En medio del escándalo internacional por la estafa con criptomonedas, el presidente Javier Milei decidió, una vez más, eludir la Constitución Nacional y nombró a dos jueces en la Corte Suprema “en comisión”, evitando la intervención del Senado, que exige una mayoría especial de dos tercios para aprobar estos cargos.
El mandatario designó a Ariel Lijo, juez cuestionado por su accionar en la causa contra el exvicepresidente Amado Boudou, y a Manuel García-Mansilla, un jurista vinculado al Opus Dei, para que integren la Corte por un año. La decisión, impulsada por el llamado “triángulo de hierro” conformado por su hermana Karina Milei y el asesor Santiago Caputo, responde a la necesidad de contar con jueces afines en el máximo tribunal mientras el gobierno enfrenta el escándalo cripto y mantiene congelado el dólar hasta las elecciones.
Milei busca que los jueces asuman el 1° de marzo, durante la Asamblea Legislativa, pero el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, deberá decidir si les toma juramento. De hacerlo, abriría un conflicto institucional con el Senado y, además, podría perder su mayoría dentro del tribunal, ya que los nuevos jueces serían aliados de su principal adversario interno, Ricardo Lorenzetti.
Rechazo generalizado desde la oposición y el ámbito jurídico
Desde Unión por la Patria, que cuenta con 34 de los 72 senadores y tiene la llave para aprobar o bloquear las nominaciones, difundieron un comunicado con duras críticas: “El interbloque de senadores y senadoras nacionales de Unión por la Patria rechaza de forma categórica la designación de Lijo y García-Mansilla ‘en comisión’ y por decreto, por tratarse de una maniobra que viola de manera tajante lo dispuesto por la Constitución Nacional y la normativa vigente”.
El presidente de la UCR y senador, Martín Lousteau, fue aún más duro: “Una vez más, Milei muestra el desprecio que tiene por la Constitución y su devoción por la mentira como método. Lo vemos todos los días. La primera fue con el DNU 70, que tiene tanta inconstitucionalidad como cómplices. Pero son muchos los que dicen una cosa y después avalan otra. Hablan de República, de transparencia, y después votan en contra de una comisión investigadora”.
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) calificaron la decisión de inconstitucional y su directora ejecutiva, Paula Litvachky, adelantó que no descartan acudir a la Justicia junto a otras organizaciones civiles.
El constitucionalista Andrés Gil Domínguez sostuvo que el decreto presidencial es “un acto nulo de nulidad absoluta”, ya que no cumple con los requisitos constitucionales. En la misma línea, el excamarista federal y actual presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), Ricardo Gil Lavedra, lo calificó como “un retroceso institucional que afecta seriamente la independencia judicial”.
Desde la Coalición Cívica ARI, su líder Elisa Carrió denunció la designación de Lijo como un escándalo: “Desde el punto de vista institucional y republicano, es un verdadero horror. En cuanto a Lijo, es un escándalo de corrupción de magnitud nacional e internacional”.
El diputado Fernando Carbajal, de Democracia para Siempre, fue aún más lapidario en su cuenta de X: “Coherencia total de Milei. Un juez a la medida de un presidente que dedica los viernes a la noche a organizar estafas internacionales. Son lo mismo. Sin calidad institucional no hay futuro”.
Por su parte, la abogada y militante feminista Elizabeth Gómez Alcorta comparó la medida con una monarquía: “Después de más de 200 años de vida en nuestra república, hoy se constituyó la monarquía: jefatura y representación suprema del Estado ejercidas por una persona a título de rey y/o reina”.
Milei gobierna por decreto, sin presupuesto y ahora avanza sobre el poder judicial. Ya es hora que la oposición intervenga.