En el marco de la discusión por la modificatoria de la Ley de Glaciares impulsada por el Gobierno Nacional, las provincias debatieron el tema en el ámbito del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA). Entre votos negativos, abstenciones y ausencias, la iniciativa no obtuvo el respaldo del Consejo.
En la reunión del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), representantes de las provincias argentinas analizaron la propuesta de modificación de la Ley de Glaciares que el Gobierno Nacional prevé tratar este jueves en el Senado de la Nación. Durante el encuentro, la Provincia de Buenos Aires expresó su posición en contra del proyecto por considerar que implica un retroceso en materia de protección ambiental.
En representación de la Provincia, la subsecretaria de Política Ambiental del Ministerio de Ambiente bonaerense, Tamara Basteiro, sostuvo que “en términos jurídicos, este proyecto de ley es incompatible con el principio de no regresividad ambiental que está manifiesto en el Acuerdo de Escazú, un acuerdo internacional que nuestro país acompaña y avala. También vulnera el espíritu del artículo 41 de la Constitución Nacional”. Además, advirtió que “esta discusión se da en un escenario internacional de crisis climática, donde organismos como la ONU vienen alertando sobre el ritmo alarmante de retroceso de los glaciares”.
Por su parte, la ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires reafirmó que “la protección de los glaciares constituye una política estratégica para la preservación de los bienes comunes naturales y el acceso al agua, y que cualquier modificación normativa debe garantizar estándares ambientales más altos y no retroceder en los ya alcanzados”. “Argentina tiene la segunda reserva de agua dulce más grande de Latinoamérica, no podemos permitir esta flexibilización ambiental para que las empresas extranjeras la destruyan”, enfatizó.
Entre votos negativos, abstenciones y ausencias, el Gobierno Nacional no logró el apoyo del COFEMA para avanzar con la iniciativa, evidenciando la falta de consenso federal en torno a una reforma que debilita herramientas clave de protección ambiental. La Provincia de Buenos Aires fue la que impulsó mayoritariamente la postura en contra de la modificaroria y junto a otras provincias motorizaron la invitación a organizaciones ambientales y técnicos del IANIGLA a la discusión.