El Gobierno nacional enfrenta múltiples críticas por su DNU que redefine el rol de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) que, entre otras cuestiones, habilita a los agentes a aprehender personas que estén cometiendo delitos en flagrancia.
Así se repitieron en los últimos días las acusaciones vaticinando una suerte de “policía secreta”, con posibles persecuciones a opositores, pero ante ese coro de cuestionamientos, la administración libertaria contestó que trabaja en “un protocolo para regular las detenciones” que harán los agentes de inteligencia.
En tanto, el peronismo activó los primeros movimientos para voltear el DNU, aunque todavía no tenga claro cómo ni cuándo concretarlo. Una diputada precisó que el Congreso “puede tratar de oficio el decreto”, una vez que pasen los 10 días hábiles desde que la Jefatura de Gabinete envíe el decreto al parlamento, aunque Martín Menem y Victoria Villarruel no hayan conformado las comisiones correspondientes para emitir dictamen.
En concreto, el decreto 941 autoriza a los agentes de la SIDE detener personas “en el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia”, con la condición de brindar “aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes”.
Sin embargo, no hubo precisiones sobre esos “delitos de flagrancia” y entonces, para tratar de acotar las críticas que vinculan el DNU con los intentos del acallar o ‘disciplinar’ a sectores críticos, desde el Ejecutivo se repitió que “el protocolo buscará establecer con la mayor precisión posible bajo qué circunstancias puntuales los agentes van a estar habilitados para aprehender personas”, además de especificar “qué personal estará afectado a dichas tareas de inteligencia”.
El DNU coloca las actividades de la SIDE, cuyo control político en los hechos está en manos del asesor presidencial Santiago Caputo, aunque no figure de manera formal en el organigrama, bajo el control de la nueva Inspectoría General de Inteligencia (IGI), que reemplazará a la División de Asuntos Internos.
El decreto también define la creación de la Comunidad de Inteligencia Nacional (CITN), que integrará todos los organismos de fuerzas de seguridad, inteligencia, UIF y Fuerzas Armadas, cuyo trabajo será funcionar como un ámbito de producción y coordinación de inteligencia; y la Comunidad Informativa Nacional (CIFN), que incluirá organismos civiles y ministerios con el fin de sumar información de importancia estratégica, pero sin realizar labores específicas de inteligencia.
El Gobierno además remarcó que “todas las actividades que se realizan en el ámbito de la Inteligencia Nacional revestirán carácter encubierto en virtud de su sensibilidad, con el fin de minimizar el Riesgo Estratégico Nacional”. El decreto finalmente advierte que está prohibido realizar tareas de espionaje por razones políticas, ideológicas o religiosas; o ejercer presión sobre medios de comunicación, partidos políticos o la opinión pública.
Rechazo opositor
Desde la bancada peronista, el diputado Germán Martínez presentó una nota formal dirigida a Menem para que constituya la Comisión Bicameral de Inteligencia y la de Trámite Legislativo, que es la que puede dictaminar a favor o en contra del DNU 941/25, que es el que convierte al organismo que preside Cristian Aguadra en una “policía secreta” y habilita la persecución y el espionaje total de la ciudadanía. “Ambas comisiones deben abocarse al inmediato tratamiento del decreto”, dijo el santafecino.
La jugada del jefe de la bancada peronista es un paso obvio pero crucial para lo que pueda suceder en los próximos días. Si el riojano se niega a conformar las comisiones después de ese reclamo de Martínez, que se suma al del interbloque de Provincias Unidas, podría quedar a tiro de una denuncia por incumplimiento de deberes.
Mientras, el diputado de Fuerza Patria y ex ministro de Defensa, Jorge Taiana, alertó que el resultado de la implementación de ese decreto tendrá como consecuencia un “Estado policial que recortará varios derechos y perseguirá y controlará a opositores”.
En el caso de las Fuerzas Armadas advierte que se “autonomizan la inteligencia del control civil por parte del ministerio de Defensa” lo que señaló que es una “vieja aspiración de la corporación” militar. Además, indica que esa autonomización implicará subordinar la inteligencia militar al área de seguridad. “Se avanza así en el objetivo de transformar las fuerzas armadas en una Guardia Nacional, como impulsan desde hace años desde el Comando Sur”, remarcó.
En tanto, en un comunicado conjunto, los diputados del bloque de Provincias Unidas, Coalición Cívica y Encuentro Federal rechazaron el DNU que modifica la Ley de Inteligencia. “No vamos a convalidar, por acción ni por omisión, un esquema de inteligencia más opaco, más concentrado y menos controlado”, tuitearon en X.
Por su parte, un grupo de legisladores peronistas presentaron un proyecto de resolución para rechazar el decreto bajo el argumento de que “introduce una alteración sustancial del sistema democrático al otorgar a la SIDE facultades coercitivas incompatibles con el orden constitucional y el principio republicano de división de poderes”. La iniciativa fue presentada por la diputada Lorena Pokoik, junto a los diputados Eduardo Valdés, Santiago Cafiero, Roxana Monzón, Nancy Sand, Pablo Todero, Andrea Freites, Hilda Aguirre, Ana María Ianni, Sabrina Selva, Martín Aveiro, Jorge Araujo y Carlos Cisneros, entre otros.
El más duro fue el entrerriano Guillermo Michel, que habría mantenido un fuerte contrapunto con Martínez. El ex titular de la Aduana cuestionó que “ante un DNU de implicancias tan sustanciales el bloque del PJ solo presente una nota formal pidiendo la conformación de las bicamerales, sin antes llamar a una discusión política en el bloque, presencial o zoom”. “Perdimos, como bloque, la oportunidad de hacer política de manera institucional”, le habrían escuchado decir.
Más allá del vértigo, el reglamento de la ley 26122, la que impulsó Cristina Kirchner en 2005 y que el Senado no pudo modificar en 2025 después de la media sanción de Diputados, habilita a las dos cámaras a tratar un decreto después de los 10 días de su llegada al Congreso. En este caso, Manuel Adorni debería remitir el DNU al parlamento, como máximo, al cumplirse 10 días de su publicación en Boletín Oficial.
De hecho, el artículo 18 de aquella ley prescribe que la Bicameral trate el DNU de oficio si el Jefe de Gabinete no manda el decreto dentro del plazo estipulado. Los integrantes de la comisión de DNU tendrán, a partir de ese momento, otros 10 días para dictaminar.
En tanto, el artículo 20 de esa norma establece que “vencido ese plazo sin que la Comisión Bicameral Permanente haya elevado el correspondiente despacho, las Cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto”. A eso se refirió el ex ministro de Defensa y ex titular de la AFI, Agustín Rossi, cuando admitió que “se está conversando con los bloques para poder llevarlo al recinto, pero eso tiene plazos legales”.