A casi tres meses de la movilización en el Congreso contra la Ley Bases, todavía hay una persona que sigue privada de su libertad: se trata de Roberto de la Cruz Gómez, de 44 años, detenido en el Penal de Máxima Seguridad de Ezeiza, por haberse movilizado el pasado 12 de junio último. Tras ser notificado de que seguirá preso, en las últimas horas decidió iniciar una huelga de hambre.
En un comunicado que presentó a la jueza María Servini, a quien responsabilizó de su “salud física y mental”, Gómez detalló que le negaron salir de prisión no por los delitos que se le imputan desde aquel día, sino por el hecho de poseer antecedentes penales. “Como también usted sabe, intenté tener un diálogo con su persona en tres oportunidades y se me negó tal derecho”, señaló en su declaración.
Más adelante, el hombre afirma su detención es “injusta”, y opinó que no que “no se considera su libertad por falta de mérito” porque toda la causa “cuenta con declaraciones únicamente de personal policial y de ningún civil”.
Asimismo, agregó: “También cuenta con una fotografía y ningún video de monitoreo en la que no sé me ve con algún elemento ni arrojando nada al personal policial. Solo se ve que nos estamos cubriendo de balazos de goma y gases lacrimógenos que arrojó la policía del lado de la valla en donde se nos permitía protestar constitucionalmente”.
El pasado miércoles fue liberada Daniela Calarco, referente nacional del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), quien estaba presa en Ezeiza.
Tras la movilización del 12 de junio fueron detenidas 33 personas, que fueron siendo liberadas con el transcurso de las semanas, pero Roberto de la Cruz Gómez continúa privado de su libertad.
En la causa, creada con el objetivo de criminalizar la protesta social, se acusó a los detenidos de delitos graves como “terrorismo” y “golpe de Estado”, cargos que resultan absurdos desde cualquier perspectiva. Con esa debilidad de origen, la falsedad y el carácter persecutorio de la causa promovida por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el fiscal Carlos Stornelli, se hicieron evidentes con el paso de las semanas.
Una impresionante campaña nacional e internacional, llevada a cabo por un amplio espectro de personalidades y organizaciones de derechos humanos, políticas, sindicales, estudiantiles, sociales y culturales, logró la liberación de 32 detenidos, demostrando la falta de pruebas para los cargos que se les imputaban.