El gobierno de Javier Milei pondrá en marcha a partir del próximo año un nuevo esquema de subsidios energéticos. A partir del 1ro. de enero de 2026, se establecerá un régimen único y simplificado para los consumos de energía, que en la práctica implicará la quita de las subvenciones para una porción importante de los hogares y un fuerte incremento en las tarifas de luz, gas natural, garrafas y gas propano por redes.
De esta manera, se eliminará la segmentación por niveles de ingresos (altos, medios y bajos): solo existirán dos categorías de usuarios, quiénes recibirán subsidios y quiénes no. Por otra parte, las bonificaciones no se aplicarán de manera uniforme todo el año, sino únicamente en los meses de mayor consumo energético.
La Secretaría de Energía publicó hoy en el Boletín Oficial la resolución con los lineamientos del nuevo sistema de Subsidio Energético Focalizado (SEF), al tiempo que abrió una consulta pública que se extenderá durante 15 días hábiles.
Este nuevo régimen implicará aumentos de tarifas en algunos casos —según el tipo de usuario y la época del año— y la pérdida de la bonificación para 140.000 familias de ingresos medios.
La principal novedad es la eliminación de la segmentación por niveles N1, N2 y N3, así como la supresión de esquemas específicos como el Programa Hogar y la Tarifa Social de Gas. En su lugar, el Ejecutivo define apenas dos categorías: hogares con subsidio y hogares sin subsidio, cuya clasificación dependerá de la evaluación de ingresos, patrimonio y condición socioeconómica del grupo familiar.
Bajo este nuevo sistema, la asistencia se acotará a aquellos hogares con ingresos menores a tres Canastas Básicas Totales, un tope que se traduce en $ 3.641.397. Si bien el gobierno asegura que quienes ya están inscriptos en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no deberán realizar un nuevo trámite (sus datos serán migrados automáticamente), la redefinición de parámetros amenaza con dejar afuera a miles de familias que antes contaban con algún nivel de asistencia.
Además, se incorporan al régimen unificado 3.364.065 usuarios que antes recibían el Programa Hogar, quedando ahora sujetos a las reglas de elegibilidad más estrictas.
El diseño del nuevo régimen evidencia una clara intención de concentrar la ayuda en los meses de mayor demanda, a costa de desproteger a los usuarios durante el resto del año:
– En electricidad, los hogares que califiquen tendrán una bonificación base del 50% durante todo el año, aplicada sobre un bloque de 300 kWh mensuales en los meses de mayor demanda y de 150 kWh en los meses templados.
– Para el gas por redes, el subsidio del 50% se concentrará entre abril y septiembre, período de mayor consumo. Esto implica que, en los meses de bajo consumo (primavera-verano), no habrá subsidio base. Por su parte, los volúmenes de consumo subsidiado de gas natural se mantienen, ya que los bloques base vigentes contemplan las necesidades estacionales de cada región.
El gobierno ha incluido una bonificación adicional y transitoria del 25% solo en enero de 2026 para ambos servicios (llevando el subsidio total al 75% en electricidad y al 25% en gas por ser mes de verano). Sin embargo, este componente extraordinario se irá reduciendo mes a mes hasta desaparecer por completo en diciembre de 2026, confirmando la tendencia a la baja de la ayuda estatal.
Desde el Ministerio de Economía, la justificación para este giro de timón se centra en una supuesta “corrección de irregularidades”. Según los datos oficiales, la revisión del sistema permitió detectar situaciones anómalas, aunque los números levantan serias dudas sobre la focalización previa del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE):
– 2.590.000 millones de usuarios habrían recibido subsidios de ingresos bajos sin cumplir los requisitos.
– Se detectaron 370.000 solicitudes a nombre de personas fallecidas.
– Se localizaron 15.518 hogares ubicados en countries y clubes de campo que accedían a la asistencia destinada a bajos ingresos.
Si bien la detección de fraude es una tarea necesaria, el uso de estas cifras como principal argumento para desmantelar un sistema de protección social y reemplazarlo por uno de cobertura significativamente menor sugiere una prioridad del ajuste fiscal por encima de la protección de los sectores vulnerables que sí cumplen los requisitos.