La oposición logró revertir el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad y, en un hecho histórico, consiguió sancionar la norma con 63 votos a favor y apenas 7 en contra en el Senado. La medida trae alivio a millones de familias que tienen un integrante con discapacidad y que sufrieron los recortes del Gobierno.
No solo el peronismo cuestionó la decisión oficial. Diversos sectores denunciaron que los recortes en pensiones y prestaciones iban en paralelo con el desvío de fondos a negocios turbios que involucran a funcionarios del Gobierno, incluida la hermana del presidente Javier Milei.
“Quieren establecer un estado de sospecha para todos los discapacitados. Si una pensión es trucha, entonces todas son truchas. Es un plan siniestro: hicieron que no solo las personas con discapacidad, sino también sus familias, sean tratadas como sospechosas”, denunció la senadora Juliana Di Tullio.
El encargado de cerrar el debate fue José Mayans, quien ya desde temprano se movía con confianza al saber que tenía más de 60 votos asegurados. El clima en el Senado oscilaba entre la calma y la euforia: la derrota del Gobierno era inevitable y se vivía como un anticipo de lo que podría venir. “El Gobierno está implosionando”, deslizó una senadora cristinista antes de la votación.
Mayans apuntó con dureza a la corrupción del oficialismo y citó la Biblia: “No hay nada que esté oculto que no sea descubierto”. También arremetió contra legisladoras del PRO, como María Eugenia Vidal, a quienes acusó de haber hecho campaña “en defensa de discapacitados y jubilados” pero de abstenerse a la hora de votar. El senador Francisco Paoltroni intentó interrumpirlo, pero Mayans lo cortó de inmediato: “Cállese, maleducado. Hijo de Milei”.
Qué establece la Ley de Emergencia en Discapacidad
- Declara la emergencia hasta diciembre de 2027.
- Regulariza pagos a prestadores y actualiza aranceles.
- Reforma el sistema de pensiones no contributivas.
- Actualiza prestaciones por inflación (congeladas desde el año pasado).
- Mejora la base de datos de la ANDIS y ordena auditorías.
- Obliga al Poder Ejecutivo a informar públicamente la ejecución presupuestaria.
- Refuerza la certificación de discapacidad en todas sus dimensiones.
- Asigna fondos específicos para talleres protegidos y centros de día.
- Ratifica el cupo laboral del 4% en el Estado para personas con discapacidad.
Hoy, en la Argentina, hay cerca de 5 millones de personas con certificado de discapacidad —el 16% de la población—. De ellas, un millón recibe pensiones contributivas, aunque ya se registran 60.000 bajas, muchas por falta de notificación.
La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el impacto fiscal de la ley será de entre el 0,22% y el 0,42% del PBI.
Antes del Senado, la Cámara de Diputados había rechazado el veto de Milei con 172 votos a favor, 73 en contra y 2 abstenciones, allanando el camino para que la norma se convirtiera automáticamente en ley.
El presidente Milei ya anticipó que intentará judicializar la medida, aunque dentro del propio “círculo rojo” varios sectores le pidieron no seguir acumulando derrotas políticas.
El intento de Milei por vetar la ley terminó en una derrota política contundente. La Emergencia en Discapacidad ya es ley y representa un alivio para millones de argentinos. El mensaje del Congreso fue claro: ni el ajuste ni la crueldad pueden pasar por encima de los derechos de las personas con discapacidad.