Mientras el oficialismo en el Congreso negocia voluntades para avanzar con el temario propuesto en sesiones extraordinarias, el Gobierno ya tiene en carpeta una serie de proyectos que intentará aprobar durante el período ordinario, entre ellos, la modificación del Código Procesal Penal que podría presentarse el 1 de marzo en la apertura del año legislativo: endurecimiento de penas, perpetua de cumplimiento efectivo, eliminación de la figura de femicidio y cárceles privadas, son algunos de los puntos de la iniciativa.
Cerca de Javier Milei consideran que en el último tiempo la legislación penal vigente “fue muy condescendiente con los victimarios”, por lo que el objetivo apunta a reformar el sistema actual para agravar los castigos. “Queremos un sistema penal más punitivo que castigue más a los delincuentes y al mismo tiempo se puedan reinsertar más a la sociedad aquellos que estén presos”, plantean.
Uno de los aspectos que está bajo análisis es modificar la aplicación de la cadena perpetua. Actualmente, en Argentina representa un tiempo máximo de pena de 35 años, con excepción de casos aislados. “Se está analizando legalmente que la cadena perpetua sea perpetua y no que puedan salir por distintos motivos de las cárceles”, señalaron desde el Gobierno.
Respecto a la figura de “femicidio”, actualmente vigente en el sistema acusatorio, los libertarios plantean su eliminación. El agravante por vínculo se mantendrá, pero se removerá la figura que contempla penas más duras cuando el crimen esté relacionado a cuestiones de género. “Poner (a una ley) el título de entidad de género es muy noble, pero por debajo de eso es siniestra”, sostienen en la Casa Rosada.
Las reformas del Código Penal -que ya tuvo 900 modificaciones desde su sanción en 1921- y del Código Procesal Penal habían sido una promesa de campaña del presidente. El Gobierno creó una comisión de especialistas que redactó el anteproyecto que aún no fue enviado al Congreso y que podría presentar Milei el próximo 1 de marzo.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, explicó el avance de la iniciativa que busca confrontar con el supuesto garantismo con el que el Gobierno quiere vincular a la oposición.
“Estoy trabajando en una reforma al Código Penal para que haya penas más duras. Robos con armas, homicidios, jueces que cometen cohecho con casos de narcotráfico, corrupción, incendio, vamos por una pena que no sea excarcelable, un mínimo de cuatro años”, resumió el funcionario.
En la Rosada piensan en modificaciones en el sistema penitenciario que durante esta gestión pasó por primera vez a depender del ministerio de Seguridad. “Queremos un sistema penal más punitivo que castigue más a los delincuentes y que al mismo tiempo se puedan reinsertar más a la sociedad aquellos que estén presos”, enfatizan desde la cartera de Justicia.
Ponen como ejemplo la construcción de dos cárceles de gestión privada, cuya puesta en marcha fue anunciada por Patricia Bullrich en 2024. “Es necesario mayor infraestructura, leyes adecuadas y, por último, la reinserción de los presos en la sociedad”, consignaron en el entorno del triángulo de hierro presidencial.
Según consignaron en Seguridad oportunamente, el proceso de resocialización de los internos también quedaría bajo supervisión privada, y el Estado solo debería pagar un canon por cada recluso.