El Gobierno atraviesa uno de sus momentos más incómodos. Mientras la Justicia avanza sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con una imputación por presunto enriquecimiento ilícito, el presidente Javier Milei reaccionó con furia tras el fallo de la Justicia estadounidense que avaló la expropiación de YPF y dejó sin sustento años de discurso libertario.
Visiblemente alterado, Milei volvió a recurrir a los insultos contra Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador Axel Kicillof, pese a que la resolución judicial fue clara: un Estado soberano está por encima de los estatutos de una empresa privada. Durante años, el Presidente defendió la postura de los fondos buitre e incluso llegó a proponer una “tasa Kicillof” para afrontar un eventual fallo adverso que finalmente nunca ocurrió.
La realidad terminó siendo otra. La Justicia convalidó la estatización de YPF, una decisión que hoy aparece como clave para el desarrollo energético del país, particularmente a partir de Vaca Muerta. “La derecha nunca la habría nacionalizado. Trabajaron siempre para los buitres, pero paradójicamente hoy su modelo no colapsa por falta de dólares gracias a YPF. Milei se disfraza con el mameluco de YPF, pero nunca la defendió: actuó como empleado de intereses extranjeros”, sostuvo Kicillof, dejando en evidencia las contradicciones del oficialismo.
En paralelo, el frente judicial suma presión dentro del propio Gobierno. El fiscal Gerardo Pollicita impulsó la imputación de Manuel Adorni y ordenó una serie de medidas para investigar su patrimonio. La causa apunta a determinar si existió un incremento injustificado en sus bienes.
Entre las medidas solicitadas, se destacan pedidos de informes a registros de la propiedad en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad, así como a organismos nacionales. También se requirió información detallada sobre un inmueble en el country Indio Cuá Golf Club, incluyendo titularidad, condiciones legales y quién afronta los gastos. Además, se investigan propiedades vinculadas a Adorni y a Bettina Julieta Angeletti, junto con movimientos migratorios, financieros y laborales.
La investigación se encuentra en una etapa inicial, pero ya pone bajo la lupa la evolución patrimonial del funcionario en un contexto político cada vez más tenso.
A esto se suman otros focos de conflicto. La polémica por una presunta estafa cripto, en la que aparecen mencionados el Presidente y su entorno, y el registro de la marca “Milei” por parte de Karina Milei —que abarca desde merchandising hasta actividades políticas y comerciales— alimentan las críticas sobre un uso privado de la política.
Mientras tanto, la economía real sigue mostrando señales preocupantes: inflación persistente, caída del consumo y cierre de industrias en un contexto de apertura importadora. El contraste entre ese escenario y las polémicas del poder no pasa desapercibido.
Con un presidente cada vez más irritable, un funcionario clave imputado y un fallo internacional que desarma su relato, el gobierno de Milei empieza a mostrar grietas profundas. La promesa de terminar con los privilegios choca contra una realidad cargada de escándalos, negocios y contradicciones. Y mientras el discurso se desmorona, la pregunta crece en la calle: ¿era cambio… o simplemente otro modelo para unos pocos?