Pese a las protestas de trabajadores en las calles y a las advertencias de especialistas en derecho laboral, el Senado convirtió en ley la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. Para la oposición sindical y política, se trata de una transformación regresiva que limita derechos históricos y altera pilares del sistema de protección laboral argentino.
Horas antes, la Cámara alta también aprobó la reforma del régimen penal juvenil, que baja la edad de imputabilidad a los 14 años, en una jornada parlamentaria atravesada por tensión social dentro y fuera del Congreso.
La votación de la reforma laboral fue 42 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones. La Libertad Avanza consolidó el respaldo de sus aliados habituales: la Unión Cívica Radical, el PRO y bloques provinciales. Entre los peronistas disidentes hubo matices: los legisladores que responden al tucumano Osvaldo Jaldo acompañaron la iniciativa, mientras que los alineados con Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta) votaron en contra. Los santacruceños Natalia Gadano y José Carambia fueron los únicos en abstenerse.
El peronismo rechazó de plano la norma. El senador Mariano Recalde advirtió que la ley “modifica 28 leyes y deroga 11”, fue tratada de manera “exprés” y con cambios de último momento. Según sostuvo, el texto “viola principios constitucionales y tratados internacionales”, y anticipó una ola de judicialización.
En su intervención, también apuntó contra la narrativa oficial: “Milei dijo que no se pueden esperar resultados distintos con los mismos de siempre. Pero trajo de nuevo a Sturzenegger, a Bullrich, a Caputo. La historia es la misma. Veremos cuánto tarda la sociedad en darse cuenta”.
Qué cambia en la práctica
Diversos centros de estudio —entre ellos CEPA, CETyD (UNSAM), Fundación SES y otros espacios académicos— alertaron sobre impactos concretos en el mundo del trabajo.
Salarios y horas extra
Se crea el llamado “banco de horas”, que elimina el pago automático de horas extra y habilita esquemas de compensación flexible. Las jornadas podrán extenderse o reducirse mediante acuerdos individuales, debilitando la negociación colectiva. Además, desaparecen pisos salariales sectoriales, trasladando la discusión al nivel empresa por empresa.
Vacaciones
Podrán fraccionarse en períodos mínimos de siete días y ya no estarán necesariamente concentradas en temporada estival. El derecho al descanso en verano deja de ser una garantía anual.
Indemnizaciones
El cálculo excluye adicionales como bonos, premios y viáticos. En caso de litigio, el pago podrá realizarse en hasta 12 cuotas (18 en pymes). Se habilita además el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que reemplaza parcialmente el esquema tradicional.
Precarización contractual
Se amplían períodos de prueba y se reducen costos de despido en determinadas modalidades. En algunos casos se eliminan indemnizaciones para contratos a plazo fijo.
Restricciones al derecho a huelga
Se amplía la categoría de “servicios esenciales” (75% de cobertura obligatoria) y se crea la de “servicios trascendentales” (50%), limitando en la práctica la capacidad de paralización.
Sistema previsional y salud
Parte de las contribuciones patronales dejarán de destinarse al financiamiento de jubilaciones y obras sociales para nutrir el FAL, lo que abre interrogantes sobre la sustentabilidad futura del sistema solidario.
Fondo de Asistencia Laboral (FAL)
El artículo 58 crea el FAL, un esquema financiado con entre 1% y 2,5% de las contribuciones patronales, según el tamaño de la empresa. Se estima que podría recaudar entre 3.000 y 5.000 millones de dólares anuales.
El cambio estructural es profundo: el costo del despido deja de recaer exclusivamente en el empleador y se distribuye a través de un fondo colectivo alimentado por recursos que antes sostenían jubilaciones y salud. Para sus críticos, se trata de una “socialización del despido” que debilita la responsabilidad empresarial.
En 1894, Ernesto de la Cárcova pintó su obra más emblemática: Sin pan y sin trabajo, retratando la angustia obrera frente al cierre de las fábricas. Más de un siglo después, el título vuelve a resonar en la Argentina.
El oficialismo lo llama modernización. Sus detractores, retroceso histórico. Lo cierto es que, mientras el Congreso vota flexibilización, en la calle crecen los despidos y la incertidumbre. La historia argentina muestra que las reformas laborales pueden aprobarse con mayoría parlamentaria; lo que nunca es automático es la paz social. Y cuando el trabajo pierde derechos, la política empieza a perder estabilidad.