Como pasó en 2024, Javier Milei no contará con un Presupuesto con su sello, pero eso no le impidió armar un esquema para mover partidas presupuestarias para este año. Después de todo, ya cuenta con un croquis con nombres propios, pedidos precisos de parte de algunos ministerios y objetivos muy bien delimitados.
Para el Gobierno, el hecho de no contar con un Presupuesto propio, producto de la falta de acuerdos con los gobernadores y la oposición dialoguista, no representa un inconveniente, sino todo lo contrario: es la posibilidad de seguir adelante con el ajuste puro y duro que comenzó en el Estado a partir de la llegada de Milei a la presidencia hace algo más de un año.
En ese marco, el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo, uno de los funcionarios que más banca el presidente, será el encargado de reasignar fondos para los ministerios con un criterio que ya conoce el gabinete: todo movimiento de dinero va estar en línea con lo que se estableció en el fallido proyecto de ley de Presupuesto 2025.
Este año no habrá ingresos por el impuesto País, pero el titular de Hacienda avisó que se va a mantener el equilibrio fiscal, el control monetario, apuesta a cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y “recapitalizar” el Banco Central para salir del cepo cambiario, aunque todavía no se anima a dar una fecha precisa.
Desde el ministerio de Economía reconocen que el hecho de tener un presupuesto elaborado hace dos años permitirá mover partidas con la libertad de hacer lo que se le ocurra. Hay dos características acordes a las premisas libertarias, además: la inflación está en descenso, por lo cual las discusiones paritarias con los sindicatos estatales no significarán un problema, incluso imaginan acuerdos de suba de remuneraciones de largo plazo. Y cada cartera, a lo largo de 2024, ya se encargó de realizar un ajuste importante, por lo cual los reclamos presupuestarios no serán onerosos.
De todas maneras, hay dos carteras que necesitan plata para arrancar el año: una es Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, quien requiere recursos para sostener los programas sociales que durante el año pasado sirvieron para que el humor de los sectores más vulnerables no se recaliente.
Un dato: hay solo dos programas que dependen de la cartera que no pasaron por la motosierra a lo largo de los últimos doce meses. Uno, es el denominado Mil días de la Anses, que tiene como objetivo la atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia.
Y por otro lado están las Asignaciones Familiares, cuyo presupuesto creció 5% en términos reales y pasó de tener $ 1.570 mil millones en 2023 para terminar el año con $ 5.674 mil millones. En la secretaría de Educación, ya saben que deberán afrontar reclamos por parte del Consejo Interuniversitario Nacional, que pide 7,6 billones para sostener las facultades este año, y solicitaron refuerzos de dinero. La Conadu, uno de los principales sindicatos que nuclea a los docentes universitarios, anticipa que luego del 20 de enero se comenzará a definir un plan de acción si no hay respuestas a sus demandas salariales.
En tanto, Seguridad, al mando de Patricia Bullrich, es otro ministerio que necesita dinero para renovar flotas de vehículos, comprar municiones y, además, tiene la intención de ampliar los penales de Marcos Paz y Ezeiza, algo que demandaría al menos $ 67 mil millones. Del otro lado, figuran carteras que tienen números en orden, como Salud, de Mario Lugones, quien aplicó un plan de reducción de su estructura gracias a la eliminación de secretarías, subsecretarías y sumó una fuerte desfinanciación de programas de todo tipo. Por ejemplo, PAMI finalizó 2024 con un recorte del 62% interanual.
En Cancillería, de Gerardo Werthein, todavía tiene pendientes recortes de todo tipo y color. Un ítem a ajustar es el sueldo de los diplomáticos, pero no es el único: mientras Milei combate a la Agenda 2030 y ya brindó su visión en foros de organismos internacionales, el Estado les dio a distintos organismos la suma de $ 145 mil millones.
Hasta el momento, solo existe un inconveniente en los ministerios con la prórroga presupuestaria: se traban designaciones y contrataciones porque necesitan la autorización formal de las partidas, algo que ya está empezando a generar pedidos a Economía por parte de las carteras.