El reciente acuerdo entre Unión por la Patria (UxP) y la Unión Cívica Radical (UCR) para elegir a Martín Lousteau como presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia marcó la primera derrota del oficialismo. Hoy, el juez federal Ariel Lijo se presentará ante la Comisión de Acuerdos del Senado para defender su candidatura a la Corte Suprema. El senador José Mayans, jefe del bloque de UxP, afirmó que la responsabilidad de conseguir el dictamen para tratar el pliego en el recinto recae en el oficialismo.
Hasta el momento, no se sabe cuál será el resultado de la primera votación. La vicepresidenta Victoria Villarruel ha expresado su rechazo, y los integrantes de La Libertad Avanza están divididos, al igual que los radicales. El peronismo, por su parte, se mantiene en silencio.
El pliego necesita obtener una mayoría en la comisión —9 votos de los 17 integrantes— y una mayoría agravada de dos tercios de los presentes en la Cámara. Si los 72 senadores estuvieran presentes, como lo requiere una votación para un juez de la Corte Suprema, serían necesarios 48 votos. Con estos números, el oficialismo necesitará el apoyo de otras bancadas.
La presentación del juez federal, que se llevará a cabo hoy a partir de las 10 en el Salón Azul, será el centro de atención pública debido a las complejas relaciones políticas que rodean su figura. Lijo enfrentará el escrutinio de los senadores en la Comisión de Acuerdos, presidida por Guadalupe Tagliaferri del PRO. Se espera que el juez realice primero una exposición sobre su candidatura y luego responda a las preguntas de los legisladores.
Más allá de la feroz campaña mediática liderada por los diarios La Nación y Clarín, así como de un sector de la corporación judicial cercana a Mauricio Macri, la última palabra la tendrá el peronismo, que cuenta con 33 senadores sobre 72. A pesar del silencio en el bloque, Mayans mencionó que “nadie nos ha hablado y, en principio, no tenemos ninguna obligación. El Ejecutivo es quien debe reunir las firmas. Para mí, el tema de la Corte requiere un acuerdo político”. Paralelamente, una fuente cercana a Cristina Kirchner señaló que nadie la ha contactado y que solo apoyaría si se llega a un acuerdo para que una mujer ocupe la otra banca, en lugar de Manuel García Mansilla, un abogado ligado a los sectores más conservadores de la Iglesia y cercano al Opus Dei.
Desde el gobierno ya reconocen que la frase “los dos o ninguno” ha quedado en el pasado, y están dispuestos a negociar a García Mansilla por una mujer. El peronismo sigue en silencio, y muchos legisladores no están de acuerdo con votar a Lijo, recordando que persiguió a Cristina Kirchner, encarceló a Amado Boudou sin pruebas, nunca terminó de condenar a Macri por la deuda del Correo Argentino, y tampoco resolvió el caso del encubrimiento en la causa AMIA. Otros recuerdan que Lijo es uno de los jueces más denunciados ante el Consejo de la Magistratura (32 veces, aunque nunca fue sancionado) y es conocido por dilatar los expedientes (solo elevó a juicio 14 de las 89 causas de corrupción que tuvo a su cargo). No obstante, dentro del peronismo, se afirma que Lijo es el único juez que se comprometió a frenar los ataques contra Cristina Kirchner si llega a la Corte Suprema, y en alianza con Ricardo Lorenzetti, impediría que la derecha la encarcele.
Más allá de estas discusiones, el gobierno de Milei continúa su ataque contra los sectores medios y trabajadores de Argentina. Tras el incremento de las tarifas de luz y gas, el aumento de los alimentos y el transporte público, ayer se decidió desregular el precio de las garrafas, que usan más del 40% de los hogares. El gobernador Axel Kicillof fue contundente: “Liberaron el precio de las garrafas, eso no es gasto público, es poner cordura y solidaridad en un lugar donde solo hay lucro y crueldad. No es ajuste, es crueldad contra los que menos tienen”.