En su plan de liberar y privatizar, el Gobierno sigue con su motosierra. Hace algo más de un mes, apareció publicado en el Boletín Oficial el decreto en el que se detalla la desregulación completa del servicio de correo postal.
La principal duda a partir de la desregulación es qué pasará con el futuro de Correo Argentino, una compañía clave que el Gobierno nacional empezó a desguazar. La pregunta obligada, teniendo en cuenta que 2025 será un año electoral, es si con la desregulación y vaciamiento dejará de tener participación en los comicios, por ejemplo, a la hora de trasladar las urnas con los votos.
De esta manera, con los miles de despidos y retiros voluntarios producidos en el Correo Argentino, el próximo sufragio fue puesto en duda. “Si las elecciones fueran hoy, no se podrían hacer, porque el Correo es el 70 por ciento del proceso y se fue toda la gente histórica”, evalúan jueces electorales.
En tanto, la ley establece concretamente que es el Correo Oficial, o sea la empresa de bandera, la que debe realizar todas las operaciones en las votaciones nacionales, lo cual habrá que aguardar si a raíz del desguace del servicio postal chocará con los alcances de la normativa.
Un dato no menor es que el Correo lleva las 110.000 urnas a los 17.000 locales de votación, algunos en lugares remotos a los que solo se llega en mulas o en lanchas. No solo hay que llevar las urnas, sino las boletas de cada uno de los partidos, las planillas y todo el material que se necesita.
El Correo es también el que organiza los telegramas en los que se vuelcan los resultados y luego se procesan la misma noche de los comicios. Finalmente, hace todo el operativo de retirar las urnas y llevarlas a los lugares donde se realiza el escrutinio definitivo. Todo eso, realizado de manera eficiente desde 1983, es lo que justifica que el Correo se lleve el 70 por ciento del presupuesto de cada elección.
“Estamos en alerta total”; “lo que hay es desconcierto”; “esto termina con funcionarios presos”. Las frases las repiten los jueces electorales refiriéndose a la situación de los comicios de 2025, según revela hoy el periodista Raúl Kollmann en el diario Página/12.
Es que se sabe que casi todo el operativo de entrega y repliegue de las urnas lo hace el Correo Argentino, que cerró 800 sucursales y despidió a 5.000 empleados. El Correo dice que lo puede hacer igual, aunque sub-contratará varios correos privados, que nunca hicieron la operación y nadie sabe cómo la hará.
Además, nadie sabe quién imprimirá la Boleta Única de Papel (BUP), el nuevo sistema que regirá en 2025. Votada la ley en el Congreso, las boletas ya no las imprimen los partidos, sino el Estado: la licitación no está ni cerca de ponerse en marcha. Y, para colmo, según un documento emitido por Alejo Ramos Padilla, juez electoral de la provincia de Buenos Aires, la BUP requerirá del doble de autoridades de mesa (presidentes y vocales): en el caso bonaerense, antes se necesitaban 40.000 autoridades, mientras que en 2025 se necesitarán 80.000.
La primera en dar el alerta fue la jueza María Romilda Servini: sostuvo que con los despidos y recortes en el Correo, las elecciones están en duda. En el juzgado señalan que, por ejemplo, el proceso electoral utiliza 16.000 vehículos del Correo, incluyendo mulas y lanchas. Se lleva todo el material -urnas, planillas, boletas- y, además, es el Correo el que reúne los primeros resultados, a través de telegramas que llegan a centros regionales y luego a Capital Federal. Con la reducción, todo está en duda.
Por su parte, en la Cámara Nacional Electoral (CNE), el organismo judicial que coordina todo el acto, también hay máxima preocupación. Cuando falta relativamente poco tiempo, no se sabe quién va a imprimir los padrones, algo que requerirá una licitación a las apuradas. La Casa de la Moneda ya no podrá hacer ese trabajo porque el Gobierno la cerró y, además, vendió la maquinaria especial que se ocupaba de esa impresión.
Jueces y camaristas están alarmados porque ese nuevo sistema electoral requerirá un enorme esfuerzo en la capacitación de autoridades de mesa y de los votantes, que ahora tendrán que marcar en el cuadradito correspondiente, ya no tendrán que meter una boleta de un partido en la urna.
El hecho es que la actual gestión libertaria, que aboga por la desaparición del Estado, se encuentra con una elección en la que el Estado ocupa más lugar que nunca: por primera vez tendrá que imprimir las boletas únicas de papel, algo que hacía antes cada fuerza política que, a su vez, debían entregarlas en los centros del operativo. Por supuesto que los candidatos no se conocen y no se puede imprimir nada todavía. Pero se requiere una licitación para producir unos 55 millones de boletas largas, en la que entren las cabezas de cada lista. Nada de eso está en marcha.
La cuestión de los padrones también está en el centro de la escena. No hay muchas imprentas con capacidad para imprimirlos y, desde ya, ninguna con experiencia dado que, desde el regreso de la democracia, es un trabajo de la Casa de la Moneda. La alternativa de imprimir en el exterior está excluida, porque es poner en duda la seguridad de los datos de todos los argentinos.