Javier Milei dio un nuevo paso en la concentración de poder y el endurecimiento del aparato estatal. A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno modificó la Ley de Inteligencia Nacional y avanzó en una profunda reestructuración de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), otorgándole mayores facultades operativas, de control y de acción, sin pasar por el Congreso.
El decreto, firmado el 31 de diciembre por el Presidente y todo su gabinete, consolida a la SIDE como autoridad central del sistema de inteligencia, amplía su margen de actuación y refuerza el carácter encubierto de todas sus actividades. El texto sostiene que estas tareas deben mantenerse en reserva para “minimizar el Riesgo Estratégico Nacional”, una formulación amplia que, según sectores de la oposición, abre la puerta al espionaje interno y al control político.
Desde el peronismo y organizaciones gremiales advirtieron que la medida busca disciplinar a la oposición política y sindical y reclamaron una sesión urgente del Congreso para rechazar el DNU y frenar lo que consideran una deriva autoritaria.
Más poder, menos control
El decreto habilita a los organismos de inteligencia a proporcionar su propia seguridad, proteger instalaciones, bienes, personal y operaciones, e incluso a “repeler o hacer cesar agresiones” que los pongan en riesgo. La redacción ambigua encendió las alarmas: ¿quién define qué es una agresión?, ¿bajo qué controles?, ¿con qué límites?
En paralelo, el Gobierno profundizó los cambios iniciados en 2024 con el Decreto 614/24 y cerró la etapa de transición interna en la SIDE. Santiago Caputo retiene el control político del corazón del sistema y ratifica a Cristian Auguadra como jefe del organismo, tras la salida de Sergio Neiffert, consolidando un esquema de conducción alineado con el círculo íntimo del Presidente.
La reestructuración también incluye cambios de fondo en la arquitectura interna:
- La Agencia de Seguridad Nacional (ASN) pasa a llamarse Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC), con foco exclusivo en espionaje, sabotaje e injerencia extranjera.
- La División de Asuntos Internos es reemplazada por la Inspectoría General de Inteligencia (IGI), que amplía sus atribuciones en auditorías, investigaciones internas y control presupuestario.
El tablero digital y la disputa de poder
En el plano digital, el DNU separa formalmente ciberinteligencia y ciberseguridad. La SIDE conserva la producción de inteligencia estratégica mediante la nueva Agencia Federal de Ciberinteligencia (AFC), mientras que el flamante Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC) queda bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete.
Esta división no es técnica, sino política: la AFC responde al esquema de Caputo, mientras que el CNC se convierte en una nueva caja de poder para el entorno de Karina Milei, con incidencia directa en el control de datos sensibles, infraestructura crítica y cooperación internacional.
El decreto establece que las tareas de contrainteligencia incluyen prevenir infiltraciones, espionaje, “influencia” o “interferencia” de actores estatales y no estatales que afecten el proceso decisorio del sistema republicano. Y agrega que las medidas de seguridad deberán adoptarse en todo el Sector Público Nacional, bajo responsabilidad de cada funcionario. Traducido: el control se extiende a todo el Estado.
Milei ya no se conforma con ajustar salarios, jubilaciones y derechos: ahora ajusta la democracia por decreto. Con una SIDE fortalecida, controles difusos y espionaje blindado bajo el rótulo de “riesgo estratégico”, el Presidente parece más cerca del vigilante que del liberal que prometía menos Estado. Como en premiada película La vida de los otros, el poder escucha, observa y clasifica. La pregunta es quién controla al que espía… y quién será el próximo en la mira.