Más allá del escándalo por $LIBRA que salpica al presidente Javier Milei y a su hermana Karina —junto a los episodios que involucran a Manuel Adorni, el recorte a personas con discapacidad y los ataques a la prensa—, la bronca social tiene un origen mucho más profundo: el fracaso de la política económica. Las encuestas lo reflejan con crudeza: los principales problemas para la mayoría de los argentinos son la economía, los salarios bajos, la corrupción y el desempleo.
Los datos son elocuentes. Ocho de cada diez trabajadores formales no alcanzan a cubrir la canasta básica de un hogar promedio. Durante el último año, la brecha entre ingresos y costo de vida no hizo más que ampliarse. Con una canasta básica total que superó los $1.308.713 en diciembre, el panorama es alarmante: incluso con empleo registrado, amplios sectores quedan por debajo de la línea de pobreza. El ingreso promedio por persona ronda los $635.996, mientras que la mediana —más representativa de la realidad— cae a $450.000.
Este deterioro explica el desplome del consumo. Según la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia, el consumo total cayó un 9,5% interanual en febrero, acumulando diez meses consecutivos en baja. Pero el dato más preocupante no es solo la caída, sino cómo se sostiene el consumo: cada vez más con deuda. Mientras el gasto con tarjeta de crédito creció levemente (1,2%), el uso de dinero en cuenta se desplomó un 15,6%.
La economía cotidiana se financia a crédito. En el primer bimestre del año, las tarjetas ganaron cinco puntos de participación frente a 2025 y trece respecto a 2024. Es decir, se consume menos y se paga peor.
Además, el ajuste pega más fuerte en lo esencial. Alimentos, supermercados, salud, educación, servicios e impuestos registraron una caída del 11,2% interanual. El gasto en efectivo en estos rubros se derrumbó un 20,9%, mientras que las tarjetas crecieron un 17,3%. Traducido: las familias ya no llegan ni para lo básico sin endeudarse.
En salud y educación, el panorama es aún más inquietante: el 74% del gasto se hace con tarjeta. En servicios e impuestos, el 45%. La supervivencia diaria se volvió un plan de cuotas.
Pero hay un sector donde ni el crédito alcanza: los jubilados. Según la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, una pareja de adultos mayores necesitó en febrero $2.268.554 si alquila, y $1.548.360 si es propietaria. En contraste, la jubilación mínima —con bono incluido— apenas llegó a $429.254. Es decir, una pareja que alquila necesita más de cinco jubilaciones mínimas para cubrir sus gastos.
El ajuste en servicios básicos —vivienda, luz, gas, transporte— lidera las subas, mientras los medicamentos siguen encareciéndose: en febrero aumentaron un 2,7%, con picos del 5,5% en vitaminas. Para quienes dependen de ellos, no es un dato técnico: es una condena cotidiana.
La radiografía es clara: salarios que no alcanzan, consumo en caída libre, endeudamiento creciente y jubilados empujados a la indigencia. Mientras tanto, el gobierno insiste en celebrar variables macro que no llegan al bolsillo.
Podrán maquillar números, inventar enemigos o gritar “libertad” en cadena nacional, pero la economía real no se tuitea: se sufre. Y cuando el ajuste deja de ser una planilla y se convierte en hambre, deuda y desesperación, el relato empieza a hacer agua. Porque tarde o temprano, la cuenta no la paga el mercado: la paga la gente… y también la cobra.