En medio de la polémica por la designación por decreto como juez “en comisión” hasta diciembre de este año, y sin ni siquiera dictamen de comisión en el Senado, Manuel García Mansilla juró este jueves como nuevo integrante de la Corte Suprema.
Tras una reunión entre Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, se consideró que están “cumplidas todas las formalidades correspondientes” por lo que se decidió tomarle juramento a García Mansilla, lo que ocurrió pasado el mediodía en el Palacio de Tribunales.
No deja de resultar llamativo que la decisión inicial de los cortesanos y la jura de García Mansilla se llevaron a cabo en absoluto secreto, y recién salieron a la luz pública una vez que se llevaron a cabo, lo que deja en evidencia la fragilidad institucional de la situación. También trascendió más tarde que estuvo presente el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, mano derecha de Santiago Caputo.
Además, los cortesanos definieron que en la próxima reunión de Acuerdo, prevista para el jueves 6 de marzo, se tratará la solicitud de licencia extraordinaria de Ariel Lijo como juez federal de primera instancia. En el caso de avalar la licencia, se procederá también a su juramento.
A diferencia de Lijo, García Mansilla no tenía dictamen de comisión en el Senado, por lo que su pliego estaba mucho más lejos de tratarse. Además, la posibilidad de que consiga los dos tercios también es más lejana que la de Lijo, que tiene apoyo de varios senadores peronistas.
De esta manera, con el juramento de García-Mansilla la Corte vuelve a contar con cuatro integrantes, número que había perdido al finalizar diciembre último, cuando se jubiló Juan Carlos Maqueda, dejando al tribunal con solo tres miembros.
Su nombramiento, junto al de Lijo, es caracterizado por distintos sectores políticos como inconstitucional, inclusive el propio Mansilla tan solo cinco meses atrás en su audiencia ante el Senado dijo que si bien creía constitucionalmente válido el mecanismo del artículo 99.19 (el artículo que usa Milei para nombrar por decreto), él no lo aceptaría ya que “son decisiones que erosionan y deslegitiman a la Corte”.
El nuevo juez del llamado máximo tribunal de justicia es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, una institución fuertemente ligada al Opus Dei.
Sin lugar a dudas, la elección de Milei se debe a criterios políticos e ideológicos: García Mansilla es un académico antiderechos, y un abogado de carrera defensor de empresas extractivistas.
García Mansilla expuso en julio de 2018 en contra del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) durante el debate en el Congreso. “El derecho a la vida desde la concepción está reconocido en normas de máxima jerarquía en nuestro país; el aborto, en cambio, es un delito que tiene algunas causales de no punibilidad previstas en el Código Penal”, dijo en aquel momento.
En tanto, su especialización en Derecho Constitucional, Oil & Gas y Derecho Empresario, junto a su trayectoria en la negociación de contratos de hidrocarburos, le valieron el puesto de director ejecutivo de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) en 2014, y actualmente continúa siendo directivo de ese organismo.
Entre otros casos, asesoró la negociación y obtención de la extensión por 10 años de una concesión de explotación de hidrocarburos y una concesión de explotación no convencional de hidrocarburos por 35 años en la provincia de Salta. También fue integrante del equipo a cargo de la negociación, redacción de documentos y obtención de la extensión de 20 concesiones de explotación de hidrocarburos en la provincia de Santa Cruz.
Entre múltiples rechazos, institutos y organizaciones cuestionaron sus posiciones respecto a la jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos y sobre la constitucionalidad del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
Mientras, el oficialismo apostará ahora a que los pliegos no lleguen a debatirse en el recinto del Senado, algo que algunos senadores quieren que suceda en la segunda semana de marzo.
Mientras tanto, comenzará una pelea judicial para determinar la validez del decreto de Milei. El ex juez Juan Carlos Maqueda sostuvo en las últimas horas que la medida “está al borde de la inconstitucionalidad”, y este mismo jueves el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez había presentado un planteo de nulidad del decreto, y pedido a la Corte que evite tomarles juramento a Lijo y García Mansilla.
Así, la decisión de la Corte representa un fuerte espaldarazo a la estrategia política de Milei, y sienta un precedente muy serio: los futuros presidentes podrán nombrar cortesanos por decreto simple, únicamente esperando al receso del Congreso, sin cumplir con lo que establece la Constitución en su artículo 99 inciso 4 respecto a la necesidad de acuerdo del Senado con dos tercios de los votos.