La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en conjunto con la jueza Sandra Arroyo Salgado, trabaja en una estrategia jurídica para declarar como “grupo terrorista” a la organización La Cámpora. En ese marco, ya se habrían producido detenciones ilegales de militantes acusados de haber escrachado al diputado José Luis Espert, dejando excremento en la puerta de su domicilio.
El hecho, que en principio sería una simple contravención, se encuentra bajo secreto de sumario, pero los detenidos fueron incomunicados y Alesia Abaigar trasladada a la cárcel de Ezeiza. Los demás detenidos son la concejala Eva Mieri, Iván Díaz, Aldana Sabrina Muzzio, y Candelaria Montes Cató. Todos permanecen incomunicados, únicamente por su condición de militantes peronistas.
Para Bullrich, si el plan tiene éxito contra La Cámpora, el siguiente paso sería avanzar sobre el peronismo en su conjunto. Estamos, advierten desde distintos sectores, ante una reedición del Plan CONINTES.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner alertó ayer: “Argentina vive una auténtica deriva autoritaria de la mano del gobierno de Milei, lo que podemos identificar como terrorismo de Estado de baja intensidad”.
Y agregó: “Ayer mismo vimos cómo Bullrich hizo detener a varias compañeras, todas ellas mujeres, jóvenes y militantes. Lo hizo a pedido de José Luis Espert, para quien sus opositores solo merecen cárcel o bala. Lo mismo ocurrió el pasado 18 de junio, cuando identificaban y hostigaban a las personas que se movilizaban hacia Plaza de Mayo”
Cristina también denunció que “Bullrich ahora quiere que la Policía Federal pueda vigilar lo que la gente publica en redes sociales sin orden judicial, además de detenciones preventivas sin que exista delito alguno. ¿Te quejás de cómo va el país? ¿Te burlás del oficialismo en redes? Entonces, tal vez, la policía toque tu puerta. Ya lo vemos en otros países, y parece que también lo quieren importar aquí. Esta es la deriva autoritaria. Esto es el Terrorismo de Estado de baja intensidad. Están convirtiendo al país en un experimento continental”.
Por su parte, el gobernador Axel Kicillof aseguró que las detenciones contra militantes peronistas “forman parte de la misma persecución política que condenó a Cristina” y exigió “la inmediata liberación de todos los detenidos”. “Hay un desenfreno autoritario que se combate, pero hay que frenarlo con el voto”, agregó.
El antecedente: el verdadero Plan CONINTES
Han pasado 67 años desde que el Estado argentino desplegó por primera vez el Plan CONINTES (Conmoción Interna del Estado), una herramienta represiva que militarizó la seguridad interna, persiguió a militantes y gremialistas, y aplicó justicia militar contra civiles.
El presidente Arturo Frondizi, electo en 1958 tras un acuerdo secreto con Perón, nunca cumplió su promesa de levantar la proscripción al justicialismo. Solo permitió el regreso de la CGT, lo que provocó el quiebre del pacto. No solo abandonó su programa desarrollista, sino que nombró al ultraliberal Álvaro Alsogaray como ministro de Economía, quien devaluó la moneda y firmó acuerdos petroleros con empresas estadounidenses. Su famosa frase fue: “Hay que pasar el invierno”.
La reacción obrera no se hizo esperar: huelgas masivas, toma de fábricas y movilizaciones estudiantiles en defensa de la universidad pública. Ante ese escenario, el gobierno decretó el estado de sitio y lanzó el Plan CONINTES, que militarizó el país y autorizó detenciones indiscriminadas.
Entre 1959 y 1961, más de 3.500 personas fueron detenidas sin juicio, juzgadas por tribunales militares y muchas terminaron en la cárcel de Ushuaia, que había sido cerrada durante el peronismo.
Uno de los momentos más icónicos de resistencia fue en enero de 1959, cuando el pueblo se movilizó contra la privatización del frigorífico Lisandro de la Torre, en Mataderos.
El plan oficialmente terminó en agosto de 1961, pero la represión continuó, especialmente contra el peronismo, al que John William Cooke definió como “el hecho maldito del país burgués”.
Karl Marx escribió que la historia se repite dos veces: “Primero como tragedia, luego como farsa”. Hoy, la tragedia del Plan CONINTES parece retornar en versión siglo XXI, bajo la excusa de perseguir delitos menores pero con un claro objetivo político: disciplinar, proscribir y amedrentar al peronismo.