La letra chica del convenio con Argentina por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), que tanto celebra el gobierno de Javier Milei, además del desembolso de 20 mil millones de dólares, incluye una batería de condiciones. Entre los requisitos, el organismo financiero exige la necesidad de reformas estructurales para “fortalecer el ancla fiscal”.
Los datos aparecen reflejados en el texto del acuerdo y confirmado desde el Fondo a través de un comunicado oficial.
Si bien el FMI volvió a elogiar el rumbo económico de la administración libertaria, marcó que todavía existe un extenso abanico de reformas pendientes.
Entre las condiciones estructurales que dispone el programa se destacan las reformas laboral, impositiva y previsional, además de un nuevo esquema de coparticipación, y el fin de los subsidios en las tarifas de luz y gas a los hogares de clase media.
El Gobierno definirá antes de fin de año un nuevo esquema de subsidios para las tarifas de electricidad y gas natural, con el objetivo de acelerar el recorte del gasto público y avanzar en la desregulación del sistema energético. La intención es reemplazar la actual segmentación por ingresos en tres niveles por una única asistencia destinada exclusivamente a hogares vulnerables, según surge del nuevo acuerdo con el Fondo.
El nuevo sistema excluirá a cerca de 3 millones de usuarios de clase media en el caso de la luz, y también a parte de los incluidos en el universo vulnerable que, por falta de acreditación, quedarían fuera del beneficio. Son lo que comenzarán a pagar más cara la energía que consuman. Desde el área energética reconocen que el Estado no cuenta con información suficiente y que el cruce de datos resulta muy complejo, especialmente en los casos de beneficiarios no registrados formalmente.
La eliminación del actual esquema también es clave para cumplir otra meta establecida en el acuerdo con el FMI: avanzar en la reforma del mercado mayorista de electricidad para noviembre de 2025, con el objetivo de mejorar la competencia y aliviar la presión sobre la cadena de pagos del sector energético.
“El programa se centra en fortalecer la calidad y la sostenibilidad del ancla fiscal. Esto se sustentará en una disciplina continua del gasto, medidas de eficiencia y reformas bien secuenciadas de los sistemas tributario, de coparticipación de ingresos y de pensiones”, señala uno de los párrafos del comunicado.
El FMI aseguró que el plan apunta a “desarrollar el potencial de la Argentina” y puso un acento especial en las áreas de energía y minería, lo cual es toda una señal de por dónde el consenso internacional ve el progreso del país.
Según la letra del acuerdo, el Gobierno se comprometió a “fortalecer la flexibilidad del mercado laboral y de productos, y abrir gradualmente la economía. Además, también avanzará en el proceso de regulación”.
A partir de las características del programa los objetivos económicos más importantes y que se evaluarán con mayor rigor en cada revisión serán la meta de déficit fiscal y la de acumulación de reservas.
Respecto a la meta de déficit el Gobierno anunció que la elevó a 1,6% del PIB desde el 1,3% previsto. Esta decisión está vinculada con la crisis financiera que se desató en los últimos días lo cual puede afectar el flujo comercial. Por otro lado, las turbulencias en los mercados pueden demorar más de lo previsto el regreso de la Argentina al mercado de capitales. Otro de los efectos buscados con este acuerdo es una baja sustantiva del riesgo país –actualmente en la zona de 900 puntos- para “refinanciar los próximos vencimientos”.