La situación del ex senador Edgardo Kueider y de su secretaria, Iara Guinsel Costa, es cada vez peor: en las últimas horas, la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, envió un exhorto al vecino país para que se haga lugar a la extradición de ambos desde Paraguay, donde cumplen prisión domiciliaria en un departamento de lujo en Asunción.
La magistrada tomó la decisión en el marco de la causa en la que se investiga a Kueider por presunto enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo y activo, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, tráfico de influencias y lavado de dinero.
Arroyo Salgado dictó además el pedido de captura internacional de Kueider y Costa, en caso que la justicia paraguaya les conceda la libertad.
También les pidió a los fiscales paraguayos el secuestro de todas las posesiones de Kueider al momento de ser detenido en Paraguay: computadoras, teléfonos celulares y demás equipos electrónicos, una medida que hasta ahora los representantes del Ministerio Público del vecino país no habían concretado. El objetivo es que, mediante un peritaje, se pueda determinar si han sido manipulados y, de ser así, tratar de recuperar el contenido.
La jueza quiere que le envíen, además, la totalidad de las actuaciones realizadas por la Justicia paraguaya, incluido todo el material fílmico y de videos de cuando Kueider fue interceptado en el control y le incautaron los dólares, y le informen si hubo una certificación de la autenticidad de los dólares que llevaba.
La solicitud de extradición pudo hacerse oficial, tras la expulsión el jueves pasado de Kueider de la Cámara alta, y por lo tanto la quita de sus fueros. Sin embargo, el abogado del ex senador, Maximiliano Ruiz, presentó una ampliación de la demanda contra el Poder Ejecutivo Nacional para pedir la invalidez de la sesión en la que Senado resolvió por una amplia mayoría de 60 votos expulsar a Kueider del cuerpo por inhabilidad moral al no ser constitucional que la titular de la Cámara, Victoria Villarruel, haya presidido la sesión.
En sí, el exhorto internacional debe tramitarse vía la Cancillería argentina. Esta cartera debe enviarlo a la Embajada Argentina en Asunción para que lo presente vía diplomática a la Cancillería paraguaya. Ésta, a su vez, debe enviarlo luego al Ministerio Público (Fiscal) del país vecino, que es la autoridad central de asistencia jurídica y la que deberá darle curso al Interpol. Argentina tiene un tratado bilateral de extradición vigente con Paraguay desde 1996.
Si el pedido es aceptado por los fiscales paraguayos, se abre un nuevo expediente en el que interviene un juez de garantías de ese país. El proceso de extradición – ya judicializado – corre por separado de la causa por intento de contrabando que lleva adelante la Justicia guaraní. Este delito contempla una pena de entre seis meses y dos años y medio de prisión. Según los tiempos procesales ya fijados por el juez Humberto Otazú, los fiscales tienen cuatro meses para llevar adelante la investigación.
Si Kueider acepta someterse a la Justicia argentina, entonces se cerraría la causa en Paraguay, pero siempre puede negarse a ser extraditado. Por lo que trascendió, el ex senador preferiría permanecer en Paraguay, donde cumple prisión domiciliaria en un departamento de lujo, y con una pena potencial menor a la de los delitos por los que está siendo investigado en Argentina.