El presidente Mauricio Macri, el joven que estudio en el colegio Cardenal Newman, se dio el gusto y oficializó este lunes el veto a la ley de emergencia ocupacional aprobada por el Congreso, que preveía la suspensión de despidos por 180 días y la doble indemnización, y volvió a advertir que “su aplicación congelará los empleos” e “incrementará la pobreza”.
Así lo hizo mediante el decreto 701/2016, publicado en el Boletín Oficial, acompañado de una extensa argumentación en la que se renuevan las críticas ya formuladas a la iniciativa presentada por el Frente para la Victoria y sancionada por la Cámara de Diputados el jueves pasado.
“Obsérvase en su totalidad el proyecto de ley registrado bajo el N° 27.251”, ordena la resolución, al tiempo que dispone que se lo devuelva al Congreso de la Nación.
Para explicar su rechazo la norma, el Poder Ejecutivo arranca sosteniendo “que uno de los grandes objetivos propuestos por el Gobierno es avanzar hacia la pobreza cero, y que para lograrlo se encuentra realizando acciones y políticas para crear millones de puestos de trabajo, a los fines de que la mayor cantidad posible de habitantes de la República Argentina tengan trabajo”.
En ese marco, añade que “ello incluye a los trabajadores registrados actuales -que son los que contempla la norma sancionada- pero también a los trabajadores informales, a los futuros trabajadores y a los miles de jóvenes que deberían ser incorporados al mercado de empleo”.
Asimismo, indica “que, por otro lado, la no diferenciación de la modalidad contractual que impone el artículo 2° del proyecto de ley sub examine importa desconocer las particularidades de los distintos tipos de contrataciones que se utilizan en las relaciones laborales, como por ejemplo las celebradas a plazo fijo, eventuales, por equipos, o las previstas para la industria de la construcción, entre otras, afectando los principios de igualdad y de razonabilidad”.
También, subraya que “el Gobierno está adoptando las medidas necesarias para generar confianza y que se concrete un período de expansión de la inversión y crecimiento económico y, por lo tanto, de generación de empleo genuino”.
Por otro lado, son una realidad los diversos planes en materia de obra pública, en sus diversas modalidades contractuales para generar las obras de infraestructura, ferrocarriles, rutas, puertos y energía que hacen falta en nuestro país, tanto en el ámbito nacional como provincial y municipal”, completa, y afirma que “ello se vincula además con la nueva situación de la República en lo que hace a sus relaciones con el mundo, su reinserción en el sistema financiero internacional y la normalización de las variables de su economía”.
En ese sentido, afirma que “dicha situación viene generando que tanto la Nación, como así también las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, puedan concretar diversas iniciativas, contando para ello con la opción de obtener diversas fuentes de financiamiento, tanto en el orden nacional como internacional”, y asevera que “igual situación se replica en el ámbito privado, donde también se manifiestan nuevos accesos al financiamiento y expansión de créditos”.
Por lo tanto, sostiene “que en lugar de mejorar las condiciones para generar nuevos empleos, el proyecto de ley que aquí se analiza importa una propuesta limitada, que no acompaña el contexto actual en el que la enorme mayoría de las empresas nacionales y extranjeras han manifestado su vocación de crear puestos de trabajo en lugar de reducir personal, porque confían en el potencial de la República Argentina en esta nueva etapa, y apuestan por el país”.
Al igual que como ya lo hicieron en declaraciones públicas el Presidente y distintos funcionarios, el decreto remarca que “contrariamente a lo fundamentado en la propuesta normativa bajo examen, su aplicación congelará los empleos, mantendrá en la misma situación a los miles de argentinos que hoy trabajan en la informalidad e incrementará la pobreza, como sucedió en los últimos años”.
También advierte que “el pesimismo y la desconfianza que fundamentan el proyecto en análisis se basa en la idea de que en nuestro país no se puede generar trabajo, de que estamos condenados a conformarnos con la situación crítica en la que nos dejaron luego de 5 años en los que el empleo no creció”.
En otro párrafo, recuerda que “respecto de las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan más de 70% del empleo privado en el país, se han propiciado una serie de medidas para reducir su carga fiscal y financiera”.