El juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, dictó una medida cautelar interina que ordena al Gobierno y al Banco Nación abstenerse de cualquier acción tendiente a implementar el decreto que transformaba a la entidad en una sociedad anónima. Además, exigió que en un plazo de cinco días presenten un informe que justifique el interés público comprometido en la toma de esta decisión, en respuesta a la solicitud de medida cautelar presentada el 20 de febrero de 2025.
Ramos Padilla argumentó en su fallo que el Banco de la Nación Argentina es una entidad autárquica cuya creación y posible modificación corresponden exclusivamente al Congreso Nacional. Por lo tanto, cualquier cambio en su estatus jurídico solo puede ser decidido por el Poder Legislativo.
Antes de su viaje a Estados Unidos, el presidente Javier Milei firmó el decreto 116/2025, que establecía la conversión del Banco Nación en una sociedad anónima. Según el texto del decreto, el Estado mantendría la titularidad del 99,9% del capital social, mientras que el 0,1% restante quedaría en manos de la Fundación Banco de la Nación Argentina.
Esta medida judicial se enmarca en una causa iniciada el 11 de junio de 2024, en la que se solicitó declarar la nulidad e inconstitucionalidad de la Resolución Privativa del Directorio del BNA Nº 348, así como de cualquier acto que promoviera la privatización de la entidad.
Cabe recordar que el 25 de septiembre de 2024, Ramos Padilla ya había determinado que el DNU 70/23 y la resolución 348 del Directorio del BNA no autorizaban la modificación de la situación jurídica del banco. En aquel fallo, el magistrado sostuvo que cualquier cambio de este tipo debía realizarse mediante una ley formal sancionada por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo.
En su fallo más reciente, Ramos Padilla recordó que el 19 de febrero de 2025 se dictó el decreto 116/2025, que ordenaba la transformación del Banco Nación en una sociedad anónima bajo la Ley N° 21.526. Dicho decreto instruía al Directorio a tomar las medidas necesarias para inscribir la nueva figura jurídica en la Inspección General de Justicia (IGJ), entre otros trámites.
El 20 de febrero, con el expediente aún en la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata (que todavía no resolvió “el fondo del asunto”), se presentó la solicitud urgente de una medida cautelar para frenar la transformación del banco.
El juez accedió hoy a esa petición, aunque advirtió que su marco de actuación es limitado y que la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata será la que tenga la última palabra sobre la validez del decreto. En su fallo, reiteró que la modificación de la situación jurídica del Banco Nación solo puede realizarse mediante una ley aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo.
Este fallo representa un nuevo revés judicial para la administración de Milei y refuerza la postura de que cualquier intento de privatización de una entidad clave como el Banco Nación debe pasar por el Congreso.