En las últimas horas, el Gobierno de Javier Milei -ayudado por el ejército de trolls libertarios que pululan en las redes sociales- puso en marcha una insólita operación mediática para instalar que en 2016, en la AFIP, el kirchnerismo construyó una red para proteger a 50 empresas vinculadas a dirigentes y empresarios supuestamente relacionados con el peronismo.
Lo llamativo de la singular denuncia es que en aquel momento ni el kirchnerismo ni el peronismo tenían el menor poder en la AFIP, ya que el presidente era Mauricio Macri. Y, en realidad, lo que ocurrió en aquellos tiempos fue precisamente todo lo contrario: el macrismo elaboró una lista de 50 empresas que debían ser perseguidas y, en lo posible, aniquiladas, además de haber llevado adelante una sistemática persecución contra Cristina Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia.
En el marco de ese auténtico “hostigamiento fiscal”, la gestión de Juntos por el Cambio puso a trabajar equipos especiales a los que bautizaron con el siniestro nombre de “grupos de tareas”, ya que entraban de forma irregular al sistema para armar carpetas contra esos dirigentes y empresas, pasando por encima de las leyes y normas que rigen la actuación de la AFIP.
Según la versión que difundió el Gobierno, la cúpula de la AFIP liderada por Alberto Abad y Leandro Cuccioli –designados por Macri–, y de Mercedes Marcó del Pont y Carlos Castagneto –que los sucedieron durante la presidencia de Alberto Fernández–, fijó un sistema a partir de 2016 para “trabar” auditorías “sin razón formal” sobre contribuyentes, ya fueran personas o empresas, que fueran de “interés público”.
La versión se conoció horas después de que se revelara que el nuevo titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Vázquez, ascendió con su sola firma a su pareja, a la que otorgó un mejor cargo por el doble de su salario.
La operación lanzada por el Gobierno contradice, incluso, los registros judiciales de los últimos años. Desde el 2016, tanto la familia Kirchner como Cristóbal López y su socio en el Grupo Indalo, Fabián de Sousa, denunciaron por presunta persecución a los funcionarios de la AFIP durante el macrismo.
Sin embargo, las usinas libertarias aseguran que la AFIP protegía a las empresas de Lázaro Báez, otras constructoras que concretaron obras públicas, los hermanos Ciccone, dueños de la conocida imprenta; Cristina, Florencia y Máximo Kirchner, los hoteles de esa familia en las sociedades Hotesur y Los Sauces; Oil Combustibles, Electroingeniería y hasta Alejandro Vandenbroele que declaró contra el ex vicepresidente Amado Boudou.
Pero los hechos demostraron que ocurrió exactamente lo contrario: en 2020 se realizaron dos auditorías respecto de la actuación de la AFIP durante el macrismo, que naturalmente manejaba la agencia de recaudación en 2016 -cuando se armó la supuesta red de protección- y en todos esos años estuvieron a la cabeza Alberto Abad y Leandro Cuccioli, de extrema confianza del PRO. O sea, ni el kirchnerismo ni el peronismo pudieron haber armado nada en 2016. Y quien sí armó fue ese team Macri, pero no para proteger sino para perseguir a ese listado de empresas, dirigentes y empresarios.
A esta denuncia de la AFIP deben sumarse los elementos que fueron surgiendo con el correr del tiempo: la mesa judicial, que funcionó en la Casa Rosada, usó a la AFIP como instrumento de persecución, así como lo hizo con la SIDE (entonces se denominaba AFI, Agencia Federal de Inteligencia) y la trama de la justicia federal, con sede en Comodoro Py, que de inmediato armaba causas y expedientes.
Es evidente, entonces, que el listado de empresas que ahora dice haber descubierto ARCA, el nuevo nombre de la AFIP, fue para perseguir y no para proteger. De hecho, la ofensiva contra buena parte de los empresarios nombrados llevó a varios a la detención en el penal de Ezeiza. Y cuando se menciona que “la protección continuó” durante el gobierno de Alberto Fernández, la historia se derrumba por sí misma: las empresas, hostigadas durante el macrismo, prácticamente no funcionaban y la gran mayoría estaba intervenida por la justicia.
Mientras, el primer titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) durante la gestión de Cambiemos, Alberto Abad, rechazó hoy la denuncia pública del gobierno. Consideró que esa acusación resulta “un insulto” para quienes investigaron al kirchnerismo en circunstancias muy adversas.
“Es falso, absolutamente falso”, afirmó el ex funcionario, que planteó que regresó a la AFIP en diciembre de 2015 para revigorizar el organismo y corregir abusos que le endilgó a la gestión de su antecesor en el cargo, Ricardo Echegaray. Y agregó: “Tengo colaboradores que recibieron hasta seis denuncias penales por investigar a la familia Kirchner, a Cristóbal López o Lázaro Báez, entre otros, ¿y ahora resulta que en realidad los estábamos protegiendo a todos ellos?”, desafió.
Abad fue terminante contra las afirmaciones del Gobierno. “Son un insulto a quienes trabajamos cuando había que trabajar e investigamos lo que había que investigar, yendo a fondo, pero sin quebrantar la ley, aunque ahora nos quieran adjudicar que ‘protegimos’ a tal o cual”.
Por su parte, María Eugenia Talerico, ex directiva de la Unidad de Información Financiera (UIF) durante el macrismo, acusó al asesor presidencial Santiago Caputo de armar “un montaje muy peligroso” en organismos de control, servicios de inteligencia y el Poder Judicial para usar información sensible para razones “non sanctas”.
A su juicio, Santiago Caputo “está creando un entorno que no es sano para la Argentina” desde el punto de vista institucional. “Están haciendo un montaje muy peligroso en materia de inteligencia, de justicia y de manipulación de los organismos de investigación. Y aunque nunca trabajó en la AFIP, aclaró: “Jamás armé una lista de protección de kirchneristas, sino que los denuncié”.