La Cámara de Diputados le otorgó esta madrugada media sanción al proyecto que declara a la educación como “servicio estratégico esencial”, lo que, en la práctica, significará cercenar el derecho de huelga para el sector docente, ya que obliga a los establecimientos educativos a permanecer abiertos, con una guardia mínima, cuando sus trabajadores realizan una medida de fuerza.
Por otra parte, en la misma sesión fue rechazado el proyecto general de Unión por la Patria sobre la Ley de Financiamiento de Universidades Nacionales, que obtuvo 90 votos afirmativos y 130 negativos, mientras que finalmente fue el dictamen de minoría de la UCR el que logró media sanción.
En cuanto a la primera de las iniciativas, fue puesta a consideración de los diputados minutos antes de las 3 de la madrugada de este jueves, en el marco de una sesión cargada de interrupciones y tensiones, y obtuvo 131 votos positivos, 95 negativos y 2 abstenciones.
Los gremios docentes, que denuncian que el proyecto limita el derecho a huelga, plantearon su rechazo y adelantaron que tomarán las medidas de acción necesarias para impedir que llegue a convertirse en ley en el Senado.
En el dictamen de comisión, la iniciativa tuvo el acompañamiento del PRO, La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical, La Coalición Cívica y el grueso de las bancadas federales.
El texto de la ley, que fue escrito por Alejandro Finocchiaro (PRO) –ex ministro de Educación de María Eugenia Vidal y de Mauricio Macri-, consta solo de cuatro artículos.
El primero establece a la educación como “servicio estratégico esencial” como lo es, por ejemplo, la salud. Ello implica que en caso de huelgas debe haber guardias mínimas con personal docente y no docente presente. Se trata, en definitiva, de un golpe a los paros que suelen darse en los establecimientos educativos.
El proyecto plantea un esquema en el que cuanto más largo es el paro, mayor cantidad de personal debe haber en la institución. Establece, en ese sentido, que en los primeros dos días de paro, el 30% del personal del colegio deberá estar en su puesto garantizando las clases.
A partir del tercer día, ya sea continuo o discontinuo, deberá estar el 50% del “personal directivo, docente y no docente que deba cumplir funciones en cada establecimiento educativo, en todos los niveles”.
En este contexto, la huelga podrá hacerse, pero bajo esas condiciones y se computará como injustificada la ausencia del personal docente y no docente afectado a la guardia. A principios de año, cada institución tiene que confirmar a la autoridad competente la nómina del personal completo.
“Con este proyecto vamos a regular el derecho de huelga en la educación obligatoria, que es materia federal. Acá hay una colisión entre dos derechos: el de los docentes a ejecutar medidas de fuerza y el derecho de los chicos a educarse. Tenemos que buscar un equilibrio. Ningún derecho de la Constitución es absoluto”, señaló Finocchiaro en la presentación del proyecto.
En tanto, María Eugenia Vidal defendió el proyecto al alegar que “no es verdad que sea una ley en contra de los docentes, en todo caso será una ley en contra de los sindicatos que quieren extorsionar”.
Tanto los diputados de Unión por la Patria como del Frente de Izquierda manifestaron su rechazo total al proyecto y votaron en contra debido a que consideran que únicamente apunta a cercenar el derecho a huelga de los trabajadores.
“Este proyecto es un engaño semántico, porque lo que estamos discutiendo no es si la educación es algo esencial, sino que toma la esencialidad en otro sentido, y quieren resolver el problema desde un diagnóstico sesgado: que todos los problemas de la educación tienen que ver con las huelgas docentes”, planteó Itai Hagman, de Unión por la Patria.
Financiamiento universitario
En tanto, la Cámara baja rechazó en la mañana de este jueves el proyecto general de Unión por la Patria sobre la Ley de Financiamiento de Universidades Nacionales, que obtuvo 90 votos afirmativos y 130 negativos, mientras que el dictamen de minoría de la UCR logró media sanción.
La sesión maratónica había arrancado sobre el mediodía de ayer, luego de que los radicales lograran incluir en el temario su proyecto de financiamiento universitario, una propuesta que es resistida por la Casa Rosada, ya que tiene un impacto fiscal de $ 1,4 billones, lo que hace tocar el objetivo de déficit cero de Javier Milei.
Después de 17 horas de sesión, a las 4.30 empezó a debatirse el proyecto para financiar a las universidades, que atraviesan una delicada situación económica que se vio reflejada el pasado 23 de abril en la Marcha Nacional Universitaria para reclamar por la urgente recomposición de las partidas para gastos de funcionamiento y pago de salarios.
Dictamen de mayoría de Unión por la Patria: este proyecto no solo incluía la actualización bimestral de las partidas presupuestarias, sino que incorporaba ítems adicionales con un costo fiscal mayor, como la ampliación de beneficiarios y montos de las becas Progresar. Además, obligaba explícitamente a la recomposición salarial de docentes y no docentes universitarios. La propuesta también contemplaba la actualización presupuestaria para ciencia y técnica, el desarrollo de proyectos especiales, el desarrollo de institutos tecnológicos y la extensión universitaria.
Dictamen de minoría: firmado por la UCR, Encuentro Federal, Coalición Cívica e Innovación Federal, y con Danya Tavela como autora principal. Plantea una actualización del presupuesto universitario basada en la inflación del año pasado, medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), y una indexación bimestral usando un coeficiente que combine un 50% de variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), 25% de la variación del dólar y otro 25% de las tarifas de servicios públicos. También propone una recomposición salarial para docentes y no docentes con base en el IPC, pero de manera subsidiaria a la paritaria colectiva.
Con 126 votos negativos y 90 afirmativos, Diputados rechazó el dictamen de mayoría propuesta por el bloque de UxP.
Con 86 votos afirmativos y 130 negativos, también fue rechazado el primer dictamen de minoría. Finalmente, con 143 votos afirmativos y 77 negativos, fue aprobado en general el segundo dictamen de minoría propuesto por el bloque de la Unión Cívica Radical y que lleva las firmas de Encuentro Federal, Coalición Cívica e Innovación Federal.
Para vencer el rechazo del oficialismo, el kirchnerismo avaló la iniciativa radical, aunque votó en contra del artículo 7 de la iniciativa, que establece los criterios para la distribución entre las universidades públicas de los montos presupuestarios a ser incrementados por la ley, de ser aprobada por el Senado.