El Gobierno y la Justicia PRO atraviesan horas de extrema tensión por los pedidos de indagatoria del fiscal Picardi, que confirmó la existencia de una trama de corrupción brutal en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La investigación involucra directamente a la hermana del presidente Javier Milei y revela maniobras para apropiarse de fondos destinados a personas con discapacidad. A esto se suma el demoledor informe final de la Comisión $LIBRA, que expone una de las estafas financieras más graves protagonizadas por un presidente en ejercicio.
Pero los escándalos no terminan ahí. En las últimas horas se encontraron más de 700.000 dólares en la vivienda de una funcionaria del Ministerio de Economía, en un episodio que recordó inevitablemente a los famosos bolsos de José López. En paralelo, la oposición avanza para bloquear la asunción en el Senado de Lorena Villaverde, quien fue detenida años atrás en Estados Unidos cuando intentaba ingresar medio kilo de cocaína.
Frente a este escenario crítico, la orden que salió desde la Casa Rosada hacia “Comodoro PRO” fue directa y contundente: avanzar de inmediato con la ejecución de las propiedades de Cristina Fernández de Kirchner y de sus hijos Máximo y Florencia. “Que queden en la calle”, exigieron, y reclamaron que el tema fuera tapa de diarios y portales aliados para tapar el estallido del escándalo cripto.
La Comisión LIBRA presentó su informe final
La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados que analizó el colapso de la criptomoneda $LIBRA presentó su informe final, un documento cercano a las 200 páginas que resume meses de testimonios, análisis técnicos, revisión de transacciones en blockchain y pedidos de información a organismos del Estado. Las conclusiones no dejan margen a la ambigüedad: Javier Milei y parte de su entorno “prestaron una colaboración imprescindible” para que la maniobra se concretara.
Todo comenzó el 14 de febrero, cuando Milei promocionó desde su cuenta oficial de X la criptomoneda $LIBRA. El efecto fue inmediato: miles de usuarios compraron el token, que subió de manera explosiva y luego se desplomó, dejando pérdidas millonarias y consolidando un patrón típico de estafa financiera.
La magnitud del episodio llevó a Diputados a crear la Comisión LIBRA para determinar responsabilidades políticas e institucionales.
El rol del Presidente y su entorno
Según el informe, Milei tuvo una participación “central y estratégica”. La difusión del token desde su cuenta verificada —y desde la legitimidad que le otorga ser presidente— generó el volumen inicial necesario para que un grupo reducido de operadores obtuviera ganancias extraordinarias.
La comisión subraya que Milei no consultó a ningún organismo de control, como la Comisión Nacional de Valores, antes de promocionar un activo financiero riesgoso. Ese accionar, remarcan los legisladores, podría violar la Ley de Ética Pública, ya que se usó una plataforma oficial para impulsar un proyecto privado sin transparencia.
El informe también apunta a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, por facilitar reuniones entre los promotores del token y figuras cercanas al Gobierno, algunas de ellas vinculadas previamente a otros esquemas similares.
Las pruebas: trazabilidad y flujos financieros
El análisis técnico expone un movimiento altamente sospechoso:
- Más de 140.000 billeteras operaron con $LIBRA.
- 36 billeteras obtuvieron ganancias superiores al millón de dólares.
- Se detectaron movimientos coordinados y ajenos al comportamiento de un mercado libre, configurando una maniobra de “pump and dump”.
Asimismo, se documentaron transferencias entre empresarios, intermediarios y organizadores de eventos del ecosistema cripto. La comisión concluye que estos movimientos revelan un patrón destinado a monetizar la imagen presidencial.
La comisión denunció que funcionarios del Ejecutivo y del Poder Judicial no respondieron pedidos de información ni asistieron a las citaciones, lo cual será elevado a la Justicia por posible incumplimiento de deberes.
Otro punto crítico fue la opacidad del smart contract de $LIBRA, que no estaba disponible públicamente cuando Milei lo promocionó, dejando a los usuarios sin información esencial sobre el activo.
El informe final recomienda que el Congreso evalúe si Milei incurrió en mal desempeño, una figura que podría habilitar un proceso de juicio político. El documento ya fue remitido al juzgado federal que investiga la causa penal.
Para la comisión, lo ocurrido con $LIBRA no fue un caso aislado, sino parte de una serie de episodios donde Milei participó en la promoción de criptomonedas o plataformas privadas sin controles ni transparencia.
Mientras el oficialismo denuncia persecución política, la oposición reclama avanzar con las responsabilidades institucionales. En el medio, miles de damnificados siguen exigiendo respuestas por la pérdida de sus ahorros, en un caso que ya se posiciona como uno de los escándalos más graves del actual gobierno.
El problema ya no es el dólar, ni la inflación, ni la política. El problema es que el Gobierno parece haber cruzado todas las líneas. Y el informe LIBRA más el escándalo en las coimas con los discapacitados es apenas el comienzo.