El próximo jueves, el Senado sesionará para tratar los pliegos de los jueces Manuel García- Mansilla y Ariel Lijo, que fueron nombrados ministros de la Corte Suprema por decreto del presidente Javier Milei. Sin embargo, el Gobierno no tiene los votos para aprobar esas designaciones, por lo que se encamina, de no mediar alguna acción que la evite, a sufrir una dura derrota política.
A la luz de lo que sería un seguro traspié para la gestión libertaria, en despachos de la Cámara alta con comunicación aceitada con la Casa Rosada se empezaron a barajar la semana pasada alternativas para evitar que se concrete la sesión: el fracaso por falta de quorum o la postergación de la convocatoria son las posibilidades que se barajan. Hay una tercera, por el momento descartada, que es que el Poder Ejecutivo pida el retiro de los pliegos.
La opción de patear la sesión para una fecha posterior fue explorada por el peronista correntino Carlos Espínola, presidente del bloque Las Provincias Unidas que mantiene línea directa con el asesor presidencial Santiago Caputo, quien se la hizo llegar a la vicepresidenta Victoria Villarruel. La respuesta de la titular del Senado fue que esa no es una decisión que pueda tomar por iniciativa propia, y que debe mediar un pedido de varias bancadas para poder darle curso.
Cuando faltan solo tres días para la sesión, la nominación de Lijo cuenta con al menos unos 30 votos en contra. El caso de García-Mansilla es todavía peor, ya que toda la bancada peronista de Unión por la Patria, 34 senadores, está dispuesta a rechazar su designación. Además, sumaría un par de votos más de otros bloques.
Para darle acuerdo a un juez de la Corte, la Constitución exige el apoyo de los dos tercios de los presentes. Por lo tanto, alcanza con que 25 senadores -el tercio más uno del total de los 72 miembros del Senado-, vote en contra para frustrar cualquier candidatura.
A la veintena de senadores kirchneristas habría que sumarle al menos tres radicales que ya hicieron pública su oposición a la nominación del juez federal. Ellos son Pablo Blanco (Tierra del Fuego), Carolina Losada (Santa Fe) y Martín Lousteau (Capital).
Pro aportaría otros cuatro votos en contra: Alfredo De Angeli (Entre Ríos), Martín Goerling (Misiones), Luis Juez (Córdoba) y Guadalupe Tagliaferri (Capital). También adelantó su rechazo la cordobesa Carmen Alvarez Rivero, aunque su alineamiento con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que defendió públicamente a Lijo, tal vez la lleve a cambiar de idea o, al menos, a sumarse a la estrategia de no dar quorum.
Así se alcanzarían los 30 votos en contra del juez federal, al que se podría sumar el de la cordobesa Alejandra Vigo, del bloque Las Provincias Unidas. La esposa del exgobernador Juan Schiaretti rechazó de manera pública la designación de jueces por decreto, y por lo tanto votaría en contra de los dos pliegos.
En el caso de García-Mansilla, a los 34 senadores de Unión por la Patria debería sumarse Lousteau y Tagliaferri, que impulsaron la aprobación del dictamen del catedrático en la Comisión de Acuerdos con el fin de poder facilitar su tratamiento en el recinto con el fin de rechazarlo por haberse prestado a una jugada que la senadora porteña calificó de “al filo de la Constitución” para sortear el veredicto de la Cámara alta.
Mientras, esta mañana Carlos Beraldi, el abogado defensor de Cristina Kirchner, confirmó que los senadores peronistas votarán en contra del pliego para la Corte Suprema de Manuel García-Mansilla, a quien la ex presidenta recusó esta mañana, cuando presentó en el máximo tribunal el último recurso que le queda contra la sentencia dictada en su contra por el caso Vialidad.
El letrado sostuvo que García-Mansilla, al estar nombrado en comisión, “no tiene la estabilidad” necesaria para resolver en un caso así, en el que Javier Milei dijo que Cristina Kirchner debe estar presa. Beraldi agregó, además: “Es un hecho público y notorio que el Partido Justicialista, a través de sus senadores, se va a oponer a que prospere el pliego [de García-Mansilla] en el Senado de la Nación. Es notorio entonces que este juez no puede intervenir en este proceso”.