Allá por diciembre de 2015, Mauricio Macri, quien acababa de asumir la presidencia, rompió todos los esquemas cuando, de manera sorpresiva, intentó designar a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz como jueces de la Corte Suprema de Justicia vía decreto, algo que generó un rechazo generalizado y que no se pudo concretar por ese mecanismo.
Nueve años después, con un gobierno libertario instalado en la Casa Rosada, Javier Milei evalúa apelar nuevamente a ese ardid para ungir a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para formar parte del máximo tribunal, y garantizarse de esta manera una nueva mayoría afín.
Así lo revela el periodista Alejandro Bercovich en el portal eldiario.ar, con la posibilidad de que esta alternativa pueda concretarse en el año electoral que se avecina, en el marco de las exigencias de seguridad jurídica de un establishment que valora la severidad del ajuste, pero pretende más garantías antes de volver a invertir en una economía que, si bien tiene nichos rentables, está hundida en una feroz recesión.
De acuerdo a lo que señala en el artículo, la ventana temporal para hacerlo se aproxima: el artículo 99 inciso 19 de la Constitución confiere al presidente la potestad de “llenar las vacantes de los empleos que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima legislatura”.
Al respecto, se indica que alcanzaría que terminen las sesiones ordinarias el 1º de diciembre próximo, para que Milei firme un decreto simple para designar a Lijo y que renuncie Juan Carlos Maqueda el 29 de diciembre -tal como ya anunció que hará al cumplir 75 años- para que haga lo propio con García Mansilla.
De esa forma, ambos jueces tendrían asegurado un año de gestión “en comisión” durante el cual, vía per saltum, podrían inclinar la balanza en favor del oficialismo en causas de lo más diversas.
Volviendo a lo que fue el intento macrista a fines de 2015, Elena Highton de Nolasco, ya jubilada, convenció a Ricardo Lorenzetti de que no les tomara juramento a Rosatti ni a Rosenkrantz si el entonces presidente insistía con el decretazo. La estocada final la dio el entonces juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, con una cautelar que lo dejó sin efecto. De todas maneras, se sabe que ambos consiguieron los dos tercios necesarios en el Senado, que durante todo este año gestionó sin éxito el Ejecutivo para Lijo y García Mansilla.