares podrán patrullar las calles, hacer control de personas y vehículos, efectuar operaciones de control en puestos fijos o móviles, realizar control y vigilancia de instalaciones inmuebles y hacer aprehensiones en flagrancia.
Tal como está redactada hasta ahora la ley de Seguridad Interior, se establece que, en caso de que se lo requiera el comité de crisis, el Ministerio de Defensa puede disponer que las Fuerzas Armadas presten apoyo logístico a través de los servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones, transporte, ingenieros y comunicaciones. En los artículos siguientes se establece que las Fuerzas Armadas pueden intervenir si hay un atentado en jurisdicción militar o si se declarara el Estado de sitio.
La Casa Rosada sostiene que esta situación intermedia tiene “ventajas”: no se suspenden las garantías como en la declaración del Estado de sitio y la población se encontraría protegida por las Fuerzas Armadas.
Eso sí, la norma no brinda una explicación de qué reconoce como hecho terrorista ni con qué criterios se determinará la zona geográfica en que se aplique. La reforma habilita la represión: “En los casos en que el personal militar designado para las acciones definidas en los artículos precedentes, se viera obligado a utilizar medios materiales de coacción, deberá hacerlo de forma racional, progresiva y proporcional, agotando previamente los mecanismos de disuasión que estén a su alcance”, reza uno de los artículos.
Uno de los muchos problemas es que el gobierno ve golpes de Estado o potenciales actos terroristas a la vuelta de la esquina: ya lo hizo el 12 de junio pasado cuando el Senado estaba debatiendo la Ley Bases. En ese momento, 33 personas fueron detenidas. El fiscal Carlos Stornelli las acusó en base a un tuit de la Oficina del Presidente y les sumó cargos por terrorismo, que finalmente fueron desestimados por la jueza María Servini y la Cámara Federal porteña.
“La amenaza del terrorismo es -sin dudas- uno de los principales desafíos para la Seguridad y Defensa en el siglo XXI, poniendo en peligro la existencia misma del Estado y sus intereses vitales”, reza el proyecto en sus fundamentos y plantea como justificativo para la reforma: “En esta lucha es imprescindible contar con un enfoque integral que combine medidas preventivas, proactivas y disuasorias, nuevos marcos normativos, el fortalecimiento de los sistemas de inteligencia y la cooperación internacional en la prevención y represión del terrorismo”. Y sin mencionarlo explícitamente, en los fundamentos se señala que el país “ha sido víctima en dos oportunidades del flagelo del terrorismo”, por los atentados de la Embajada de Israel y de la AMIA.
En este contexto, la activista Cecilia Pando, que suele ser una vocera del sector más rancio de las Fuerzas Armadas, admitió que el reclamo de esos sectores es explícito: le dicen al gobierno de Milei que, si quiere sacar a los militares de los cuarteles, antes tiene que sacar de las cárceles a los que todavía están presos por crímenes de lesa humanidad.
Está claro que hay un sector del oficialismo que ya está abocado a esa tarea, como quedó al descubierto con la visita de seis diputados de La Libertad Avanza (LLA) al penal de Ezeiza, donde están alojados Alfredo Astiz y otros represores de la última dictadura. Hay iniciativas para voltear las causas y lograr una rápida prisión domiciliaria para que los que están detenidos.