Luego de que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, rechazara el fallo de la jueza de Nueva York, Loretta Preska, contra el Estado Nacional por YPF, y dejara entrever que el presidente Javier Milei tiene vínculos con el fondo buitre Burford —que busca avasallar la soberanía argentina—, el presidente finalmente presentó un escrito ante la magistrada solicitando la suspensión del fallo hasta que sea revisado por una cámara superior, donde el gobierno apelará la cuestión de fondo.
“Se pide que suspenda su decisión, hasta tanto se revise su decisión”, remarcaron en el texto, donde argumentan que la magistrada se excedió en su jurisdicción y que no existe posibilidad material de expropiar las acciones.
Además, señalaron que toda decisión relacionada con la expropiación de la petrolera debe estar sujeta a la votación del Congreso Nacional y obtener una mayoría especial de dos tercios. “Esto no es un juicio comercial entre dos empresas, es un caso que involucra a un Estado soberano y su ordenamiento legal interno”, agregaron en el escrito.
Ayer, en conferencia de prensa, Kicillof responsabilizó a Milei “de cualquier decisión que ponga en riesgo la soberanía energética. Lo que tendría que hacer el Presidente es defender a YPF, pero sabemos que entró como un topo a destruir el Estado y estas son las baterías de decisiones que ponen en riesgo el futuro de la Argentina. Es gravísimo, y a YPF hay que defenderla: YPF no se vende, y menos se entrega o se regala.”
En la extensa conferencia, señaló: “Lo que estamos discutiendo hoy, en torno a un fallo en primera instancia de tribunales de Nueva York, es si tiene más valor el estatuto de una empresa privada o nuestras leyes”. Y agregó: “Es un disparate jurídico y un verdadero escándalo que una jueza extranjera resuelva que nuestra Constitución no vale nada. Se convierte así en una agresión a la soberanía argentina”.
“Es muy grave que el presidente Javier Milei, a pesar de afirmar que va a apelar la sentencia, intente echarnos la culpa a nosotros por conveniencia política: es peligroso, porque contradice al cuerpo de abogados del Estado y pone en riesgo el interés nacional”, aseguró el Gobernador.
En ese contexto, Kicillof subrayó que “la decisión de recuperar YPF fue tomada en 2012 a partir de las facultades que la Constitución Nacional le otorga al Poder Ejecutivo y al Congreso. La Ley de Expropiación fue votada por una amplísima mayoría de representantes de todos los partidos”. Y recordó: “Fue después de que la gestión de Repsol redujera drásticamente su capacidad de producción de gas y petróleo, así como sus reservas de hidrocarburos, haciendo que nuestro país perdiera en 2011 el autoabastecimiento energético”.
“Fue en ese marco que se decidió expropiarla: sin YPF no había Vaca Muerta, y sin Vaca Muerta no había recuperación de la producción de hidrocarburos en la Argentina”, remarcó Kicillof. Y explicó: “Desde que el Estado recuperó el control de YPF, no solo se recuperó la producción de petróleo y gas, sino que en 2024 el superávit energético alcanzó los 5.696 millones de dólares, llegando casi a los niveles de 2006”.
“Es por todo esto que, desde el punto de vista de nuestra fuerza política y desde la provincia de Buenos Aires, reafirmamos una vez más que YPF no se vende, y menos todavía, se entrega o se regala”, concluyó Kicillof.